Centra parte de su investigación en el arma utilizada, que apareció manipulada y con una huella distinta a las de la víctima. Fuentes policiales insisten en que el fallecido se quitó la vida.
Para la jueza de instrucción 3 de Ourense, Eva Armesto, no están nada claras las causas que rodean la muerte del policía Celso Blanco (48 años), en su oficina de la Comisaría de As Lagoas, el 9 de abril de este año. Pese a que los mandos policiales , desde un primer momento,atribuyeron el fallecimiento a un suicidio, la magistrada que estaba de guardia ese día continúa investigando cómo murió el policía, supuestamente implicado en la sustracción de seis armas en 2014 y el envío de dos anónimos (a Asuntos Internos y a los medios de comunicación) dando cuenta de una supuesta trama de corrupción policial en la ciudad de Ourense.
Ocho meses después del fatídico suceso, la magistrada mantiene las diligencias secretas, el despacho de la quinta planta precintado y echa mano de los policías de la Comisaría General de Madrid en busca de pruebas con las que recomponer el puzle. El pasado mes cursó dos visitas casi seguidas a la comisaría. En una, interrogó a los agentes -oficina de denuncias, calabozos, seguridad...- que estaban en el edificio el sábado 9 de abril cuando Celso Blanco accedió a las instalaciones a primera hora de la tarde. Pero también requirió a la Policía Científica de la Comisaría General de Madrid para una inspección ocular en el despacho en el que apareció el agente muerto.
A nivel judicial, no policial, no está claro cómo murió Celso Blanco. El arma con la que supuestamente se quitó la vida, una HK que había sido robada en agosto de 2014, apareció manipulada a posteriori y los análisis encontraron una huella distinta a la del agente fallecido. Uno de los primeros policías en llegar al despacho y abrirlo (estaba cerrado por dentro) reconoció que cogió la pistola por motivos de seguridad, si bien en el cargador no había más balas y, por tanto, no entrañaba peligro. Este agente ya tuvo que testificar en dos ocasiones ante la instructora.
Asimismo, hubo imprecisiones en la trayectoria del disparo por lo que hubo que repetir la prueba.
A nivel oficial, se sigue sosteniendo que el agente fallecido se quitó al vida por la presión psicológica que sufría (ya se sabía desde que ordenador se habían enviado los anónimos) y se destaca el hecho de que ese mismo día envió correos y mensajes telefónicos autoinculpándose de los anónimos y de la sustracción de seis pistolas y revólveres en el armero de la comisaría. Tres de ellas, aparecieron: la que supuestamente utilizó para quitarse la vida y otras dos más que estaban en el despacho.
Aún con todo, hay compañeros que dudan de la capacidad de la víctima para generar las enrevesadas pruebas que se recogen en el anónimo remitido a Asuntos Internos y que sirvió de base para incriminar al antiguo grupo de drogas en la Operación Zamburiña.
Por el momento, según precisaron fuentes judiciales, que únicamente reconocen que se interrogó a testigos, no están previstas detenciones.
Tráfico de drogas y calumnias
La Audiencia de Ourense, acogiendo la solicitud de la fiscal del caso, ordenó investigar el patrimonio de los investigados en la operación Zamburiña, incluidos los cuatro policías procesados. El ministerio público pretende saber si los agentes obtuvieron beneficios económicos de los narcos implicados, a la postre, confidentes policiales (el anónimo así lo recoge), aunque la pruebas de Asuntos Internos no pudieron demostrarlo.
Los agentes siguen encartados en este sumario (una vez descartada su participación en el robo de armas) por el presunto trato de favor a determinados confidentes, favoreciendo el tráfico de drogas. Entre ellos, figura Josefa P. G., alias Pucha. Asuntos Internos halló 6,2 kilos de cocaína, heroína y hachís en tres viviendas.
La Zamburiña recayó en Instrucción 1, el juzgado que abrió las primeras diligencias por la desaparición de las armas en agosto de 2014.
En el Juzgado de Instrucción 2 está en trámite la denuncia policial por las injurias y calumnias recogidas en el anónimo enviado a la prensa en el que se alertaba de una trama decorrupción policial.
