El juez decano de Ourense urge un rápido acuerdo mientras alerta de que la situación "empieza a ser muy preocupante". La ciudad ya acumula 685 juicios y miles de notificaciones paradas . Las secuelas de este paro se extenderán durante meses.
La mesa del juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, está impoluta. Las montañas de expedientes ya son valle . "Aquí no se mueve un papel”, dice preocupado mirando el tablero. La huelga indefinida de los trabajadores de Xustiza que comenzó el pasado día 7 de febrero le ha liberado de un 85% del trabajo ordinario -seis de los siete funcionarios en Instrucción 1 secundan el paro- y eso, advierte, "es muy preocupante".
El togado confiesa que en todo este tiempo solo tomó declaración a un único investigado entre las causas asignadas a los huelguistas. Y, a modo de anécdota, comenta que ya no se lleva trabajo a casa, porque no tiene.
Pero lo que le ocurre a Álvarez no es una anécdota sino algo generalizado en todo el edificio judicial de O Couto, en donde el seguimiento del paro ha sido uno de los más elevados de toda Galicia. Una media del 88,88% para los sindicatos y del 43% para la Xunta.
Pero al margen de la guerra de cifras, nadie cuestiona que los juzgados ourensanos están paralizados. En efecto, llevará meses ponerse al día con los 685 juicios suspendidos -hasta este viernes- y 62 declaraciones en instrucción solo en el partido judicial de Ourense. Las notificaciones pendientes suman miles. Y sin visos de solución: cuando la huelga entra en su quinta semana, el acercamiento entre Xunta y sindicatos aún no se vislumbra, con un ciudadano expectante por todos los perjuicios acarreados.
Según calcula uno de los letrados de la administración de Justicia consultados por este diario (la organización de la oficina es una de sus responsabilidades), por cada semana de inactividad un juzgado puede tardar en torno a 20 o 30 días en ponerse al día.
En el limbo registral
Ante este panorama, conseguir una fe de vida para aminorar la factura de la luz (bono social) o renovar la pensión del extranjero puede exigir más de una visita al Registro Civil, aquilatado por unos servicios mínimos que solo atienden lo urgente, cuando los plazos están próximos. La inmensa mayoría de las 1.600 personas que acudieron al Registro Civil de la ciudad en estas últimas cuatro semanas deberá volver.
En estos momentos, hay acumuladas 25 inscripciones de fallecimiento sin tramitar (solo se dan licencias de enterramiento) y 28 nacimientos (se inscribe al recién nacido pero no se entrega el libro de familia).
Las defunciones en el cajón no solo complican las peticiones de últimas voluntades a la hora de heredar sino que a efectos administrativos y tributarios no constan en el listado de bajas (sus pensiones serán abonadas con normalidad). Es decir, los fallecidos estas últimas semanas continúan registrados como vivos.
Sin olvidar, las decenas de parejas que no pueden solicitar fecha para contraer matrimonio en sede judicial. También hay ocho audiencias reservadas (matrimonios con cónyuge extranjero) suspendidas.
Durante los 17 días hábiles de paro (hubo un festivo), los órganos de todas las jurisdicciones funcionan al ralentí. Aquellos que sufren una mayor saturación, los dos juzgados de lo penal, Instancia 6 (Familia) e Instancia 4 (Mercantil), seguirán engrosando las agendas.
Fuentes del Penal 1 no dudan en catalogar las consecuencias como "desastrosas". Y dan un dato: "Los servicios mínimos apenas cubren el 5% del trabajo diario de la oficina". Este juzgado se vio obligado a suspender desde el 7 de febrero 50 vistas. "La nueva citación será dentro de siete u ocho meses, con las consiguientes molestias e injerencias en los trabajos, ya que deben pedir la mañana, o quehaceres diarios de los afectados", explican.
Prescripción de delitos
Este juzgado tiene, a causa del paro, "600 ejecuciones sin mover". Una consecuencia grave, teniendo en cuenta que perjudica tanto a profesionales (abogados o procuradores) a la hora de facturar como a las víctimas. Estas no reciben las indemnizaciones fijadas en las sentencias. Pero, además, la prescripción de las penas por delitos leves (amenazas, injurias, coacciones...) no es baladí. Un fallo firme prescribe al año si no se ejecuta.
El juez decano considera que "urge un rápido acuerdo" cuando antes porque “la situación empieza a ser muy preocupante". Así lo valora desde el punto de vista de un juzgado de instrucción. "Los plazos de seis meses para instruir están muy pillados y nos puede obligar a declarar muchísimas causas complejas", explica.
Los procedimientos en trámite ya acumulan retrasos que llegan a a alcanzar los dos meses. "Desde que recibo una denuncia cito al investigado en el plazo de cuatro a seis semanas, con lo cual si suspendo esa declaración se pospone otro mes y medio o dos meses más", asegura Leonardo Álvarez a modo de ejemplo.
Los juzgados que más vistas ha suspendido hasta la fecha han sido los cuatro juzgados sociales. El número 4, por ejemplo, celebra una media de 26 vistas a la semana (los martes y jueves), y está aplazando casi todo. "No se están celebrando juicios por despidos, reclamaciones a la Seguridad Social, incapacidades... Las causas urgentes que sí se ven son por modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, conflictos colectivos o vulneración de derechos fundamentales ", explican desde este juzgado.
Muchos trabajadores están pendientes de esta huelga para poder cobrar la indemnización que le ha sido reconocida por el juez en el marco de un conflicto laboral, pero también hay ciudadanos que podrían pagar menos al banco porque su demanda por cláusulas suelo y gastos hipotecarios ha sido estimada. La jueza de Instancia 4 (Mercantil), Eva Martínez Gallego, tiene varios casos de estos últimos sin notificar.
Este último juzgado pospuso 57 vistas. En la agenda no tienen hueco hasta octubre. "El ciudadano que iba a tener un juicio en febrero de 2018 con una sentencia al mes siguiente se le va a retrasar ocho meses", explica la magistrada. En materia mercantil, "se demorarán la resoluciones de los concursos de acreedores vía convenio o liquidación.
Martínez recalca que los problemas no están "en el papel que no sale sino en el que entra y está parado". Su juzgado tiene 470 escritos (recursos de apelación, contestaciones de demandas...) aherrojados por la huelga.
Descuentos
Los efectos negativos también han llegado para los propios huelguistas con el cobro de la última nómina, con un descuento medio de 400 euros. Según cifra Nuria Fornos, de Alternativas na Xustiza- CUT, en Ourense están perdiendo entre 62 y 75 euros al día. En la provincia, calculan que los afectados son unos 165 trabajadores.
