El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, confía en que se subsanen los "errores" durante la tramitación parlamentaria.
Las críticas contra el anteproyecto de ley que pretende suprimir los partidos judiciales y, con ello, cerrar las actuales sedes en las comarcas, se suceden, tanto en el ámbito de la política, sin distinción de partidos, como en el de los profesionales. Ayer mismo, el presidente de la Diputación, el popular Manuel Baltar, mostró su rechazo a esa propuesta en un acto en la Facultad de Derecho del Campus y apeló a la propia tramitación parlamentaria "para subsanar ciertos defectos o cierta crítica" que haya suscitado. Baltar compartió plenamente el discurso del decano del Colegio de Abogados, Arturo González, en ese acto, al precisar que no se ha tenido en cuenta la opinión de los colectivos afectados, además de "alejar la justicia de los ciudadanos" y de no precisar todavía qué sucederá con los funcionarios y estructuras que están desempeñando en la actualidad en las localidades cuyo partido judicial será suprimido.
Además, Baltar precisó posteriormente que "no hay criterio económico que sustituya una necesidad social en un elemento básico de nuestro sistema, como es la justicia".
En las comarcas
María Jesús Bóo, procuradora y portavoz socialista en el Concello de Celanova, criticaba duramente la medida del gobierno del PP que “económicamente, va a suponer muy poco ahorro” porque el volumen de trabajo no va a disminuir. Bóo Montes apuntó que la “judicialmente es una aberración, pero para el equilibrio territorial, económicamente y para la igualdad de los ciudadanos es demoledor” y enfatizó que “villas como Celanova o Bande solo tienen razón de ser por los servicios que dan y, dentro de ellos los más importantes son los que prestan la administración. ”.
Los profesionales de la justicia de la comarca fueron de los pocos en manifestarse y protestar por el anteproyecto y, además, el grupo municipal socialista presentó dos mociones contra la reforma judicial que contaron con el respaldo unánime de la Corporación.
El alcalde actual, José Luis Ferro Iglesias, que refrendó la moción de los socialistas, reiteró ayer su rechazo a la supresión de los partidos judiciales. “Económicamente crearía un prexuicio enorme posto que é unha actividade que xenera moito movemento nas vila. Eu non sei si queren desmantelarnos”, enfatizó Ferro,
El alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco, apoya la posibilidad de crear un frente común por parte de los concellos afectados por esta reforma, "venga de donde venga que cuenten conmigo porque esto lo que supone es restar más competencias a los ayuntamientos, dejando morir el medio rural que cada vez está más deprimido". Blanco también añadía que "perdemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos, hacemos que la justicia se aleje de los ciudadanos".
También ayer el grupo municipal del BNG de Ribadavia divulgaba ayer un comunicado en el que criticaba el anteproyecto de ley porque, entre otras consecuenicas, "encarecerá a xustiza ao ser menos accesible e próxima". Asimismo, la diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, presentaba una proposición no de ley en la Cámara, instando a retirar la propuesta de modificación de la Demarcación de Planta para establecer un partido judicial único por provincia. Según Davila, de aplicarse la reforma en esta línea "las consecuencias serían muy perjudiciales apra la ciudadanía: alejamiento de la justicia, encarecimiento e inaccesibilidad a un servicio público básico".
Compromiso por Galicia hizo ayer un llamamiento a partidos, sindicatos, asociaciones de profesionales de la Justicia y colectivos vecinales "a facer unha fronte común" contra esta ley, pues considera que esta decisión supondrá "un afastamento da xustiza do cidadán, un maior colapso nos xulgados, ademáis de importantes repercusión económicas para as vilas da provincia".
