La Xunta exige que contraten primero a los alumnos para después dar la subvención y los alcaldes temen entrar en ilegalidades
Los concellos de la provincia temen no poder acceder al programa de formación dual -contrato de trabajo a media jonada más formación educativa- para el que la Xunta cuenta con 4,1 millones de euros, y que tiene por objetivo ofrecer una vía de inserción laboral para mayores de 16 años y menores de 30, en paro y sin titulación. El pasado verano, el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, se reunió con los alcaldes para darles a conocer que este programa, destinado en un primer momento a las empresas, se abría ahora a los concellos.
"La idea nos parece muy interesante, pero la consideramos de imposible cumplimiento", señala el alcalde de Amoeiro, Rafael Villarino. El regidor apunta que uno de los problemas con los que se encuentra esta iniciativa, según la cual, la Xunta aportaba el dinero correspondiente a la carga educativa de esa formación dual, además de parte del salario, encargándose del resto del coste el concello, es "la posible ilegalidad en la que podemos incurrir", ya que, si finalmente no se recibe la subvención, las cuentas tendrían un agujero económico sin justificr.
Villarino explica que "la Xunta exige que formalicemos los contratos antes de mandarnos la subvención y nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos partida presupuestaria destinada a este efecto", razón por la cual, secretarios e interventores de varios municipios tendrían que vetar la iniciativa por posible ilegalidad.
De hecho, el Concello de Amoeiro elaboró un proyecto para optar a estas ayudas para la formación e inserción de jóvenes en riesgo de exclusión, en colaboración con otros municipios de la mancomunidad, con un módulo de albañilería, forestal y electricidad, que incluía a cinco jóvenes de Coles, tres de A Peroxa, cuatro de Amoeiro, uno de Piñor y otro de Vilamarín; "incluso enviamos los precontratos a la Xunta, para ver si así podíamos lograr la subvención sin entrar en ilegalidades, pero se nos dijo que eran imprescindibles los contratos firmados", señala Rafael Villarino.
Manuel Rodríguez, alcalde de Coles, uno de los municipios que entraba en dicho proyecto, apunta que, "aparte del problema de no contar con partida presupuestaria para esos contratos, está la Ley Montoro, que prohíbe a los concellos realizar contrataciones, salvo en casos muy específicos", entre los que no se contemplaba el de la formación dual.
El alcalde de Amoeiro se entrevistó hace pocos días con la subdirectora xeral de Formación para o Emprego, María Jesús Budiño, para expresarle la preocupación por este problema, reafirmándose la representante de la Xunta en la necesidad de los contratos previos, aunque explicó que "non se trata dunha orde de concurrencia competitiva, polo que serán atendidas todas aquelas solicitudes presentadas en prazo". Un plazo que se ha ampliado hasta el próximo 15 de noviembre.
Avelino García, regidor de A Rúa, reconoce que "nosotros valoramos optar a estas ayudas junto con otros concellos, pero, primero, vimos que el presupuesto se nos disparaba y era inasumible, y además había posibles ilegalidades por la prohibición de contratar" de la Ley Montoro.
También desechó la posibilidad el alcalde de Allariz, Francisco García, aunque en este caso porque, "no contábamos con suficientes jóvenes con ese perfil que exigía la orden".
Desde la Delegación de la Xunta en Ourense dicen desconocer estos problemas para optar a las ayudas del programa de formación y aseguran que las solicitudes "van a buen ritmo", aunque señalan que "no podemos decir cuántas hay hasta que finalice el plazo".
Con respecto a esa exigencia de presentación previa de los contratos, aseguran que "en realidad, los concellos pueden obtener la subvención, simplemente con la firma del acuerdo formativo".
Esa parte formativa debe realizarla un centro homologado, como es el caso del Grupo Academia Postal. Francisco Nóvoa, presidente del grupo, confirma que "hay un problema, expresado por varios alcaldes, debido a la condición contemplada en la orden de firmar los contratos para optar a la subvención", una condición que puede hacer perder estas ayudas de formación a varios municipios ourensanos.
