En la ciudad se suspendieron 35 vistas y sólo celebró el Juzgado de Instancia 3, sin funcionaria de auxilio
Pese a que diciembre es un periodo complicado para el bolsillo y enero tiene cuesta, trabajadores de la Administración de Justicia secundaron masivamente en la ciudad la segunda jornada de huelga en lo que va de mes. "Cobraré unos 160 euros menos pero, en mi caso, prefiero renunciar a cenas navideñas u otros gastos que permitir que nos sigan machacando", aseguraba ayer una funcionaria de la Fiscalía, quien resalta que su poder adquisitivo ha ido en picado desde 2008.
Los funcionarios adscritos a las oficinas judiciales de las instalaciones de O Couto hicieron valer ayer sus reivindicaciones de mejoras salariales e igualdad de condiciones con respecto a otras autonomías con un seguimiento masivo del paro, cifrado en el 95,62%, el porcentaje más alto de toda Galicia (trabajaron solo 14 de 193). En el resto de partidos judiciales, el seguimiento fue desigual con casos como el Juzgado Mixto de O Barco número 1 (40%) o el 100% en Trives. Por su parte, la Xunta cuantificó el seguimiento medio en un 56,58% en la provincia.
La repercusión trascendió la economía doméstica de los huelguistas a los ciudadanos afectados por los aplazamientos de juicios. Porque aunque fiscales, magistrados y letrados de la administración de justicia estaban ayer en sus despachos, la maquinaria necesita todos los tornillos.
En la ciudad, por ejemplo, afectó a 35 vistas, que tuvieron que suspenderse. De hecho, la imagen más repetida a lo largo de la mañana en la jurisdicción penal fue la de testigos solicitado justificantes para entregar en sus puestos de trabajo.
Uno de los señalamientos pospuesto fue el que sentaba en el banquillo del Juzgado de lo Penal 1 al acusado del atropello mortal en A Ponte, el 27 de noviembre de 2015. La letrada de Manuel F.L. lamentaba el trastorno causado porque, según dice, su cliente "quiere pasar página cuanto antes, y este juicio representa un punto de inflexión importante para todas las partes". Este proceso por homicidio imprudente fue pospuesto para el 11 de abril del año que viene. Los otros dos asuntos de la agenda del Penal 1, dos robos con fuerza, se colaron en un hueco del 9 de mayo.
Mientras que ese órgano judicial aplazó tres juicios, con un total de 30 citados, entre abogados, acusados y testigos, según los cálculos del letrado de la Administración de Justicia, el Penal 2 retrasó siete, con un total de 31 personas afectadas, dos de ellas se desplazaron desde el país vecino para testificar por videoconferencia desde Verín. En este caso, el 12 de enero será la nueva fecha prevista.
Por su parte, el Juzgado de Instancia 4 se vio obligado a posponer para abril de 2018 una audiencia previa y dos juicios mercantiles, uno con nueve testigos. Instancia 6 (Familia) tuvo que mover tres vistas (unas medidas provisionales y dos divorcios).
Mientras, el Juzgado de lo Social 3 suspendió 19 juicios. Solamente celebró Instancia 3, con la jueza y secretaria, sin la funcionaria de turno (auxilio judicial) encargada de llamar a las partes a la sala de vistas. Este hecho fue criticado por Manuel González, de UGT: "Entendemos que esta letrada que no pertenece a la Administración de Justicia de Galicia sino al Ministerio de Justicia quiso hacer una huelga a la japonesa, haciendo funciones que no le correspondían".
Manifestación hasta la Casa de Chocolate para exigir negociar
El seguimiento de la jornada de huelga también tuvo su reflejo en la calle, ya que algo más de un centenar de trabajadores se desplazó, a media mañana, desde el edificio de O Couto hasta la sede la Xunta en la avenida de La Habana. Previamente, el responsable de la CSIF en Ourense, José Antonio Sotelo, arengó a los participantes, antes de comenzar el recorrido, para "seguir cunha loita que avala o amplio seguimiento de hoxe (por ayer)".
La protesta fue convocada por siete sindicatos - SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO-. Tras la pancarta "¡Non á discriminación laboral na Xustiza galega!", los trabajadores corearon proclamas alusivas a la discriminación laboral con el resto de España.
La plataforma cifró el seguimientos en Pontevedra y Vigo en un 95%; en A Coruña, un 93,50%; un 85% en Lugo y Ferrol y un 80% en Santiago de Compostela. La Xunta, por su parte, dice que el seguimiento medio fue del 46,97%, con un 45% en A Coruña, un 35,56% en Lugo y un 50% en Pontevedra.
Los sindicatos tacharon al vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, como "hipócrita". Detallan que en la pasada mesa del 7 de diciembre la Administración presentó un "documento abstracto carente de contenido sin cantidades ni plazos", pero el 12 "fue todavía peor", con "desprecio" hacia los trabajadores, a los que se les dijo, según él, que "no había ninguna oferta económica". Continúa, por tanto, la reclamación del complemento autonómico transitorio que acabe "con la discriminación", calculada por ellos entre 10.000 y 3.440 euros respecto al resto de funcionarios del Estado.
