CASA CULTURAL

Stop Desahucios critica el derribo de una casa en Ourense

El desahucio tiene su origen en un conflicto de licencias de ocupación que se remonta a 1992.

Stop Desahucios critica el derribo de una casa en Ourense

La plataforma Stop Desahucios de Ourense ha cuestionado hoy la orden de derribo, prevista para este jueves a las 9:00, de una vivienda en el barrio de Reza (Ourense) tras asegurar que "no es de recibo" esta decisión, máxime "cuando las administraciones son incapaces de ofrecer un marco jurídico estable".

El desahucio tiene su origen en un conflicto de licencias de ocupación que se remonta a 1992. El Ayuntamiento orensano había aprobado la licencia de ocupación para vivienda solicitada por Rosa Alonso y Miguel Fernández.

Mientras, denegó la de un vecino, el denunciante, en virtud a informes técnicos que impedían la edificación a menos de 50 metros, tal y como establecía el PXOM por entonces vigente.

Posteriormente, el gobierno concedió el permiso a través de la comisión provincial de Urbanismo al denunciante y exigió anular la licencia de esta vivienda ya edificada, puesto que está a menos de 50 metros de distancia de la suya.

Tras asegurar que no fueron conocedores de la situación hasta mucho después, la propietaria de la vivienda Rosa María Alonso lamentó que desde el Ayuntamiento le aseguraron que no tendrían problema para solventar el problema hasta que se encontraron con la orden de demolición.

"No es de recibo y nos parece imprudente que se ordene el derribo de esta vivienda cuando las administraciones son incapaces de ofrecer un marco jurídico estable, máxime en un caso en el que hay indicios razonables de prevaricación", ha apuntado la plataforma.

Desde Stop Desahucios esgrimen que "no es lógico" tirar una vivienda y que "a continuación se declare esta zona urbanizable, en el próximo PXOM", una acción de la que responsabilizan al vecino al que vinculan con el PP.

En la sentencia del 3 de Abril de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo uno de Ourense explican que no se acordó la demolición de la vivienda, a pesar de que la clasificación del planeamiento aplicable a la parcela es la de suelo no urbanizable.

Hacen extensible esta situación al "desgobierno municipal y a la incompetencia de algunos funcionarios" que impidieron la legalización de dicha casa a pesar de que el proyecto de legalización "contaba el 17.02.2006 con todos los informes técnicos favorables, cumpliendo las normas de la Xunta y del PXOM vigente", situación de la que responsabilizan al entonces concejal popular Enrique Nóvoa López.

En las últimas semanas, diferentes partidos políticos y diferentes colectivos culturales y sociales de la ciudad han mostrado su adhesión a la pareja para que no derriben su vivienda.

Cerca de sesenta arquitectos de toda Galicia en un manifiesto han mostrado su total oposición a la ejecución de la sentencia. Grupos como Anova han mostrado su apoyo hacia esta pareja y han considerado que la "orden de demolición es el resultado de un proceso legal oscuro y largo cuyo resultado está en contra de los principios de justicia más elementales.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha puntualizado hoy en un comunicado, a petición del juzgado orensano, que la casa "se construyó sin licencia alguna" y "con pleno conocimiento por sus promotores y arquitecto de su ilegalidad desde un principio".

Desde el TSXG, aseguran que esta orden de derribo "nada tiene que ver con los desahucios derivados de hipotecas o con personas sin recursos" y apuntan que aquí los propietarios "construyeron sin licencia en suelo no urbanizable o rústico una casa de nueva planta" y solo la pidieron y "se concedió tiempo después de que la obra se hubiese terminado".

"Tal y como se explica en la sentencia firme, la casa se construyó en suelo no urbanizable o rústico sin licencia. No se podía legalizar porque no tenía vinculación con un uso agropecuario, y además excedía de la edificabilidad máxima permisible", han detallado.

El Ayuntamiento de Ourense, tras ordenar su demolición en varias resoluciones firmes, posteriormente concedió la licencia amparándose en un nuevo Plan General.

Pero la anulación del Plan General por sentencia firme del TSXG "conllevó a su vez la anulación de la licencia de legalización", ha precisado el Alto tribunal.