Los representantes de los trabajadores creen que la reforma amortizará puestos de trabajo en Xustiza.
La supresión de ocho de los nueve partidos judiciales que ahora existen en la provincia llevaría acarreada la movilidad de en torno a un centenar de funcionarios (gestores, tramitadores y auxilios), secretarios y jueces que desempeñan sus cometidos en O Barco, Trives, Verín, Xinzo, Bande, Celanova, Carballiño y Ribadavia.
Según los datos que manejan los representantes de los trabajadores, los funcionarios que trabajan en los juzgados de las villas, un total de 81, sin tener en cuenta los secretarios y magistrados, representan hoy en día el 32% de total de la plantilla de Ourense, según los datos del último censo electoral de 2011. Para José Antonio Sotelo, representante en la provincia de CSIF-Justicia, además del hecho evidente que la reforma contemplada en el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aleja la Administración de Justicia del ciudadano, "contempla una amortización encubierta de las plazas de funcionarios". De hecho, considera que conlleva implícitamente "una reducción de la oferta de empleo público".
Manuel González, responsable de UGT-Justicia para Galicia, habla incluso de "ERE encubierto". "La movilidad geográfica de los funcionarios -añade- va incardinada en una serie de medidas del ministro Gallardón cuyo fin último es adelgazar la justicia para privatizarla". González saca a colación la pretendida privatización del Registro Civil, o la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que los procuradores asumirán las ejecuciones. "En Ourense, por ejemplo, esto último supondría que el Servicio Común de Notificaciones y Embargos sobrarían el 50% de las plazas". Para UGT-Justicia esta reforma exige un pronunciamiento contundente de los ourensanos.
En esta misma línea se pronuncia la CIG, quien en boca de su secretario comarcal en Ourense, Etelvino Blanco, promueve una convocatoria abierta a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, colectivos y colegios profesionales o particulares para el próximo día 22 a las 19.00 horas. El objetivo de esta reunión es aunar fuerzas para "actuar contra esta agresión do PP", teniendo como telón de fondo las particularidades de Ourense, por su dispersión poblacional y envejecimiento.
De hecho, según los datos que maneja el Consejo Genera del Poder Judicial cuando en 2012 comenzó a debatir el nuevo mapa judicial, la supresión de los ocho partidos de la provincia afectaría a 172.768 vecinos.
Para el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), mayoritario en Ourense, la Xunta tendrá mucho que decir en cómo quedará definido el próximo mapa judicial de la provincia así como el futuro del personal. "Nosotros le trasladamos a la Dirección Xeral de Xustiza que mantenga los juzgados o sedes desplazadas, tal como se llamarán después, en las mismas localidades", asegura Francisco Álvarez. A su juicio, la carga de trabajo no debe ser el criterio que sostenga el mantenimiento o no de un juzgado sino "la situación geográfica" ya que toda Galicia tiene "unas peculiaridades muy distintas al resto".
