El BOE publicó ayer el texto de la Ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en las comunidades autónomas, entre ellos las inundaciones de A Limia y Oyrense.
El diputado ourensano del PSOE Alberto Fidalgo apunta la importancia de esta Ley, que abre la posibilidad a las ayudas del Gobierno por las inundaciones sufridas en esas comarcas ourensanas, dado que contempla ayudas para los sucesos ocurridos desde el 1 de marzo de 2009 hasta ayer 11 de marzo de 2010, día de publicación de la Ley.
El Gobierno, mediante Real Decreto, publicará el listado de municipios y núcleos de población afectados y que por tanto serán beneficiarios de las ayudas contempladas en la Ley. Asimismo, el Decreto que apruebe el Gobierno establecerá también los créditos presupuestarios puestos a disposición que incluirán fondos de contingencia y específicos de cada uno de los Ministerios Las Delegaciones del Gobierno realizarán la evaluación de los daños y propondrán los municipios en los que la Ley se aplicará.
La Ley contempla, a nivel general, ayudas por daños personales y materiales en enseres y establecimientos; en materia de vivienda; daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales; daños en producciones agrícolas y ganaderas y beneficios fiscales.
El Gobierno, mediante Real Decreto, publicará el listado de municipios y núcleos de población afectados y que por tanto serán beneficiarios de las ayudas contempladas en la Ley. Asimismo, el Decreto que apruebe el Gobierno establecerá también los créditos presupuestarios puestos a disposición que incluirán fondos de contingencia y específicos de cada uno de los Ministerios Las Delegaciones del Gobierno realizarán la evaluación de los daños y propondrán los municipios en los que la Ley se aplicará.
La Ley contempla, a nivel general, ayudas por daños personales y materiales en enseres y establecimientos; en materia de vivienda; daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales; daños en producciones agrícolas y ganaderas y beneficios fiscales.
