En estos momentos, con casi 5,3 millones de parados, un cierre de negocios próximo al medio millón y uno de cada dos jóvenes sin empleo, no puede asumirse ni tolerarse la actitud de los llamados sindicatos mayoritarios, concretamente CC.OO. y UGT, cuyos secretarios generales, Fernández Toxo y Méndez, pueden ser considerados los únicos ciudadanos con un puesto de trabajo blindado y percibiendo un sustancioso sueldo. Su llamada a las movilizaciones contra la necesaria reforma laboral del Gobierno es un contrasentido, cuando el 83% de los desempleados afirman que dichos sindicatos, ni les defienden, ni les representan.
Contra viento y marea, contando con la oposición sindical y política, la reforma laboral recientemente aprobada por el Consejo de Ministros saldrá adelante. Su contenido supone un cambio de comportamiento total en lo que afecta a las relaciones laborales que regían hasta ahora, consideradas obsoletas. Todo lo que no suponga la supervivencia y desarrollo empresarial como elemento generador de puestos de trabajo, son ganas de perder el tiempo. Debemos reconocer que nuestro tejido productivo, en un 90%, está compuesto por pequeñas y medianas empresas, que son precisamente donde CC.OO. y UGT cuentan con menor arraigo y representación; circunstancia que le impide imponer sus manejos.
La nueva ley laboral contempla también la liberalización de los cursos de formación, por cuyo control perciben los sindicatos más de 7.000 millones de euros anuales de dinero público, lo que supondrá otro recorte de influencia con la consiguiente pérdida de poder.
No es menos cierto que la citada reforma no constituye el 'bálsamo de Fierabrás', toda vez que la recuperación del empleo no será un proceso inmediato como están interpretando algunos. Las maldades cometidas durante los siete años anteriores de Gobierno socialista, no pueden solucionarse en dos meses, pero de alguna forma hay que sentar las bases para que las empresas se fortalezcan y puedan comenzar a crear puestos de trabajo sólidos y duraderos, cuando la economía comience a recuperarse.
La nueva ley laboral contempla también la liberalización de los cursos de formación, por cuyo control perciben los sindicatos más de 7.000 millones de euros anuales de dinero público, lo que supondrá otro recorte de influencia con la consiguiente pérdida de poder.
No es menos cierto que la citada reforma no constituye el 'bálsamo de Fierabrás', toda vez que la recuperación del empleo no será un proceso inmediato como están interpretando algunos. Las maldades cometidas durante los siete años anteriores de Gobierno socialista, no pueden solucionarse en dos meses, pero de alguna forma hay que sentar las bases para que las empresas se fortalezcan y puedan comenzar a crear puestos de trabajo sólidos y duraderos, cuando la economía comience a recuperarse.
