La situación de emergencia en la que se encuentran muchas personas y familias como consecuencia de los desahucios masivos que se producen cada semana, urge la gestión de la vivienda social en alquiler garantizando a los afectados un techo para vivir.
Según se refleja en el informe del Defensor del pueblo dirigido a las Cortes sobre el año 2011, en toda España hay alrededor de 1,2 millones de viviendas vacías, pero en definitiva estamos hablando de un sistema financiero que es el propietario de un gran número de estas viviendas. Hay entre ellas muchos desahucios. Si Europa está dispuesta a meter cien mil millones en el rescate de nuestros bancos, bueno sería pensar que el Estado destine esos millones a comprar un gran número de estas viviendas a un bajo precio. Con ello los bancos tendrían dinero y el Estado podría destinar las viviendas al alquiler social en espera de la salida de la crisis. Y luego venderlas al precio de coste. De ese modo se estaría cumpliendo lo estipulado en el artículo 31 de la Carta social Europea y el artículo 47 de la Constitución, sobre vivienda digna, impidiendo de paso la especulación.
