La Fiscalía Superior de Galicia prepara el recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña que inadmite a trámite dos aspectos cruciales de la demanda sobre las participaciones preferentes. Concretamente, dicho juzgado inadmite las peticiones de nulidad y de resarcimiento de los perjudicados interesadas por la Fiscalía.
La Fiscalía dice que el auto judicial sí admite a trámite la solicitud fiscal de cesación de las posibles prácticas abusivas en los contratos de comercialización suscritos por las entidades demandadas. La Fiscalía Superior de Galicia demandó el pasado mes de julio a a Novagalicia Banco (NGB) por la venta de participaciones preferentes y solicita que se condene a la entidad por 'prácticas abusivas', además de establecer como medida cautelar el depósito de 1.108.760.000 euros.
Este depósito equivaldría a las cantidades obtenidas por la entidad financiera gallega como consecuencia de las 'prácticas abusivas' denunciadas, ya que se calcula que los afectados en toda la comunidad autónoma superan los 40.000 con una media de 27.719 euros por inversor. La Fiscalía entiende que se vendió este producto 'a personas analfabetas, discapacitadas e incluso menores a través de las figuras de un tutor', casos que fueron derivados a la vía penal por si se produjo falsedad documental. La demanda exige a la entidad financiera que cese en esa práctica y que se comprometa a evitar en el futuro cualquier actuación que no responda a una 'ajustada' información suficiente.
En segundo lugar, la demanda persigue que se declare la nulidad de los contratos suscritos como participaciones preferentes en los que se produjo un defecto o una información insuficiente no adaptaba al perfil del cliente. Se solicita también que se restituyan las cantidades invertidas en este producto con indemnizaciones en su caso de daños y perjuicios causados.
Este depósito equivaldría a las cantidades obtenidas por la entidad financiera gallega como consecuencia de las 'prácticas abusivas' denunciadas, ya que se calcula que los afectados en toda la comunidad autónoma superan los 40.000 con una media de 27.719 euros por inversor. La Fiscalía entiende que se vendió este producto 'a personas analfabetas, discapacitadas e incluso menores a través de las figuras de un tutor', casos que fueron derivados a la vía penal por si se produjo falsedad documental. La demanda exige a la entidad financiera que cese en esa práctica y que se comprometa a evitar en el futuro cualquier actuación que no responda a una 'ajustada' información suficiente.
En segundo lugar, la demanda persigue que se declare la nulidad de los contratos suscritos como participaciones preferentes en los que se produjo un defecto o una información insuficiente no adaptaba al perfil del cliente. Se solicita también que se restituyan las cantidades invertidas en este producto con indemnizaciones en su caso de daños y perjuicios causados.
