El Grupo Parlamentario Popular introdujo entre sus 71 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral una propuesta para que no puedan adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se negocie su revisión. La enmienda afecta al Estatuto de los Trabajadores y se enmarca entre sus propuestas para 'fortalecer' la flexibilidad interna de la empresa y el descuelgue de los convenios.
Asimismo, plantea que el despido objetivo por causas económicas se justificará cuando de los resultados o la evolución del nivel de actividad de la empresa se desprende una situación negativa, que habrá que acreditar. También pide reformar el proceso de suspensión de contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
