El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó ayer en su comparecencia en comisión en el Congreso que los titulares de participaciones preferentes de Bankia, Catalunya Bank y Novagalicia Banco recuperarán de media el 60% de sus inversiones, más de lo inicialmente previsto, lo que implicaría aplicar una quita del 40%.
Según De Guindos, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (CE) fija la metodología aplicada para el reparto de las cargas de la reestructuración de estas entidades y supondrá que los tenedores de productos híbridos 'recuperarán de media el 60% de sus inversiones'. No obstante, la devolución final dependerá del producto, del tipo de interés y de su fecha de vencimiento.
'En la mayor parte de los casos tendrán que aceptar canjear (sus preferentes) por acciones nuevas de las entidades tras su saneamiento. Pero gracias a esa conversión se consiguió un nivel de recorte inferior al criterio habitual de las ayudas de Estado', añadió.
Por otra parte, el ministro ha avanzado que se articularán procedimientos de arbitraje para los tenedores de híbridos de Bankia, que 'seguirán criterios de selección similares a los de Novagalicia y Catalunya Bank'. Se aplicará 'en los casos más flagrantes donde se demuestre mala praxis en la comercialización' de estos productos.
'Este procedimiento se operará con la colaboración de las autoridades de consumo autonómicas, que resolverán el arbitraje, aunque previamente un asesor privado filtrará en cada entidad los supuestos que evidencien una clara 'mala praxis', añadió.
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OPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES
La propuesta de arbitraje avanzada por De Guindos no tuvo una acogida favorable en las organizaciones de consumidores. Así, la Asociación de Usuarios de Bancos (Adicae) expresó su 'total desacuerdo' con la inclusión de la figura de un asesor privado en el procedimiento de arbitraje para solucionar casos de engaño o malas prácticas en la venta de preferentes. Adicae considera que un asesor privado podría utilizar un criterio 'extremadamente parcial y subjetivo' para determinar cuándo se produjo engaño en la comercialización de estos productos financieros y solucionar el problema 'tan solo a unos pocos'.
En el mismo sentido, Facua 'desconfía' del arbitraje ya que se desconocen los criterios que utilizará el asesor para determinar los casos en los que el consumidor no estaba en condiciones de entender el producto que estaba adquiriendo. La federación de organizaciones de consumidores califica de 'tomadura de pelo' que sea un asesor privado quien filtre los casos en los que ha habido fraude.
'En la mayor parte de los casos tendrán que aceptar canjear (sus preferentes) por acciones nuevas de las entidades tras su saneamiento. Pero gracias a esa conversión se consiguió un nivel de recorte inferior al criterio habitual de las ayudas de Estado', añadió.
Por otra parte, el ministro ha avanzado que se articularán procedimientos de arbitraje para los tenedores de híbridos de Bankia, que 'seguirán criterios de selección similares a los de Novagalicia y Catalunya Bank'. Se aplicará 'en los casos más flagrantes donde se demuestre mala praxis en la comercialización' de estos productos.
'Este procedimiento se operará con la colaboración de las autoridades de consumo autonómicas, que resolverán el arbitraje, aunque previamente un asesor privado filtrará en cada entidad los supuestos que evidencien una clara 'mala praxis', añadió.
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OPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES
La propuesta de arbitraje avanzada por De Guindos no tuvo una acogida favorable en las organizaciones de consumidores. Así, la Asociación de Usuarios de Bancos (Adicae) expresó su 'total desacuerdo' con la inclusión de la figura de un asesor privado en el procedimiento de arbitraje para solucionar casos de engaño o malas prácticas en la venta de preferentes. Adicae considera que un asesor privado podría utilizar un criterio 'extremadamente parcial y subjetivo' para determinar cuándo se produjo engaño en la comercialización de estos productos financieros y solucionar el problema 'tan solo a unos pocos'.
En el mismo sentido, Facua 'desconfía' del arbitraje ya que se desconocen los criterios que utilizará el asesor para determinar los casos en los que el consumidor no estaba en condiciones de entender el producto que estaba adquiriendo. La federación de organizaciones de consumidores califica de 'tomadura de pelo' que sea un asesor privado quien filtre los casos en los que ha habido fraude.
