La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha puesto hoy en libertad a nueve de los catorce procesados por su presunta integración en una célula islamista con base en Santa Coloma de Gramanet, desarticulada en la conocida como 'Operación Tigris'. Entre los liberados se encuentran uno de los presuntos líderes del grupo Khaled Adibi, para quien la Fiscalía pedía la pena más alta. Pese a que en un principio la Fiscalía pidió cárcel para trece de los acusados, actualmente sólo tres de ellos permanecen en prisión.
Esta célula, acusada entre otras acciones, de ayudar a huir a varios autores de 11-M, fue juzgada desde el pasado mes de febrero en la Audiencia Nacional. Ahora, esta decisión de la Audiencia Nacional se produce a la espera de que en los próximos días se les comunique de manera oficial el fallo de la sentencia. No obstante, esta liberación de los nueve procesados hace prever que serán absueltos o condenados a penas inferiores al doble de años que llevan en prisión preventiva, una circunstancia que implica su liberación inmediata.
Ya el pasado 12 de marzo, en la última sesión del juicio, la fiscal Dolores Delgado ya retiró la acusación por delitos terroristas a otros dos procesados. Uno de ellos, Aomar Hamed, ya quedó en libertad pese a que inicialmente el Ministerio Público pedía para él seis años de cárcel. Además, junto con el supuesto líder Khlaed Abidi (para quien la Fiscalía solicitaba una pena de 14 años), los presuntos terroristas a los que el tribunal comunicó hoy su libertad son Yagoub Guemereg, Driss Belhadj, Said el Mauzmozzi, Ridouane el Ouarma, Tarek Hamed Aum, Bilal El Saiti, Mustafa Mohamed Abdeselam y Abdelmalik Abselam Amak.
Para todos ellos, el Ministerio Público pedía penas comprendidas entre 6 y 10 años de prisión, unas calificaciones que ahora han sido desestimados en su mayoría por el tribunal presidido por el magistrado Fernando García Nicolás y completado por José Ricardo de Prada y Enrique López.
De este modo, de los 13 procesados que se sentaron en el banquillo en la primera sesión del juicio, tan sólo permanecen en prisión tres presuntos terroristas. Los todavía encarcelados son el supuesto líder del grupo, Samir Tahtah, para quien la fiscal pidió también 14 años de prisión; Kamak Ahbar, otro de los principales acusados para quien el Ministerio Público pidió 10 años de cárcel; y Mohamed el Idrissi.
Y es que según el Ministerio Público, esta red colaboró en la huida de España de varias personas vinculadas con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, entre ellas autores materiales como Mohamed Afalah y el suicida de Leganés Deoud Ouhnane. A pesar de estas acusaciones, ya el segundo día del juicio, la fiscal Dolores Delgado propuso a las defensas de la mayoría de los 14 procesados alcanzar un acuerdo de conformidad por medio del cual rebajar las respectivas peticiones de condena que defendía el Ministerio Público a cambio de que los acusados reconociesen los hechos.
En esta intención por alcanzar un acuerdo, la representante del Ministerio Público llegó incluso a proponer una reducción de condena a los supuestos líderes de la célula Khaled Abidi y Samir Tahtah. A éste último también le ofreció la calificación de colaboración. Pero finalmente, la fiscal retiró estas propuestas al no alcanzar un acuerdo con la mayoría de las defensas.
Esta decisión de la Audiencia Nacional conocida hoy se basa en el artículo 539 e la Ley de Enjuiciamiento Criminal por le que se impone a los liberados la obligación de comunicar posibles cambios de domicilio y comparecencias semanales, así como comparecencia siempre que sean reclamados. De hecho, el tribunal ya ha citado a todos los liberados para el próximo día 2 de abril, fecha en la que previsiblemente se les comunicará el fallo de la sentencia.
Ya el pasado 12 de marzo, en la última sesión del juicio, la fiscal Dolores Delgado ya retiró la acusación por delitos terroristas a otros dos procesados. Uno de ellos, Aomar Hamed, ya quedó en libertad pese a que inicialmente el Ministerio Público pedía para él seis años de cárcel. Además, junto con el supuesto líder Khlaed Abidi (para quien la Fiscalía solicitaba una pena de 14 años), los presuntos terroristas a los que el tribunal comunicó hoy su libertad son Yagoub Guemereg, Driss Belhadj, Said el Mauzmozzi, Ridouane el Ouarma, Tarek Hamed Aum, Bilal El Saiti, Mustafa Mohamed Abdeselam y Abdelmalik Abselam Amak.
Para todos ellos, el Ministerio Público pedía penas comprendidas entre 6 y 10 años de prisión, unas calificaciones que ahora han sido desestimados en su mayoría por el tribunal presidido por el magistrado Fernando García Nicolás y completado por José Ricardo de Prada y Enrique López.
De este modo, de los 13 procesados que se sentaron en el banquillo en la primera sesión del juicio, tan sólo permanecen en prisión tres presuntos terroristas. Los todavía encarcelados son el supuesto líder del grupo, Samir Tahtah, para quien la fiscal pidió también 14 años de prisión; Kamak Ahbar, otro de los principales acusados para quien el Ministerio Público pidió 10 años de cárcel; y Mohamed el Idrissi.
Y es que según el Ministerio Público, esta red colaboró en la huida de España de varias personas vinculadas con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, entre ellas autores materiales como Mohamed Afalah y el suicida de Leganés Deoud Ouhnane. A pesar de estas acusaciones, ya el segundo día del juicio, la fiscal Dolores Delgado propuso a las defensas de la mayoría de los 14 procesados alcanzar un acuerdo de conformidad por medio del cual rebajar las respectivas peticiones de condena que defendía el Ministerio Público a cambio de que los acusados reconociesen los hechos.
En esta intención por alcanzar un acuerdo, la representante del Ministerio Público llegó incluso a proponer una reducción de condena a los supuestos líderes de la célula Khaled Abidi y Samir Tahtah. A éste último también le ofreció la calificación de colaboración. Pero finalmente, la fiscal retiró estas propuestas al no alcanzar un acuerdo con la mayoría de las defensas.
Esta decisión de la Audiencia Nacional conocida hoy se basa en el artículo 539 e la Ley de Enjuiciamiento Criminal por le que se impone a los liberados la obligación de comunicar posibles cambios de domicilio y comparecencias semanales, así como comparecencia siempre que sean reclamados. De hecho, el tribunal ya ha citado a todos los liberados para el próximo día 2 de abril, fecha en la que previsiblemente se les comunicará el fallo de la sentencia.
