El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó ayer asumir la competencia sobre la denominada 'Operación Babel', que investiga al Duque de Palma, Iñaki Urdangarín por supuesto desvío de dinero público a través del Instituto Nóos, al considerar que la cantidad defraudada no afecta a la economía nacional.
El caso, por lo tanto, continuará siendo instruido por el juez de Palma de Mallorca José Castro. La decisión se adoptó después de que el ex presidente balear Jaume Matas - imputado en el 'caso Palma Arena', del que se desprende la pieza sobre Urdangarín- presentara ante el juez de la Audiencia Ismael Moreno un nuevo escrito, el tercero, insistiendo en que la causa corresponde al órgano ubicado en Madrid por afectar a varias provincias españolas y por ser el blanqueo de capitales uno de los posibles delitos a investigar.
Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa 'es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional'.
Añade que la cifra presuntamente defraudada tampoco puede considerarse como 'significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar o conmover la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional'.
SIN DATOS SUFICIENTES
Además, el juez moreno considera que aunque los hechos imputados afectan a varios perjudicados, 'no constan mínimamente acreditados datos suficientes como para poder llegar a la conclusión que nos hayamos ante una generalidad de personas perjudicadas'.
La resolución, adoptada un día después de que la Fiscalía Anticorrupción se posicionara en el mismo sentido, señala además que 'no constan acreditados en este procedimientos datos relativos a la comisión de delitos en el extranjero, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de concurrir determinarían la competencia de este juzgado central de instrucción'. El juez Moreno adopta esta decisión, no obstante, 'sin perjuicio de lo que en definitiva pueda resultar del contenido y completo conocimiento de la instrucción desarrollada por el Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca (...) y de las conclusiones a que pudieran llegarse'.
La investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarín y su socio Diego Torres, desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados.
Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa 'es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional'.
Añade que la cifra presuntamente defraudada tampoco puede considerarse como 'significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar o conmover la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional'.
SIN DATOS SUFICIENTES
Además, el juez moreno considera que aunque los hechos imputados afectan a varios perjudicados, 'no constan mínimamente acreditados datos suficientes como para poder llegar a la conclusión que nos hayamos ante una generalidad de personas perjudicadas'.
La resolución, adoptada un día después de que la Fiscalía Anticorrupción se posicionara en el mismo sentido, señala además que 'no constan acreditados en este procedimientos datos relativos a la comisión de delitos en el extranjero, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de concurrir determinarían la competencia de este juzgado central de instrucción'. El juez Moreno adopta esta decisión, no obstante, 'sin perjuicio de lo que en definitiva pueda resultar del contenido y completo conocimiento de la instrucción desarrollada por el Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca (...) y de las conclusiones a que pudieran llegarse'.
La investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarín y su socio Diego Torres, desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados.
