Las comunidades autónomas ven difícil cuantificar de manera precisa el impacto económico que tendrán las medidas de ajuste en sanidad y educación a pesar de que el Gobierno cifró este ahorro en 10.000 millones de euros, 7.000 para sanidad y 3.000 para educación. Así lo expresaron diferentes Consejerías de Sanidad y de Educación de los gobiernos autonómicos.
Aunque las comunidades gobernadas por el Partido Popular admiten la dificultad de evaluar los recortes, subrayan que los mismos, en el caso de la sanidad, no tienen efecto recaudatorio sino disuasorio para evitar, por ejemplo, la adquisición innecesaria de fármacos.
Comunidades de otro color político, como Canarias, gobernada por CC, anunciaron que se 'resistirán' a aplicar las medidas que no sean de obligado cumplimiento. Además, barajaron presentar un recurso de inconstitucionalidad para el caso de que se invadan competencias autonómicas.
En Andalucía, la Junta desmintió la cifra de 7.000 millones anunciada por el Gobierno para sanidad por 'irreal' y precisó que el ahorro no llegará a los 1.000 millones en el conjunto del territorio. También avanzaron que la Junta no se va a incorporar a la plataforma centralizada de compras de medicamentos ya que seguirá utilizando su propia central con la que consiguen ahorros.
La Generalitat de Cataluña tampoco determinó aún qué nuevos ajustes deberá hacer derivados de los recortes pero sí dejó claro que mantendrá la tasa de un euro por receta en farmacia que ya incluyó en sus presupuestos para este año.
El Gobierno del País Vasco, que no hará cálculos hasta conocer la 'letra pequeña' de los ajustes, señaló que no será 'insumiso' y aplicará los recortes que sean obligatorios, mientras que recurrirá los que invadan competencias autonómicas.
CARTERA 'SUPLEMENTARIA'
Dentro del recorte de 7.000 millones, el Ministerio de Sanidad ha especificado que más de la mitad, 3.550 millones, corresponden a lo que denominan cartera suplementaria en la que se encuentran farmacia, dietoterápicos, ortoprotésicos y transporte no urgente.
De hecho es en esta partida en la que algunas comunidades se han atrevido a avanzar una estimación de ahorro.
Este es el caso de La Rioja, que ha estimado un ahorro entre 10 y 12 millones de euros en gasto farmacéutico; Aragón, que ha cifrado el impacto en 'tan sólo seis millones de euros', y Cantabria, donde la repercusión sería de 200 millones.
Por su parte, la Consejería de Sanidad de Galicia estimó que las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud 'serán suficientes si la situación no se deteriora más', al tiempo que considera que el Sistema Nacional de Salud se blindó y se hizo 'viable' para el futuro.
En el ámbito educativo, las autonomías también se ven incapaces de evaluar aún las medidas y sólo la ampliación de horas del profesorado facilitó alguna cifra.
La Consejería de Educación de Castilla y León dijo que el aumento de la jornada docentes en 2,5 horas semanales redundará en un ahorro de 180 millones de euros mientras que el gobierno de Baleares también ha estimado este incremento de horario en 25 millones de euros.
Comunidades de otro color político, como Canarias, gobernada por CC, anunciaron que se 'resistirán' a aplicar las medidas que no sean de obligado cumplimiento. Además, barajaron presentar un recurso de inconstitucionalidad para el caso de que se invadan competencias autonómicas.
En Andalucía, la Junta desmintió la cifra de 7.000 millones anunciada por el Gobierno para sanidad por 'irreal' y precisó que el ahorro no llegará a los 1.000 millones en el conjunto del territorio. También avanzaron que la Junta no se va a incorporar a la plataforma centralizada de compras de medicamentos ya que seguirá utilizando su propia central con la que consiguen ahorros.
La Generalitat de Cataluña tampoco determinó aún qué nuevos ajustes deberá hacer derivados de los recortes pero sí dejó claro que mantendrá la tasa de un euro por receta en farmacia que ya incluyó en sus presupuestos para este año.
El Gobierno del País Vasco, que no hará cálculos hasta conocer la 'letra pequeña' de los ajustes, señaló que no será 'insumiso' y aplicará los recortes que sean obligatorios, mientras que recurrirá los que invadan competencias autonómicas.
CARTERA 'SUPLEMENTARIA'
Dentro del recorte de 7.000 millones, el Ministerio de Sanidad ha especificado que más de la mitad, 3.550 millones, corresponden a lo que denominan cartera suplementaria en la que se encuentran farmacia, dietoterápicos, ortoprotésicos y transporte no urgente.
De hecho es en esta partida en la que algunas comunidades se han atrevido a avanzar una estimación de ahorro.
Este es el caso de La Rioja, que ha estimado un ahorro entre 10 y 12 millones de euros en gasto farmacéutico; Aragón, que ha cifrado el impacto en 'tan sólo seis millones de euros', y Cantabria, donde la repercusión sería de 200 millones.
Por su parte, la Consejería de Sanidad de Galicia estimó que las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud 'serán suficientes si la situación no se deteriora más', al tiempo que considera que el Sistema Nacional de Salud se blindó y se hizo 'viable' para el futuro.
En el ámbito educativo, las autonomías también se ven incapaces de evaluar aún las medidas y sólo la ampliación de horas del profesorado facilitó alguna cifra.
La Consejería de Educación de Castilla y León dijo que el aumento de la jornada docentes en 2,5 horas semanales redundará en un ahorro de 180 millones de euros mientras que el gobierno de Baleares también ha estimado este incremento de horario en 25 millones de euros.
