El extesorero del PP Luis Bárcenas tendrá que pagar un abogado de oficio, ya que no tiene derecho a la justicia gratuita por su situación económica, si no designa uno nuevo en los próximos días, después de que sus letrados, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, renunciaran ayer a defenderle, por 'discrepancias y pérdida de confianza'.
Según fuentes jurídicas, cuando Ruz reciba en su juzgado la renuncia presentada en el registro de la Audiencia Nacional abrirá un plazo de unos días para que designe un nuevo letrado. Si en esos días ocurre algo a lo que los abogados deban acudir (como una declaración ante el juez), Bajo y Trallero tienen la obligación de representarle, pero si no designa nuevo letrado en el plazo concedido se le atribuirá uno de oficio que tendrá que pagar.
La renuncia se produce sólo doce días después de que el extesorero ingresara en prisión incondicional sin fianza en la causa que investiga su relación con la trama 'Gürtel', liderada por Francisco Correa. Los abogados Bajo y Trallero destacan, además, que 'han perdido la confianza en su cliente' y que su relación adolece de importantes 'divergencias'.
Este anuncio se produce después de las nuevas informaciones que apuntan a que el PP se financió de forma ilegal, al menos durante dos decadas, recibiendo donaciones en metálico de constructores y otros empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos con las administraciones gobernadas por el partido.
Una información que ya fue desmentida por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asegurando que 'las mentiras no se documentan' y subrayó que esas informaciones son 'más de lo mismo' porque 'ya se ha contado muchas veces' y es 'falso'.
Por ello, insistió en que su partido está 'tranquilo' porque no existe 'ninguna tacha de ilegalidad' en su financiación y en sus cuentas.
Sin embargo las críticas llegaron a través de una ofensiva parlamentaria para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé explicaciones en un pleno extraordinario en el Congreso, una solicitud hecha por PSOE, UPyD, IU y el Grupo Mixto. El jueves, la Cámara decidirá si comparece.
La renuncia se produce sólo doce días después de que el extesorero ingresara en prisión incondicional sin fianza en la causa que investiga su relación con la trama 'Gürtel', liderada por Francisco Correa. Los abogados Bajo y Trallero destacan, además, que 'han perdido la confianza en su cliente' y que su relación adolece de importantes 'divergencias'.
Este anuncio se produce después de las nuevas informaciones que apuntan a que el PP se financió de forma ilegal, al menos durante dos decadas, recibiendo donaciones en metálico de constructores y otros empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos con las administraciones gobernadas por el partido.
Una información que ya fue desmentida por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asegurando que 'las mentiras no se documentan' y subrayó que esas informaciones son 'más de lo mismo' porque 'ya se ha contado muchas veces' y es 'falso'.
Por ello, insistió en que su partido está 'tranquilo' porque no existe 'ninguna tacha de ilegalidad' en su financiación y en sus cuentas.
Sin embargo las críticas llegaron a través de una ofensiva parlamentaria para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé explicaciones en un pleno extraordinario en el Congreso, una solicitud hecha por PSOE, UPyD, IU y el Grupo Mixto. El jueves, la Cámara decidirá si comparece.
