El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha acordado iniciar una investigación de oficio ante el Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la existencia de "extraordinarias dificultades para la aplicación, en centros y servicios del sistema público sanitario, de la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo".
Múgica ha decidido abrir el citado procedimiento tras la publicación ayer en el diario 'El País' de una información según la cual sólo el 3 por ciento de los abortos que se practican en España son realizados en centros públicos, "lo que representa que la práctica totalidad de estos procedimientos se lleven a cabo en centros sanitarios del ámbito de la sanidad privada, ubicados, en no pocas ocasiones, en comunidades autónomas distintas a la de residencia de las personas afectadas".
En concreto, el Defensor del Pueblo ha instado al titular del mencionado Departamento, Bernat Soria, a que, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "se aborde la cuestión planteada y se adopten las medidas pertinentes que permitan garantizar a los usuarios del sistema público sanitario la atención en su comunidad de residencia y en los centros hospitalarios de referencia del Sistema Nacional de Salud".
Se da la circunstancia de que la portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV en la Comisión de Sanidad Congreso, Carme García, registró este martes una pregunta por escrito al Gobierno sobre las acciones que tiene previsto llevar a cabo para "normalizar el aborto como prestación sanitaria pública".
La diputada también preguntó al Ejecutivo su opinión sobre la demanda de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas sobre la supresión del aborto como delito en el Código Penal.
García se hizo eco de un informe publicado por la Asamblea Feminista según el cual, tan sólo el 2,9 por ciento de las interrupciones voluntarias de embarazos se llevan a término en la red pública, 22 años después de su regulación.
Este informe apunta que "todavía existen muchas pegas que limitan el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo", a pesar de que los abortos han aumentado "año tras año desde 1987", pasando de los 16.000 a los 90.000 en lo que va de año.
Por este motivo, IU-ICV presentó una proposición no de Ley el pasado mes de marzo, en la que señalaba la necesidad de "reformular" la legislación española y despenalizar el aborto, "para que la mujer sea libre de decidir sobre su propio cuerpo en las primeras catorce semanas de gestación".
