Afirman que el 26% de las atribuciones que asumen no les corresponden y les hipoteca económicamente

Las diputaciones quieren que se revisen sus competencias

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra , con los representantes de las Diputaciones. (Foto: J. C. CÁRDENAS)
Las diputaciones provinciales aseguran que el 26 por ciento de sus competencias y las de los ayuntamientos no les corresponden y les 'hipoteca económicamente', por lo que pedirán al Gobierno central la reubicación de las funciones impropias. Ésta fue una de las conclusiones a las que llegó la Comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunida ayer en Valencia y presidida por el máximo responsable de la Diputación valenciana, Alfonso Rus.
Los presidentes provinciales elaboraron un documento base con sus peticiones, que terminarán de elaborar el 3 de mayo para trasladarlo a la FEMP y que esta, a su vez, lo elevará al Ejecutivo central. Rus explicó que ese documento, bautizado como 'Declaración de Valencia', tiene como objetivo el fortalecimiento institucional y la modernización de las diputaciones, y propone realizar una reforma para que sean más eficaces y se dediquen, sobre todo, a la gestión de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que aglutinan a 15 millones de españoles


'INSTITUCIONES MUY EFICACES'

Esos consistorios 'no deben desaparecer', según Rus, y para ello necesitan el apoyo de las diputaciones, que son a su juicio las instituciones 'más eficaces que hay a nivel nacional'. Según señaló, las corporaciones provinciales son las administraciones del Estado 'con menos deuda' y también 'las más directas y más baratas' y ha añadido que es 'impensable' que su trabajo 'pudiera hacerlo otra administración'.

En este sentido, el vicepresidente de la FEMP y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez, señaló que en el actual contexto económico 'las diputaciones no son el problema, sino parte importante de la solución' debido al 'magnífico papel' que juegan en la gestión de los pequeños consistorios.

Por ello, la 'Declaración de Valencia' indica que la crisis colocó a las diputaciones en un escenario 'en el que son cuestionadas', planteando incluso su desaparición 'en base a un supuesto ahorro presupuestario, sin contar con que esas propuestas no se acompañan de estudios que identifiquen las consecuencias de su desaparición'. Asimismo, considera que las propuestas que plantean la 'viabilidad de los entes intermedios' son 'desconocedoras de la realidad', ya que la eliminación de las corporaciones 'no implica necesariamente el ahorro de su presupuesto, dado que los servicios deben continuar prestándose'.

A este respecto, Rus recordó que la mayoría del personal de las diputaciones es funcionario y que los políticos y asesores 'solo representan el 1,5 por ciento del presupuesto' de las instituciones provinciales.

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