El Pleno del Consejo de la Emigración finalizó sus dos días de trabajo en España con la aprobación por unanimidad de un acuerdo en el que exige 'que nunca se vean reducidos y en manera alguna limitados los derechos electorales que ahora otorga la Constitución'. Los consejeros han pedido seguir participando en todas las citas electorales, que el voto no sea rogado, el mantenimiento del voto en urna y la apuesta por el voto electrónico.
La defensa del voto en las elecciones municipales estuvo presente en las dos reuniones de trabajo y fue un tema abordado por todos los participantes en el Pleno. La secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Anna Terrón, hizo referencia a este asunto el primer día del Pleno en el que informó que hasta ahora la subcomisión no ha generado un documento de trabajo y hasta que no lo haga no se podrá pronunciar oficialmente.
El Pleno pidió que la Comisión Permanente del Consejo mantenga 'con carácter de urgencia' sendas reuniones con la subcomisión encargada de la reforma de la LOREG para dar a conocer las propuestas del Pleno en defensa de la participación de los españoles en el exterior.
El Pleno exigió que 'nunca se vean reducidos o limitados en su ejercicio, los derechos electorales que ahora otorga la Constitución a los españoles en el exterior'. Los consejeros insistieron en la necesidad de que los 1,3 millones de españoles inscritos en el CERA (Censo electoral de residentes ausentes) 'sigan disfrutando de su derecho a participar, sin impedimento alguno en todos los procesos electorales: generales, autonómicas, europeas y municipales'.
El Pleno pidió que la Comisión Permanente del Consejo mantenga 'con carácter de urgencia' sendas reuniones con la subcomisión encargada de la reforma de la LOREG para dar a conocer las propuestas del Pleno en defensa de la participación de los españoles en el exterior.
El Pleno exigió que 'nunca se vean reducidos o limitados en su ejercicio, los derechos electorales que ahora otorga la Constitución a los españoles en el exterior'. Los consejeros insistieron en la necesidad de que los 1,3 millones de españoles inscritos en el CERA (Censo electoral de residentes ausentes) 'sigan disfrutando de su derecho a participar, sin impedimento alguno en todos los procesos electorales: generales, autonómicas, europeas y municipales'.
