El secretario general español de Asuntos Consulares y Migratorios, Francisco Javier Elorza, ha pedido a las autoridades venezolanas que aceleren los trámites de todas las reclamaciones de españoles afectados por la invasión y expropiación de propiedades, en una visita a Caracas de 48 horas.
'He pedido que se trabaje con todos los expedientes para que de aquí a las Navidades, si es posible, se ultime una respuesta satisfactoria a la mayor parte de los casos', declaró el secretario general, que se entrevistó con el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela, Juan Carlos Loyo.
Hay actualmente 63 casos de reclamaciones por invasiones o ocupaciones en estudio, de los cuales 51 conciernen a fincas agrícolas y 12 propiedades urbanas o industriales que no son competencia del INTI, según ha indicado la propia institución.
A esos 63 casos se suman otros 22 en espera de tramitación, lo que eleva a 85 el número de casos actualmente en contencioso, aunque continúa el goteo de nuevas situaciones de ocupación y se han recibido otros 8 casos que aún no han sido trasladados al INTI, según fuentes consulares.
Elorza, que se reunió también con la procuradora del Gobierno venezolano, Gladys Gutiérrez, y el viceministro para Europa, Alejandro Fleming, dijo que se debe 'intentar a toda costa desinflar este contencioso, rebajar el periodo de espera que hay en estos momentos, con la inseguridad e incertidumbre que genera' para los afectados.
Señaló que hasta ahora se ha realizado un trabajo bilateral entre el presidente del INTI y el cónsul general español, José Matres, 'caso a caso' y 'Estado por Estado' -en referencia a los estados venezolanos de Yaracuy y Anzoátegui, donde se encuentra la mayoría de afectados- en lo que consideró un proceso 'muy lento y gradual'.
En sus conversaciones durante su visita a Caracas, el secretario general español subrayó a sus interlocutores la necesidad de tratar los casos pendientes en su conjunto para dirimirlos antes de final de año.
Elorza indicó en sus declaraciones a Efe que su viaje estaba previsto con antelación, pero que ha 'coincidido' con la visita a España del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien se reunió el pasado viernes con el Rey Juan Carlos, en Palma de Mallorca, y con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en Madrid.
'Tanto el Rey como el presidente Zapatero han concluido con el presidente Chávez un acuerdo para solucionar lo antes posible los actuales casos de ocupación, de invasión y de expropiación de que son objeto ciudadanos españoles residentes en Venezuela', señaló.
'A mi me ha tocado simplemente poner en marcha este acuerdo', destacó.
Elorza dijo que fue recibido en un clima de 'franca colaboración', tanto por el presidente del INTI como por la procuradora del Gobierno, principal responsable en los casos de expropiaciones de propiedades urbanas e industriales.
En la reunión con el viceministro para Europa, se abordaron también otras cuestiones bilaterales así como las preocupaciones venezolanas sobre las políticas de inmigración de la Unión Europea.
'Esperamos y confiamos que el gobierno del presidente Chávez, a la vista del espíritu del acuerdo de Palma y de Madrid, suscrito hace apenas unos días, dé las instrucciones oportunas para buscar una solución satisfactoria y razonable' a los casos que afectan a los españoles residentes en Venezuela, comentó.
Al pedir al responsable del INTI que se acelere el proceso, Elorza explicó asimismo que, en sus entrevistas con los afectados, había constatado desesperación y cansancio por la dilación en las tramitaciones, y por el hecho de que se les solicitaba nuevos documentos, retrasando los expedientes.
Protección de inversiones
Elorza subrayó que existe un acuerdo entre Venezuela y España de protección de inversiones -firmado en 1997 y en vigor- que 'deja muy claro' que la indemnización -en caso de expropiaciones- debe ser 'pronta, adecuada y efectiva'.
Agregó asimismo que las indemnizaciones deben ser pagadas en divisas -en este caso en euros- y 'con prontitud' para evitar las pérdidas por la inflación.
Indicó también que 'no todos los casos son objeto de expropiaciones' y que hay unos en los que el Estado venezolano reconoce la titularidad, aunque el proceso es largo.
Lamentó, en este sentido, el daño económico que supone para las explotaciones la ocupación de la finca mientras se resuelve el contencioso y la necesidad de resolver esta situación.
Hay actualmente 63 casos de reclamaciones por invasiones o ocupaciones en estudio, de los cuales 51 conciernen a fincas agrícolas y 12 propiedades urbanas o industriales que no son competencia del INTI, según ha indicado la propia institución.
A esos 63 casos se suman otros 22 en espera de tramitación, lo que eleva a 85 el número de casos actualmente en contencioso, aunque continúa el goteo de nuevas situaciones de ocupación y se han recibido otros 8 casos que aún no han sido trasladados al INTI, según fuentes consulares.
Elorza, que se reunió también con la procuradora del Gobierno venezolano, Gladys Gutiérrez, y el viceministro para Europa, Alejandro Fleming, dijo que se debe 'intentar a toda costa desinflar este contencioso, rebajar el periodo de espera que hay en estos momentos, con la inseguridad e incertidumbre que genera' para los afectados.
Señaló que hasta ahora se ha realizado un trabajo bilateral entre el presidente del INTI y el cónsul general español, José Matres, 'caso a caso' y 'Estado por Estado' -en referencia a los estados venezolanos de Yaracuy y Anzoátegui, donde se encuentra la mayoría de afectados- en lo que consideró un proceso 'muy lento y gradual'.
En sus conversaciones durante su visita a Caracas, el secretario general español subrayó a sus interlocutores la necesidad de tratar los casos pendientes en su conjunto para dirimirlos antes de final de año.
Elorza indicó en sus declaraciones a Efe que su viaje estaba previsto con antelación, pero que ha 'coincidido' con la visita a España del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien se reunió el pasado viernes con el Rey Juan Carlos, en Palma de Mallorca, y con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en Madrid.
'Tanto el Rey como el presidente Zapatero han concluido con el presidente Chávez un acuerdo para solucionar lo antes posible los actuales casos de ocupación, de invasión y de expropiación de que son objeto ciudadanos españoles residentes en Venezuela', señaló.
'A mi me ha tocado simplemente poner en marcha este acuerdo', destacó.
Elorza dijo que fue recibido en un clima de 'franca colaboración', tanto por el presidente del INTI como por la procuradora del Gobierno, principal responsable en los casos de expropiaciones de propiedades urbanas e industriales.
En la reunión con el viceministro para Europa, se abordaron también otras cuestiones bilaterales así como las preocupaciones venezolanas sobre las políticas de inmigración de la Unión Europea.
'Esperamos y confiamos que el gobierno del presidente Chávez, a la vista del espíritu del acuerdo de Palma y de Madrid, suscrito hace apenas unos días, dé las instrucciones oportunas para buscar una solución satisfactoria y razonable' a los casos que afectan a los españoles residentes en Venezuela, comentó.
Al pedir al responsable del INTI que se acelere el proceso, Elorza explicó asimismo que, en sus entrevistas con los afectados, había constatado desesperación y cansancio por la dilación en las tramitaciones, y por el hecho de que se les solicitaba nuevos documentos, retrasando los expedientes.
Protección de inversiones
Elorza subrayó que existe un acuerdo entre Venezuela y España de protección de inversiones -firmado en 1997 y en vigor- que 'deja muy claro' que la indemnización -en caso de expropiaciones- debe ser 'pronta, adecuada y efectiva'.
Agregó asimismo que las indemnizaciones deben ser pagadas en divisas -en este caso en euros- y 'con prontitud' para evitar las pérdidas por la inflación.
Indicó también que 'no todos los casos son objeto de expropiaciones' y que hay unos en los que el Estado venezolano reconoce la titularidad, aunque el proceso es largo.
Lamentó, en este sentido, el daño económico que supone para las explotaciones la ocupación de la finca mientras se resuelve el contencioso y la necesidad de resolver esta situación.
