A escasos días del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Gobierno dio ayer ha las primeras pinceladas sobre los temas que se abordarán con las comunidades. Según explicó la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, el Ejecutivo centrará sus esfuerzos en explicar la nueva regla de gasto, sobre la cual deberán elaborarse todos los presupuestos autonómicos. La normativa respetará la independencia de las comunidades a la hora de crear sus propias cuentas, pero castigará a las no cumplidoras con el objetivo de déficit.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saénz de Santamaría anunció que esa regla de gasto estará incluida dentro de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, destinada a reducir el déficit público. El concepto de 'sostenibilidad' no es casual ya que, según explicó, los preceptos de esta normativa están pensados para conseguir un efecto a largo plazo, y no para responder a una situación coyuntural. 'Hay que trasladar el mensaje de compromiso con el control de déficit público', comentó.
A su juicio, la 'sostenibilidad' es algo 'esencial' a la hora de construir una plataforma que permita avanzar en la senda del crecimiento y del empleo. Por ello, la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha estado siempre marcada como una de las principales prioridades para el Gobierno de Rajoy.
ELEMENTO CLAVE
Será, por tanto, 'un elemento clave' para conseguir el objetivo exigido por la Unión Europea, ya que todas las comunidades deberán ceñirse a ella a la hora de elaborar sus techos de gasto y sus presupuestos autonómicos. El Ejecutivo pretende así garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones, fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir con los compromisos asumidos en Bruselas, entre los que se encuentra el de lograr, de aquí a 2012, el equilibrio presupuestario o superávit. Llegado ese momento, el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda deberá estar por debajo del 60% del PIB regional.
La nueva ley implicará mayores limitaciones para las comunidades, pero no por ello una menor autonomía a la hora de elaborar sus presupuestos. Así, siempre y cuando se ajusten a los límites de la normativa, podrán crear sus propias cuentas sin que el Gobierno interfiera en las mismas. No obstante, si se detectan desviaciones en el objetivo de déficit, entrarán en juego algunos mecanismos correctores 'automáticos' que podrían consistir, según la portavoz, en reducciones 'mínimas y obligatorias' referenciadas al PIB.
La norma incluirá, además, la posibilidad de sanciones a las comunidades que no cumplan con sus condiciones, una medida con la que ya se había especulado en las últimas semanas. Saénz de Santamaría no detalló cuál sería el 'castigo', pero sí especificó que estaría basado en los criterios de 'reincidencia' y 'gravedad'.
Además, se reforzarán los principios y criterios de transparencia, ya que cada presupuesto autonómico deberá incluir la equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional -tal y como ya hace el Estado-.
A su juicio, la 'sostenibilidad' es algo 'esencial' a la hora de construir una plataforma que permita avanzar en la senda del crecimiento y del empleo. Por ello, la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha estado siempre marcada como una de las principales prioridades para el Gobierno de Rajoy.
ELEMENTO CLAVE
Será, por tanto, 'un elemento clave' para conseguir el objetivo exigido por la Unión Europea, ya que todas las comunidades deberán ceñirse a ella a la hora de elaborar sus techos de gasto y sus presupuestos autonómicos. El Ejecutivo pretende así garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones, fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir con los compromisos asumidos en Bruselas, entre los que se encuentra el de lograr, de aquí a 2012, el equilibrio presupuestario o superávit. Llegado ese momento, el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda deberá estar por debajo del 60% del PIB regional.
La nueva ley implicará mayores limitaciones para las comunidades, pero no por ello una menor autonomía a la hora de elaborar sus presupuestos. Así, siempre y cuando se ajusten a los límites de la normativa, podrán crear sus propias cuentas sin que el Gobierno interfiera en las mismas. No obstante, si se detectan desviaciones en el objetivo de déficit, entrarán en juego algunos mecanismos correctores 'automáticos' que podrían consistir, según la portavoz, en reducciones 'mínimas y obligatorias' referenciadas al PIB.
La norma incluirá, además, la posibilidad de sanciones a las comunidades que no cumplan con sus condiciones, una medida con la que ya se había especulado en las últimas semanas. Saénz de Santamaría no detalló cuál sería el 'castigo', pero sí especificó que estaría basado en los criterios de 'reincidencia' y 'gravedad'.
Además, se reforzarán los principios y criterios de transparencia, ya que cada presupuesto autonómico deberá incluir la equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional -tal y como ya hace el Estado-.
