La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la puesta en libertad condicional de Josu Uribetxeberria Bolinaga, al considerar que 'padece una enfermedad grave e incurable pero no se encuentra en situación de peligro patente para su vida'.
En un escrito, el fiscal Pedro Rubira solicita que el Pleno de la Sala de lo Penal, que preside el juez Fernando Grande-Marlaska, acuerde la 'nulidad de las actuaciones' adoptadas por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, por la 'importancia', 'complejidad' y 'repercusión' que presenta este asunto.
Por su parte, Grande-Marlaska renunció a su potestad de pedir al Pleno que se revise la decisión tomada por Castro, de conceder la libertad condicional al secuestrador de Ortega Lara y se atendrá a la decisión que tome la mayoría de sus compañeros.
La decisión de Marlaska provoca que la revisión de la libertad condicional de Bolinaga por parte del Pleno dependa de la solicitud de 10 de los 18 jueces que componen la Sala en este caso.
La Fiscalía resalta que los informes médicos no señalan que se encuentre en fase terminal ni riesgos para la vida del interno por permanecer en la situación de tercer grado, por lo que 'resulta imprescindible formular declaración de arrepentimiento' por parte del penado.
Esta decisión de la Fiscalía fue aplaudida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aunque varios miembros de la dirección del PP continuaron mostrando su rechazo a la excarcelación del terrorista, desde el Gobierno, fue el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el que apoyó el recurso del Ministerio Público, porque, dijo, distingue 'claramente' entre la decisión administrativa que 'cumplió todos los requisitos legales', y la decisión del juez, José Luis Castro, de concederle la libertad condicional, en la que no se da esa circunstancia.
Por otro lado, el ministro destacó como muy importante la nulidad planteada por el Ministerio Público con respecto al viaje que el juez Castro realizó a San Sebastián para visitar al preso etarra, porque fue ocultado al fiscal y tuvo mucho peso en la decisión final.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, insistió en que ella nunca tomaría esa decisión y advirtió de que este caso genera 'mucho descontento' entre el electorado.
Quién pidió acabar con las 'disquisiciones internas' en el partido sobre este caso fue el portavoz adjunto del PP, Leopoldo Barreda, que dijo que 'todos' deberían 'tirar del mismo carro' y pidió que se deje de 'sembrar confusión' sobre la actuación del Gobierno.
Además aseguró que el recurso que presentó la Fiscalía 'avala al cien por cien' la actuación del Gobierno y lo que discute son 'determinadas actuaciones judiciales' en este proceso.
Por su parte, Grande-Marlaska renunció a su potestad de pedir al Pleno que se revise la decisión tomada por Castro, de conceder la libertad condicional al secuestrador de Ortega Lara y se atendrá a la decisión que tome la mayoría de sus compañeros.
La decisión de Marlaska provoca que la revisión de la libertad condicional de Bolinaga por parte del Pleno dependa de la solicitud de 10 de los 18 jueces que componen la Sala en este caso.
La Fiscalía resalta que los informes médicos no señalan que se encuentre en fase terminal ni riesgos para la vida del interno por permanecer en la situación de tercer grado, por lo que 'resulta imprescindible formular declaración de arrepentimiento' por parte del penado.
Esta decisión de la Fiscalía fue aplaudida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aunque varios miembros de la dirección del PP continuaron mostrando su rechazo a la excarcelación del terrorista, desde el Gobierno, fue el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el que apoyó el recurso del Ministerio Público, porque, dijo, distingue 'claramente' entre la decisión administrativa que 'cumplió todos los requisitos legales', y la decisión del juez, José Luis Castro, de concederle la libertad condicional, en la que no se da esa circunstancia.
Por otro lado, el ministro destacó como muy importante la nulidad planteada por el Ministerio Público con respecto al viaje que el juez Castro realizó a San Sebastián para visitar al preso etarra, porque fue ocultado al fiscal y tuvo mucho peso en la decisión final.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, insistió en que ella nunca tomaría esa decisión y advirtió de que este caso genera 'mucho descontento' entre el electorado.
Quién pidió acabar con las 'disquisiciones internas' en el partido sobre este caso fue el portavoz adjunto del PP, Leopoldo Barreda, que dijo que 'todos' deberían 'tirar del mismo carro' y pidió que se deje de 'sembrar confusión' sobre la actuación del Gobierno.
Además aseguró que el recurso que presentó la Fiscalía 'avala al cien por cien' la actuación del Gobierno y lo que discute son 'determinadas actuaciones judiciales' en este proceso.
