La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha solicitado 16 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación para empleo y cargo público para la alcaldesa de Villanueva del Río y Minas, María José Cervantes (PSOE), por otorgar a dos particulares sendas licencias para edificar en suelo no urbanizable pese a que el arquitecto municipal le advirtió de que la solicitud de licencia era contraria a las normas subsidiarias de planeamiento del municipio.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público interesa la apertura de juicio oral ante un Juzgado de lo Penal y relata que el día 5 de julio de 2005 el propietario de una parcela ubicada en la zona donde enlazan la avenida de la Constitución y la de Blas Infante solicitó al Ayuntamiento una licencia para edificar una vivienda unifamiliar.
En este sentido, el fiscal pone de manifiesto que, 'a pesar de que el arquitecto municipal' informó el mismo día a la acusada -con competencias en materia de Urbanismo- de que la solicitud de licencia era contraria a las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad, por ser suelo no urbanizable, la imputada, 'consciente de la ilegalidad de su proceder, concedió el 28 de julio de 2005 la licencia, lo que determinó que el solicitante edificara la casa'.
De igual modo, asevera que el 14 de octubre de 2005 el titular de otra parcela similar en el mismo paraje, y por tanto 'de idéntica clasificación urbanística', pidió al Ayuntamiento una licencia para hacer una vivienda unifamilar, y 'al igual que en el caso anterior el arquitecto municipal advirtió el mismo día 14 que la solicitud no se adaptaba a las normas de planeamiento por ser el terreno no urbanizable', pero 'nuevamente la acusada, sabiendo que la licencia era manifiestamente ilegal, la concedió por Decreto de 14 de noviembre de 2005, título con el que el solicitante edificó la casa'.
PREVARICACIÓN E INDUCCIÓN
El Ministerio Público añade, al hilo de ello, que los hechos que se relatan fueron denunciados en el juzgado el 8 de enero de 2009, y una vez citada la acusada a declarar como imputada el 10 de julio del mismo año ordenó por dos decretos incoar diligencias informativas previas al expediente urbanístico por la realización de las dos edificaciones ilegales contra las dos personas 'a las que ella misma había autorizado a construir'.
Por todo ello, el fiscal considera que los hechos descritos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación, y de dos delitos contra la ordenación del territorio por inducción. Por cada uno de los dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación solicita ocho años de inhabilitación y el pago de una multa de 6.750 euros, mientras que por cada delito contra la ordenación del territorio por inducción pide ocho meses de cárcel y el pago de una multa de 6.750 euros. Además, el fiscal solicita que la acusada preste fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias
En este sentido, el fiscal pone de manifiesto que, 'a pesar de que el arquitecto municipal' informó el mismo día a la acusada -con competencias en materia de Urbanismo- de que la solicitud de licencia era contraria a las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad, por ser suelo no urbanizable, la imputada, 'consciente de la ilegalidad de su proceder, concedió el 28 de julio de 2005 la licencia, lo que determinó que el solicitante edificara la casa'.
De igual modo, asevera que el 14 de octubre de 2005 el titular de otra parcela similar en el mismo paraje, y por tanto 'de idéntica clasificación urbanística', pidió al Ayuntamiento una licencia para hacer una vivienda unifamilar, y 'al igual que en el caso anterior el arquitecto municipal advirtió el mismo día 14 que la solicitud no se adaptaba a las normas de planeamiento por ser el terreno no urbanizable', pero 'nuevamente la acusada, sabiendo que la licencia era manifiestamente ilegal, la concedió por Decreto de 14 de noviembre de 2005, título con el que el solicitante edificó la casa'.
PREVARICACIÓN E INDUCCIÓN
El Ministerio Público añade, al hilo de ello, que los hechos que se relatan fueron denunciados en el juzgado el 8 de enero de 2009, y una vez citada la acusada a declarar como imputada el 10 de julio del mismo año ordenó por dos decretos incoar diligencias informativas previas al expediente urbanístico por la realización de las dos edificaciones ilegales contra las dos personas 'a las que ella misma había autorizado a construir'.
Por todo ello, el fiscal considera que los hechos descritos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación, y de dos delitos contra la ordenación del territorio por inducción. Por cada uno de los dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación solicita ocho años de inhabilitación y el pago de una multa de 6.750 euros, mientras que por cada delito contra la ordenación del territorio por inducción pide ocho meses de cárcel y el pago de una multa de 6.750 euros. Además, el fiscal solicita que la acusada preste fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias
