Gibraltar volvió al primer plano de las relaciones entre España y el Reino Unido después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy denunciara el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas españolas y el Gobierno británico convocara al embajador en Londres por las colas que se registraron estos días en la verja. España dejó claro en este sentido que los controles que realiza en la frontera no son 'contra' medidas concretas sino que está 'obligado' a hacerlos y que los considera 'irrenunciables'.
La tensión registrada en las últimas semanas entre España y las autoridades del Peñón después de que la administración gibraltareña impulsara el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras para crear un 'arrecife artificial' que proteja los fondos marinos -que obstaculizó la labor de los pesqueros españoles- coincidió con estas retenciones.
'Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos', aseguró el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien añadió que 'nunca antes de Moratinos un ministro de Exteriores puso a Gibraltar al mismo nivel que Reino Unido y España y reconocido algo como el Foro Tripartito. Eso fue un disparate'.
De hecho, el Gobierno estudia una serie de medidas para hacer frente a las actitudes de Gibraltar, en las que participan varios ministerios y que analizan propuestas como investigar a unos 6.700 gibraltareños que tienen su residencia real en España pero no la fiscal y establecer una tasa de congestión a los vehículos que atraviesan La Línea con origen o destino en el Peñón. Margallo concreta que esa tasa podría ser de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir.
El 1 de agosto, sólo quince días después de que se cumpliera el 300 aniversario del Tratado de Utrecht por el que se cedió Gibraltar, el Gobierno del Peñón envió a la Comisión Europea un informe sobre las colas producidas en la frontera con España, una situación de la que culpa a las autoridades españolas.
El primer ministro adjunto gibraltareño, Joseph García, indicó en la carta de queja que aunque España tiene el derecho de verificar las personas y los bienes que cruzan la frontera, estos controles 'no deben interferir con el derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE'.
El Gobierno español insiste en que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen, por lo que no se aplica la libre circulación de mercancías en Gibraltar ni tampoco el régimen común del IVA, por lo que España 'está obligada a realizar controles en la verja'.
El control de las aguas que rodean Gibraltar es el punto más conflictivo del contencioso que mantiene España con Reino Unido, que se manifiesta en la pesca, el medio ambiente y la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
'Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos', aseguró el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien añadió que 'nunca antes de Moratinos un ministro de Exteriores puso a Gibraltar al mismo nivel que Reino Unido y España y reconocido algo como el Foro Tripartito. Eso fue un disparate'.
De hecho, el Gobierno estudia una serie de medidas para hacer frente a las actitudes de Gibraltar, en las que participan varios ministerios y que analizan propuestas como investigar a unos 6.700 gibraltareños que tienen su residencia real en España pero no la fiscal y establecer una tasa de congestión a los vehículos que atraviesan La Línea con origen o destino en el Peñón. Margallo concreta que esa tasa podría ser de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir.
El 1 de agosto, sólo quince días después de que se cumpliera el 300 aniversario del Tratado de Utrecht por el que se cedió Gibraltar, el Gobierno del Peñón envió a la Comisión Europea un informe sobre las colas producidas en la frontera con España, una situación de la que culpa a las autoridades españolas.
El primer ministro adjunto gibraltareño, Joseph García, indicó en la carta de queja que aunque España tiene el derecho de verificar las personas y los bienes que cruzan la frontera, estos controles 'no deben interferir con el derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE'.
El Gobierno español insiste en que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen, por lo que no se aplica la libre circulación de mercancías en Gibraltar ni tampoco el régimen común del IVA, por lo que España 'está obligada a realizar controles en la verja'.
El control de las aguas que rodean Gibraltar es el punto más conflictivo del contencioso que mantiene España con Reino Unido, que se manifiesta en la pesca, el medio ambiente y la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
