El Govern balear se personará como perjudicado en el procedimiento judicial que investiga la supuesta trama de corrupción en torno a la construcción del velódromo del Palma Arena, al entender que este hecho era un 'acto obligado' que debía hacer el Ejecutivo para defender los intereses de los ciudadanos de las islas.
Éste fue uno de los acuerdos adoptados este viernes en la reunión del Consell de Govern en la que se decidió que el director de la Abogacía, Pedro Aguiló, y los abogados de la Administración serán los encargados de representar y defender a la Comunidad en el caso.
La portavoz del Ejecutivo balear, Joana Barceló, hizo hincapié en que no admitirá 'bajo ningún concepto' que este hecho es una 'politización' ya que, según indicó, el Govern se persona para 'defender los intereses de los ciudadanos y no juzgamos, juzgarán los juzgados', subrayó.
El Consell de Govern adoptó este acuerdo a instancias de un informe que la Conselleria de Presidencia encargó al director de la Abogacía. Éste refleja que, con independencia de la presencia del Consorcio para la Construcción del Velódromo, la Comunidad se debe personar como perjudicada porque 'está asumiendo el coste total de la construcción del velódromo -algo que hará hasta el año 2026- por lo que el erario público de la misma, si resultan ciertos los indicios de malversación de los mismos, tiene la condición de perjudicado de manera directa'.
La Dirección de la Abogacía llegó a esta conclusión después de examinar el contrato de préstamo firmado el 13 de julio de 2005 entre la entidad Illesport y el BBVA por un importe de 9 millones de euros y con una amortización total de intereses de hasta 14,7 millones de euros. Este préstamo, apuntó el Govern, se instrumentalizó desde la Conselleria de Presidencia y Deportes.
Asimismo, se estudió el contrato de préstamo firmado en fecha de 12 de julio de 2006 entre el Consorcio para la Construcción del Velódromo y el BBVA por un importe de 46,4 millones de euros y con garantía de pignoración del plurianual tramitado por la Resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Relaciones Institucionales el día 19 de marzo de 2006. En esta resolución se autorizaba una aportación al Consorcio por un importe de 76,2 millones de euros.
Finalmente, la Dirección de la Abogacía consideró la resolución de la Vicepresidencia de día 30 de marzo de 2007, de autorizar y disponer una aportación económica de 275.000 euros a favor de la Fundación Illesport.
La portavoz del Ejecutivo balear, Joana Barceló, hizo hincapié en que no admitirá 'bajo ningún concepto' que este hecho es una 'politización' ya que, según indicó, el Govern se persona para 'defender los intereses de los ciudadanos y no juzgamos, juzgarán los juzgados', subrayó.
El Consell de Govern adoptó este acuerdo a instancias de un informe que la Conselleria de Presidencia encargó al director de la Abogacía. Éste refleja que, con independencia de la presencia del Consorcio para la Construcción del Velódromo, la Comunidad se debe personar como perjudicada porque 'está asumiendo el coste total de la construcción del velódromo -algo que hará hasta el año 2026- por lo que el erario público de la misma, si resultan ciertos los indicios de malversación de los mismos, tiene la condición de perjudicado de manera directa'.
La Dirección de la Abogacía llegó a esta conclusión después de examinar el contrato de préstamo firmado el 13 de julio de 2005 entre la entidad Illesport y el BBVA por un importe de 9 millones de euros y con una amortización total de intereses de hasta 14,7 millones de euros. Este préstamo, apuntó el Govern, se instrumentalizó desde la Conselleria de Presidencia y Deportes.
Asimismo, se estudió el contrato de préstamo firmado en fecha de 12 de julio de 2006 entre el Consorcio para la Construcción del Velódromo y el BBVA por un importe de 46,4 millones de euros y con garantía de pignoración del plurianual tramitado por la Resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Relaciones Institucionales el día 19 de marzo de 2006. En esta resolución se autorizaba una aportación al Consorcio por un importe de 76,2 millones de euros.
Finalmente, la Dirección de la Abogacía consideró la resolución de la Vicepresidencia de día 30 de marzo de 2007, de autorizar y disponer una aportación económica de 275.000 euros a favor de la Fundación Illesport.
