La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer que el Ejecutivo seguirá adelante con las reformas que aseguró, 'no son una opción política, son la condición indispensable para acabar con los desequilibrios estructurales' que tiene España.
Así lo manifestó en una intervención en el campus de verano de la Fundación FAES en Navacerrada, acompañada por el expresidente del Gobierno José María Aznar, Santamaría avanzó que 'en estos días' iniciará su tramitación una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que introducirá 'profundos cambios' en la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos y del ejercicio de sus competencias, garantizando que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados 'a precios adecuados' y 'mejor gestionados'.
Se trata de poner orden en la 'multiplicidad de entidades locales' que hay en España que ejercen 'con una gran parafernalia administrativa una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y por tanto, los recursos públicos', aseveró la vicepresidenta. Asimismo, señaló que el Gobierno impulsará medidas para dar 'más transparencia' en aspectos como el número de concejales y la retribución de los mismos, con baremos para fijar los sueldos de los alcaldes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de acuerdo con las características de los municipios y que se incluirán en la futura Ley de Transparencia.
REFORMA INSTITUCIONAL
Santamaría, citó entre los objetivos del Gobierno, la reforma institucional, ya que, según recalcó la vicepresidenta, 'se impone un cambio en la cultura administrativa'. Así, señaló que el Ejecutivo inició un proceso de reestructuración del sector público empresarial que culminará con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas pero insistió en la necesidad de que hagan lo mismo las comunidades y los ayuntamientos.
También puso en valor el plan de gestión de patrimonio inmobiliario del Estado renegociando alquileres y apostando por la reubicación, algo que, según dijo, permitió ahorrar 17,5 millones de euros en cuatro meses.
Según recordó Santamaría, más de 50.000 fincas constituyen la propiedad inmobiliaria del Estado pero éste sigue gastando más de 200 millones de euros en alquileres.
La vicepresidenta del Gobierno señaló que la reforma institucional debe ser 'a todos los niveles' y apeló a las comunidades autonómas a 'reforzar los esfuerzos' para cumplir con la senda de estabilidad y a 'analizar sus propias estructuras' para evitar las duplicidades en los servicios que se prestan a los ciudadanos.
CENTRAL DE COMPRAS
Entre las novedades, Santamaría avanzó la creación de un sistema central de compras único de suministros para toda la administración del Estado que 'empiece a analizar los suplidos que necesita', con un órgano que se encargará de celebrar los contratos y de obtener 'precios razonables'. Según explicó la vicepresidenta, algunos ministerios como el de Defensa pusieron en marcha esas centrales de compras en sus departamentos, lo que supuso 'grandes ahorros'.
Además, recordó que habrá reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y del Constitucional, así como el fortalecimiento de instituciones como el Tribunal de Cuentas. 'Vivimos un momento de cambio y se impone a todos los niveles' y ahora las reformas son 'imprescindibles' para crecer y crear empleo.
Se trata de poner orden en la 'multiplicidad de entidades locales' que hay en España que ejercen 'con una gran parafernalia administrativa una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y por tanto, los recursos públicos', aseveró la vicepresidenta. Asimismo, señaló que el Gobierno impulsará medidas para dar 'más transparencia' en aspectos como el número de concejales y la retribución de los mismos, con baremos para fijar los sueldos de los alcaldes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de acuerdo con las características de los municipios y que se incluirán en la futura Ley de Transparencia.
REFORMA INSTITUCIONAL
Santamaría, citó entre los objetivos del Gobierno, la reforma institucional, ya que, según recalcó la vicepresidenta, 'se impone un cambio en la cultura administrativa'. Así, señaló que el Ejecutivo inició un proceso de reestructuración del sector público empresarial que culminará con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas pero insistió en la necesidad de que hagan lo mismo las comunidades y los ayuntamientos.
También puso en valor el plan de gestión de patrimonio inmobiliario del Estado renegociando alquileres y apostando por la reubicación, algo que, según dijo, permitió ahorrar 17,5 millones de euros en cuatro meses.
Según recordó Santamaría, más de 50.000 fincas constituyen la propiedad inmobiliaria del Estado pero éste sigue gastando más de 200 millones de euros en alquileres.
La vicepresidenta del Gobierno señaló que la reforma institucional debe ser 'a todos los niveles' y apeló a las comunidades autonómas a 'reforzar los esfuerzos' para cumplir con la senda de estabilidad y a 'analizar sus propias estructuras' para evitar las duplicidades en los servicios que se prestan a los ciudadanos.
CENTRAL DE COMPRAS
Entre las novedades, Santamaría avanzó la creación de un sistema central de compras único de suministros para toda la administración del Estado que 'empiece a analizar los suplidos que necesita', con un órgano que se encargará de celebrar los contratos y de obtener 'precios razonables'. Según explicó la vicepresidenta, algunos ministerios como el de Defensa pusieron en marcha esas centrales de compras en sus departamentos, lo que supuso 'grandes ahorros'.
Además, recordó que habrá reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y del Constitucional, así como el fortalecimiento de instituciones como el Tribunal de Cuentas. 'Vivimos un momento de cambio y se impone a todos los niveles' y ahora las reformas son 'imprescindibles' para crecer y crear empleo.
