El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó ayer el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones y va a empezar 'ya' a poner en práctica las 217 medidas que recoge, 120 de las cuales negociará con las comunidades para eliminar duplicidades.
Dentro del plan de reforma de la Administración se contempla un proyecto para desamortizar bienes del Estado, que será aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, y según fuentes del Ejecutivo, hasta un total de 15.000 inmuebles repartidos por toda España serán puestos a la venta.
El Gobierno comenzó hace varios meses un plan de recopilación de información para tener un censo fiable del número de edificios públicos y de los alquileres que estaba pagando la administración. En ese período el Ejecutivo negoció a la baja un total de 356 alquileres, con un ahorro de 40 millones y vendió inmuebles y otros bienes del Estado por valor de otros 88 millones. Asimismo, también tiene previsto ahorrar otros seis millones al año eliminando el trámite bancario que ahora tiene que cumplir al pagar las nóminas de los funcionarios. Se trata de suplir una práctica iniciada en 1974 según la cual, cinco días antes de pagar las nóminas tiene que hacer una provisión del dinero.
'LABOR GIGANTESCA'
En un acto solemne celebrado en el Palacio de la Moncloa, Rajoy elogió el trabajo de la citada comisión, la CORA, que dijo que supone 'la radiografía más minuciosa que se hizo del sector público en toda la etapa democrática'.
Esta 'labor gigantesca' propició una serie de propuestas que el Gobierno va a empezar a poner en marcha en el Consejo de ministros del viernes. Será entonces cuando inicie la reforma de la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas, la del procedimiento administrativo y la de subvenciones, impulse la factura electrónica y aborde la morosidad de las administraciones.
De las 217 medidas del documento -todas ellas con un calendario de aplicación y una estimación de ahorro de 8.000 millones-, 120 eliminan duplicidades entre la administración central y la autonómica, y Rajoy espera acordarlas con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
'Es una propuesta, nos gustaría acordarla con todos. Lo vamos a intentar, aquí no hay ideología, sino un intento de ser más eficaces'.
Rajoy quiso dejar claro que el ahorro no va a provenir de la supresión de servicios ni de un aumento de los ingresos públicos, sino de mejoras en la gestión y eliminación de estructuras no necesarias. 'El primer beneficiario de la reforma es el ciudadano, que tendrá menos papeleos y ventanillas, y más agilidad, facilidades y ahorro', dijo.
El Gobierno comenzó hace varios meses un plan de recopilación de información para tener un censo fiable del número de edificios públicos y de los alquileres que estaba pagando la administración. En ese período el Ejecutivo negoció a la baja un total de 356 alquileres, con un ahorro de 40 millones y vendió inmuebles y otros bienes del Estado por valor de otros 88 millones. Asimismo, también tiene previsto ahorrar otros seis millones al año eliminando el trámite bancario que ahora tiene que cumplir al pagar las nóminas de los funcionarios. Se trata de suplir una práctica iniciada en 1974 según la cual, cinco días antes de pagar las nóminas tiene que hacer una provisión del dinero.
'LABOR GIGANTESCA'
En un acto solemne celebrado en el Palacio de la Moncloa, Rajoy elogió el trabajo de la citada comisión, la CORA, que dijo que supone 'la radiografía más minuciosa que se hizo del sector público en toda la etapa democrática'.
Esta 'labor gigantesca' propició una serie de propuestas que el Gobierno va a empezar a poner en marcha en el Consejo de ministros del viernes. Será entonces cuando inicie la reforma de la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas, la del procedimiento administrativo y la de subvenciones, impulse la factura electrónica y aborde la morosidad de las administraciones.
De las 217 medidas del documento -todas ellas con un calendario de aplicación y una estimación de ahorro de 8.000 millones-, 120 eliminan duplicidades entre la administración central y la autonómica, y Rajoy espera acordarlas con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
'Es una propuesta, nos gustaría acordarla con todos. Lo vamos a intentar, aquí no hay ideología, sino un intento de ser más eficaces'.
Rajoy quiso dejar claro que el ahorro no va a provenir de la supresión de servicios ni de un aumento de los ingresos públicos, sino de mejoras en la gestión y eliminación de estructuras no necesarias. 'El primer beneficiario de la reforma es el ciudadano, que tendrá menos papeleos y ventanillas, y más agilidad, facilidades y ahorro', dijo.
