Fátima Báñez ha insistido en que esta reforma ha sido debatida hasta la "extenuación"
El Gobierno ha aprobado hoy la reforma de la formación profesional que refuerza la transparencia y la capacidad sancionadora y crea una Unidad Especial de Inspección para evitar el fraude en los cursos y la obtención irregular de ayudas, en la que los agentes sociales quedan fuera de su gestión económica.
Así lo ha expresado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que ha hecho hincapié en que se abre un proceso de evaluación permanente y la empresa que "lo haga mal" no podrá usar recursos del sistema para hacer formación durante cinco años (antes eran dos).
Báñez ha insistido en que esta reforma ha sido debatida hasta la "extenuación", cuenta con aportaciones de todos los agentes sociales (sindicatos, empresarios, autónomos y expertos) y es fruto de un año de negociaciones y más de 50 reuniones a nivel del Ministerio de Empleo.
Sin embargo, para CCOO el decreto ley de la reforma otorga un papel "muy poco relevante" a los sindicatos y limita su participación a un "mero papel decorativo", mientras que UGT confía subsanar en el trámite parlamentario "algunas carencias" del modelo.
En concreto, UGT aspira a que en el desarrollo reglamentario se plasme "con claridad" el papel protagonista de los interlocutores sociales.
Para la secretaría de Empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez, la reforma de la formación llega cuatro años tarde y sin consenso con los agentes sociales.
Según el real decreto aprobado hoy, el nuevo modelo dota al Ministerio de Empleo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y con la colaboración de las autonomías, de una función permanente de "prospección y detección" de las necesidades formativas individuales.
Sindicatos y patronal salen de la gestión económica, si bien el nuevo sistema otorga a los agentes sociales un papel "protagonista" en la programación, planificación y difusión de los programas.
En este sentido, Báñez ha reconocido que los interlocutores sociales dejan de ser "juez y parte" en el modelo y aunque tendrán un papel importante en el diseño, estarán fuera de la gestión directa de los recursos.
Con la reforma, sindicatos y patronal ya no tendrán exclusividad a la hora de impartir los cursos ya que éstos se someterán a la libre concurrencia competitiva, abierta a todos los proveedores de formación.
El nuevo modelo también se dota de instrumentos para dar visibilidad pública a los canales de denuncia y otorga a la Unidad Especial de Inspección la capacidad de desarrollar, anualmente, programas de control de las acciones formativas.
Asimismo se crea la Fundación Estatal para la Formación, que sustituye a la actual Fundación Tripartita, y cuyo Patronato estará constituido al menos en un 51 % por miembros de la Administración General del Estado.
En este patronato también estarán representados las comunidades autónomas, y las organizaciones empresariales y sindicales pero en menor grado que en la anterior Fundación Tripartita.
Entre las novedades, el modelo implanta la teleformación como un sistema más flexible y elimina la formación a distancia.
El nuevo sistema considera que los trabajadores autónomos tienen "derecho individual a la formación" y por ello sugiere que coticen por esa materia.
En el ámbito de los recursos directos que se destinan a subvenciones habrá concurrencia competitiva "cien por cien".
Además cuando se trate de formación subvencionada sólo se adelantará el 25 % de los fondos. Hasta ahora se podía adelantar el 100 % y eso, según la ministra, había dado lugar a irregularidades.
El sistema aprobado se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación que aportan las empresas y los trabajadores de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es decir, el 0,6 % de las cuotas que aportan las empresas y el 0,1 % de los trabajadores.
También se beneficiará de las dotaciones previstas en el SEPE, de los fondos de las comunidades autónomas y de las aportaciones del Fondo Social Europeo.
