El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga la muerte de más de 30 perros, dos milanos reales y seis águilas en una finca agropecuaria del municipio salmantino de Larrodrigo, ocurrida después de una cacería.
La finca en la que han ocurrido los hechos, Gallegos de Crespes con una extensión de 2.500 hectáreas, pertenece a la Casa de Alba y en la actualidad en ella se desarrollan habitualmente cacerías, según han confirmado a Efe vecinos de Larrodrigo.
El envenenamiento de los animales, ocurrido el pasado día 29, ha sido denunciado por los responsables del proyecto SOS Life+VENENO, cuyos delegados en la provincia salmantina fueron los que actuaron tras ser avisados por los propietarios de los perros que habían participado en la jornada de caza.
En un comunicado, SOS Life+VENENO, ha explicado que una vez en la finca avisaron a los agentes del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, que se personaron de inmediato en el lugar de los hechos y procedieron a la inspección del terreno y la recogida de los animales muertos.
Junto con los dueños de los perros afectados, los agentes peinaron la zona y encontraron 'gran cantidad de cebos envenenados repartidos por toda la finca', así como varios cadáveres de especies protegidas, en concreto dos milanos reales, seis águilas y un cuervo.
Los vecinos de Larrodrigo han confirmado que no es la primera vez que se produce un hecho de estas características en Gallegos de Crespes, y recuerdan que en la década de 1980 también murieron perros y otros animales envenenados.
Por otro lado, en el marco del proyecto, los voluntarios de la Red de Voluntarios contra el Veneno de las provincias de Salamanca, Valladolid, Ávila y Segovia han sido movilizados para apoyar las actuaciones de las autoridades competentes y recabar información complementaria que pudiera ser útil para la investigación.
El uso de cebos envenenados es un método masivo, no selectivo y cruento de eliminar depredadores, que está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal (Art. 336), ha informado SOS Life.
