Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, convocaron una jornada de huelga para el próximo día 20 en protesta por las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La protesta se alza contra medidas como las nuevas tasas judiciales o la reforma del Consejo General del Poder Judicial, así como los cambios en el Registro Civil. Apoyan la huelga la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente.
Los portavoces de estas asociaciones señalaron ayer en rueda de prensa que cuentan para la convocatoria con el apoyo mayoritario de jueces y fiscales, ya que sus asociaciones suman una mayoría de los asociados y porque las juntas de jueces y fiscales han apoyado sus reivindicaciones. Asimismo, recordaron el apoyo a la convocatoria manifestado por el Consejo General de la Abogacía y por las asociaciones de jueces y fiscales y otros funcionarios, es decir, por el sector judicial en su conjunto de modo mayoritario.
Sin embargo, esta jornada de huelga no goza del apoyo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que lamentó la convocatoria al asegurar que se trata de una medida que 'carece del apoyo de todos', si bien ha expresado su respeto por esta decisión. En un contexto difícil, afirmó la asociación en un comunicado, la ciudadanía espera que 'gestionemos con responsabilidad el interés público que se nos ha confiado y que lo hagamos con absoluta independencia y rabiosamente comprometidos con el Estado de Derecho'.
La huelga se convoca contra las medidas de reforma del CGPJ, las nuevas tasas judiciales, la reforma 'privatizadora' del registro civil, entre otras medidas, junto a la privación de medios y personal suficientes para la Justicia. Todo ello supone privar a este poder de su capacidad para luchar contra la corrupción, denuncian los convocantes. Los portavoces judiciales consideraron que la reforma del CGPJ implicará que el Ejecutivo se arrogue para sí el gobierno de los jueces, lo que supone una crisis institucional que cuestiona la separación de poderes.
Los portavoces de estas asociaciones señalaron ayer en rueda de prensa que cuentan para la convocatoria con el apoyo mayoritario de jueces y fiscales, ya que sus asociaciones suman una mayoría de los asociados y porque las juntas de jueces y fiscales han apoyado sus reivindicaciones. Asimismo, recordaron el apoyo a la convocatoria manifestado por el Consejo General de la Abogacía y por las asociaciones de jueces y fiscales y otros funcionarios, es decir, por el sector judicial en su conjunto de modo mayoritario.
Sin embargo, esta jornada de huelga no goza del apoyo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que lamentó la convocatoria al asegurar que se trata de una medida que 'carece del apoyo de todos', si bien ha expresado su respeto por esta decisión. En un contexto difícil, afirmó la asociación en un comunicado, la ciudadanía espera que 'gestionemos con responsabilidad el interés público que se nos ha confiado y que lo hagamos con absoluta independencia y rabiosamente comprometidos con el Estado de Derecho'.
La huelga se convoca contra las medidas de reforma del CGPJ, las nuevas tasas judiciales, la reforma 'privatizadora' del registro civil, entre otras medidas, junto a la privación de medios y personal suficientes para la Justicia. Todo ello supone privar a este poder de su capacidad para luchar contra la corrupción, denuncian los convocantes. Los portavoces judiciales consideraron que la reforma del CGPJ implicará que el Ejecutivo se arrogue para sí el gobierno de los jueces, lo que supone una crisis institucional que cuestiona la separación de poderes.
