- El Juez Castro pide datos sobre supuesta reunión del Duque consorte y Torres con Camps y Barberá en Zarzuela
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha incorporado a la causa las diez últimas declaraciones de la renta del marido de la Infanta, Iñaki Urdangarin, que la Agencia Tributaria (AEAT) ha entregado al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, si bien por el momento no ha unido al caso las de la Infanta Cristina a la espera de resolver los recursos interpuestos contra esta diligencia.
Mediante una providencia dictada por el magistrado en el marco de estas investigaciones a la que ha tenido acceso Europa Press, de este modo el magistrado da cuenta a las partes de la documentación entregada por Hacienda, tras solicitar a la AEAT las declaraciones de los últimos diez años a petición del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular. Una medida a la que se han opuesto tanto el Duque como su mujer a través de sendos recursos de reforma.
En la resolución por la que cursó la solicitud a Hacienda, el juez justificaba que el auto por el que imputó a la hija del Rey Don Juan Carlos tenía 'plena vigencia' de cara a acordar nuevas diligencias de investigación en torno a la Infanta, por lo que nada impedía 'que se puedan llevar a cabo las que 'se estimen oportunas'.
No obstante, después de que la Audiencia Provincial de Baleares haya estimado parcialmente los recursos de apelación presentados contra el encausamiento de la Infanta, por lo que ha sido dejada sin efecto su citación como imputada en el marco del caso Nóos, el juez no tiene previsto adoptar por el momento ninguna resolución sobre la Duquesa de Palma hasta no tener notificado el reciente auto del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia.
TORRES ASEGURA QUE EL ENCUENTRO SIRVIÓ PARA NEGOCIAR EL VALENCIA SUMMIT
Por otra parte, el juez Castro ha requerido a Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, que aporte datos sobre la supuesta reunión que, según señaló en su declaración como imputado del pasado mes de febrero, mantuvieron ambos exresponsables del Instituto Nóos con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de la capital levantina, Rita Barberá.
Así consta en la providencia citada anteriormente, mediante la que solicita a la defensa de Torres que informe sobre si al encuentro asistieron otras personas y en calidad de qué lo hicieron, los temas que se abordaron, la intervención de cada uno de los participantes y si fueron sometidos a algún tipo de control o registro.
Según aseguró Torres en su comparecencia, tanto Urdangarin como él mismo negociaron en el Palacio de la Zarzuela la celebración del foro deportivo Valencia Summit, por cuyas tres ediciones Nóos percibió unos tres millones de euros públicos. Asimismo detalló que, tras el encuentro, el Duque consorte presentó una lista de sociedades que podían patrocinar el evento. La reunión fue sin embargo negada por Urdangarin.
Aun así, el juez quiere conocer el día y la hora en que habría tenido la reunión, así como si la asistencia de Camps y Barberá coincidió con algún acto oficial, en la medida en que a Torres 'le sea posible' aportar todos estos datos solicitados y 'sin merma de sus derechos como imputado'.
Además, según uno de los correos aportados a la causa por Torres, el exjugador de balonmano recurrió a la ayuda del Rey Don Juan Carlos tan sólo dos días después de firmarse el convenio para la preparación del Valencia Summit, de lo que se deduciría la antelación con la que esta entidad habría comenzado a trabajar en el proyecto sin que el acuerdo aún estuviese firmado.
En concreto, el correo que el imputado remitió al Monarca para solicitar su mediación está fechado el 10 de septiembre de 2004, mientras que el convenio fue suscrito el día 8. Es más, en el email, Urdangarin alude a una conversación mantenida anteriormente con su suegro en el que le anticipaba de qué forma se desarrollaría la cumbre internacional.
Según los investigadores, Nóos ya comenzó a trabajar en la organización del evento 'mucho antes' de que el convenio fuese suscrito, lo que evidencia, a su juicio, que la concertación de la Administración pública con la entidad presidida entonces por el Duque 'ya estaba verbal y anticipadamente decidida', tal y como se recoge en uno de los autos dictados por el juez instructor del caso en el marco de esta causa.
Es más, la Fiscalía sostiene que los firmantes del acuerdo -el Instituto Nóos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau- rubricaron el documento 'sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, discusión o negociación, y que Nóos 'ni tan siquiera se molestase en tratar de esbozar' el presupuesto del que sería beneficiario.
Mediante una providencia dictada por el magistrado en el marco de estas investigaciones a la que ha tenido acceso Europa Press, de este modo el magistrado da cuenta a las partes de la documentación entregada por Hacienda, tras solicitar a la AEAT las declaraciones de los últimos diez años a petición del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular. Una medida a la que se han opuesto tanto el Duque como su mujer a través de sendos recursos de reforma.
En la resolución por la que cursó la solicitud a Hacienda, el juez justificaba que el auto por el que imputó a la hija del Rey Don Juan Carlos tenía 'plena vigencia' de cara a acordar nuevas diligencias de investigación en torno a la Infanta, por lo que nada impedía 'que se puedan llevar a cabo las que 'se estimen oportunas'.
No obstante, después de que la Audiencia Provincial de Baleares haya estimado parcialmente los recursos de apelación presentados contra el encausamiento de la Infanta, por lo que ha sido dejada sin efecto su citación como imputada en el marco del caso Nóos, el juez no tiene previsto adoptar por el momento ninguna resolución sobre la Duquesa de Palma hasta no tener notificado el reciente auto del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia.
TORRES ASEGURA QUE EL ENCUENTRO SIRVIÓ PARA NEGOCIAR EL VALENCIA SUMMIT
Por otra parte, el juez Castro ha requerido a Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, que aporte datos sobre la supuesta reunión que, según señaló en su declaración como imputado del pasado mes de febrero, mantuvieron ambos exresponsables del Instituto Nóos con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de la capital levantina, Rita Barberá.
Así consta en la providencia citada anteriormente, mediante la que solicita a la defensa de Torres que informe sobre si al encuentro asistieron otras personas y en calidad de qué lo hicieron, los temas que se abordaron, la intervención de cada uno de los participantes y si fueron sometidos a algún tipo de control o registro.
Según aseguró Torres en su comparecencia, tanto Urdangarin como él mismo negociaron en el Palacio de la Zarzuela la celebración del foro deportivo Valencia Summit, por cuyas tres ediciones Nóos percibió unos tres millones de euros públicos. Asimismo detalló que, tras el encuentro, el Duque consorte presentó una lista de sociedades que podían patrocinar el evento. La reunión fue sin embargo negada por Urdangarin.
Aun así, el juez quiere conocer el día y la hora en que habría tenido la reunión, así como si la asistencia de Camps y Barberá coincidió con algún acto oficial, en la medida en que a Torres 'le sea posible' aportar todos estos datos solicitados y 'sin merma de sus derechos como imputado'.
Además, según uno de los correos aportados a la causa por Torres, el exjugador de balonmano recurrió a la ayuda del Rey Don Juan Carlos tan sólo dos días después de firmarse el convenio para la preparación del Valencia Summit, de lo que se deduciría la antelación con la que esta entidad habría comenzado a trabajar en el proyecto sin que el acuerdo aún estuviese firmado.
En concreto, el correo que el imputado remitió al Monarca para solicitar su mediación está fechado el 10 de septiembre de 2004, mientras que el convenio fue suscrito el día 8. Es más, en el email, Urdangarin alude a una conversación mantenida anteriormente con su suegro en el que le anticipaba de qué forma se desarrollaría la cumbre internacional.
Según los investigadores, Nóos ya comenzó a trabajar en la organización del evento 'mucho antes' de que el convenio fuese suscrito, lo que evidencia, a su juicio, que la concertación de la Administración pública con la entidad presidida entonces por el Duque 'ya estaba verbal y anticipadamente decidida', tal y como se recoge en uno de los autos dictados por el juez instructor del caso en el marco de esta causa.
Es más, la Fiscalía sostiene que los firmantes del acuerdo -el Instituto Nóos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau- rubricaron el documento 'sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, discusión o negociación, y que Nóos 'ni tan siquiera se molestase en tratar de esbozar' el presupuesto del que sería beneficiario.
