La inspectora de la Agencia Trubutaria afirmó que nunca se sintió presionada, ni recibió directrices

El juez no prevé cambios en la imputación de la infanta

Los inspectores de Hacienda que acudieron a declarar llegan a la Audiencia de Palma. (Foto: MONTSERRAT DÍEZ)
El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, aseguró tras finalizar ayer las declaraciones de varios inspectores de Hacienda, empresarios y un perito que 'en principio' no prevé ningún cambio respecto a la imputación de la infanta Cristina hasta que comparezca a prestar declaración el próximo 8 de febrero.
Dos inspectores de la Agencia Tributaria que han comparecido como peritos ratificaron los informes elaborados durante la instrucción, en los que apuntan indicios de delito fiscal por parte de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, pero no por parte de la infanta Cristina. Explicaron que no aprecian delito fiscal en la actuación de la duquesa de Palma en ningún momento, como tampoco respecto a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, porque quien dirigía y gestionaba el entramado empresarial era su marido.

Según fuentes jurídicas, los peritos han incidido en que no existe un delito fiscal en el impuesto de sociedades de Aizoon, tanto si se tienen en cuenta como deducibles tres facturas por importe de 69.990 euros, como si no se aceptan como gastos. Los inspectores consideran que Aizoon es una sociedad pantalla que no existe como empresa autónoma, sino como parte del entramado societario de Nóos, y que dichas facturas enmascaran el reparto de ingresos al 50 % entre Urdangarin y Torres, llevado a cabo prácticamente al céntimo entre ambos. Han explicado que existe una equivalencia precisa entre las facturas libradas entre las sociedades y los incrementos patrimoniales de Urdangarin y Torres.


SIN PRESIONES

Los peritos han señalado que no recibieron presiones durante la elaboración de los informes sobre Aizoon y la infanta Cristina, han recordado que trabajaban bajo las directrices del juez instructor y que de haber recibido algún tipo de presión hubieran informado al magistrado porque estaban bajo su tutela.

Sin embargo, el perito que elaboró un informe para el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha señalado que aprecia indicios de un posible delito fiscal de la infanta como cooperadora necesaria con su marido en el fraude en la tributación del IRPF. Dicho delito derivaría de que habría permitido a Urdangarin utilizar Aizoon para cobrar ingresos personales como asesor de hasta siete empresas, que debería haber declarado en su IRPF.

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