El PSOE e Izquierda Unida tacharon ayer de 'represivo' y de 'mordaza' el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que avanzó el Gobierno y contra el que IU se movilizará, aunque Interior vio 'apresuradas' las críticas a un texto en fase 'muy preliminar' y para el queda 'mucho debate' aún.
Mientras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), también la más representativa en el instituto armado, observaron algunas 'lagunas' y reprocharon a Interior que la propuesta rebaje la protección a los agentes.
Son las reacciones que suscitó un día después la difusión de las líneas generales del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que multará con hasta 600.000 euros las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, como el Congreso o el Senado, aunque en ese momento no tengan actividad, o los escraches. Además, sancionará con multas de entre 1.001 y 30.000 euros insultar o injuriar a los agentes o alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
Interior prevé también, entre otras sanciones administrativas, multar a los clientes y prostitutas que ejerzan esa actividad en zonas donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial.
LAS PRIMERAS REACCIONES
Fue el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien salió al paso de las críticas, que tildó de 'apresuradas', ya que el texto está en fase 'muy preliminar'. 'Si estamos diciendo que el derecho penal es el último estadio, el hecho de que algunas conductas salgan de esa norma y sean infracciones administrativas a priori no se me ocurre que sea una medida reaccionaria', sostuvo.
Pero para el Partido Socialista, se trata de una 'represión ciudadana' impropia de un sistema democrático. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, acusó al Gobierno de pretender 'castigar' a los ciudadanos por conductas que los jueces no consideran delictivas. 'Que el Partido Popular no cuente con nosotros para nada. Sólo tendrá enfrente la oposición clara y rotunda de los socialistas', advirtió.
La Izquierda Plural en el Congreso, por su parte, prometió movilizaciones contra el anteproyecto para que la ley 'nazca muerta'.
Si la ley Corcuera -aprobada en 1992 y anulada un año después por el Tribunal Constitucional- era también conocida como la 'ley de la patada en la puerta', la del Gobierno de Mariano Rajoy es la 'ley de la patada en la boca a la democracia', dijo el diputado de ICV Joan Coscubiela.
Al portavoz del PNV en la Cámara, Aitor Esteban, le llama la atención 'la cantidad' de las sanciones pecuniarias que se están proponiendo y que son 'un tanto exageradas'.
'Yo creo que el mejor blindaje de las instituciones viene por la adhesión ciudadana hacia ellas y no tanto por las medidas policiales que se puedan implantar', subrayó.
Por parte de las fuerzas de seguridad, el portavoz del SUP, José María Benito, lamentó que los agentes estarán menos protegidos con, ya que la mayoría de las multas que se incluirán en ella tenían penas de cárcel en el Código Penal.
Por el contrario, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, resaltó la 'gran sensibilidad' de Interior.
El colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas Hetaira también se pronunció y dijo que la iniciativa criminalizará a las trabajadoras del sexo y las dejará en una situación de 'aún mayor vulnerabilidad'.
Todo lo contrario que las asociaciones de comerciantes del centro de Madrid, que aplaudieron esta iniciativa, así como que se multe con hasta 30.000 euros a los conductores de 'cundas' o taxis de la droga.
Son las reacciones que suscitó un día después la difusión de las líneas generales del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que multará con hasta 600.000 euros las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, como el Congreso o el Senado, aunque en ese momento no tengan actividad, o los escraches. Además, sancionará con multas de entre 1.001 y 30.000 euros insultar o injuriar a los agentes o alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
Interior prevé también, entre otras sanciones administrativas, multar a los clientes y prostitutas que ejerzan esa actividad en zonas donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial.
LAS PRIMERAS REACCIONES
Fue el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien salió al paso de las críticas, que tildó de 'apresuradas', ya que el texto está en fase 'muy preliminar'. 'Si estamos diciendo que el derecho penal es el último estadio, el hecho de que algunas conductas salgan de esa norma y sean infracciones administrativas a priori no se me ocurre que sea una medida reaccionaria', sostuvo.
Pero para el Partido Socialista, se trata de una 'represión ciudadana' impropia de un sistema democrático. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, acusó al Gobierno de pretender 'castigar' a los ciudadanos por conductas que los jueces no consideran delictivas. 'Que el Partido Popular no cuente con nosotros para nada. Sólo tendrá enfrente la oposición clara y rotunda de los socialistas', advirtió.
La Izquierda Plural en el Congreso, por su parte, prometió movilizaciones contra el anteproyecto para que la ley 'nazca muerta'.
Si la ley Corcuera -aprobada en 1992 y anulada un año después por el Tribunal Constitucional- era también conocida como la 'ley de la patada en la puerta', la del Gobierno de Mariano Rajoy es la 'ley de la patada en la boca a la democracia', dijo el diputado de ICV Joan Coscubiela.
Al portavoz del PNV en la Cámara, Aitor Esteban, le llama la atención 'la cantidad' de las sanciones pecuniarias que se están proponiendo y que son 'un tanto exageradas'.
'Yo creo que el mejor blindaje de las instituciones viene por la adhesión ciudadana hacia ellas y no tanto por las medidas policiales que se puedan implantar', subrayó.
Por parte de las fuerzas de seguridad, el portavoz del SUP, José María Benito, lamentó que los agentes estarán menos protegidos con, ya que la mayoría de las multas que se incluirán en ella tenían penas de cárcel en el Código Penal.
Por el contrario, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, resaltó la 'gran sensibilidad' de Interior.
El colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas Hetaira también se pronunció y dijo que la iniciativa criminalizará a las trabajadoras del sexo y las dejará en una situación de 'aún mayor vulnerabilidad'.
Todo lo contrario que las asociaciones de comerciantes del centro de Madrid, que aplaudieron esta iniciativa, así como que se multe con hasta 30.000 euros a los conductores de 'cundas' o taxis de la droga.
