Los principales sindicatos policiales están divididos sobre las repercusiones de la Ley de Seguridad Privada, ya que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera 'una barbaridad' la extensión de funciones de los vigilantes de seguridad mientras la Confederación Española de Policía (CEP) ve 'acertada' la reforma.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, calificó esta ley como 'una auténtica barbaridad'. En su opinión, permitir a los vigilantes privados 'patrullar' y asumir otras competencias propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supone un cambio que sólo beneficia a las empresas de seguridad privada.
Además, hizo hincapié en que con la nueva ley los vigilantes privados pasarán de colaborar con la Policía a 'hacer de agentes', y más bien serán los efectivos policiales los que se convertirían en 'colaboradores' de los vigilantes privados.
Para el SUP, otro punto polémico de la ley es que se autorizan las cesiones de datos del Estado y de 'bases de datos oficiales sujetas a un férreo control', para ponerse a disposición de empresas sin saber con qué objetivo. En cambio, el secretario de comunicación de la Confederación Española de Policía (CEP), Antonio Labrado, ve 'acertada' esta modificación de la Ley de Seguridad Privada. Según Labrado, los vigilantes 'sólo pueden detener en el ámbito de su protección', así que negó que con la ley exista un 'traspaso de las competencias policiales'.
'COMO EN LA SANIDAD'
Por su parte, el portavoz nacional de la AUGC, Juan Antonio Delgado, denunció que el Gobierno está haciendo con la seguridad lo mismo que con la sanidad, usar la 'excusa de la crisis' para recortar funcionarios y reemplazarlos por trabajadores privados con sueldos 'precarios'. Según sus datos, en los últimos años Policía Nacional y Guardia Civil están sufriendo jubilaciones a un ritmo de unas 4.000 al año, mientras que sólo se convocan unas 500 plazas nuevas.
La AUGC considera especialmente preocupante que con la futura ley los vigilantes de seguridad puedan detener e identificar, subrayando que detener es 'privar a una persona de un derecho fundamental' y no se debería dar 'esa potestad a empresas privadas'. También advirtió de que introducir a la seguridad privada en el 'laberinto policial español' -con hasta cinco cuerpos de Seguridad incluyendo policías autonómicas- generará 'riesgo de mayor descoordinación'. Según explicó, la asociación se reunió con portavoces de prácticamente todos los grupos parlamentarios y se opuso 'rotundamente' a dar a los vigilantes de seguridad el carácter de 'agente de autoridad', una figura que a su juicio debería ser 'muchísimo más restrictiva'.
Además, hizo hincapié en que con la nueva ley los vigilantes privados pasarán de colaborar con la Policía a 'hacer de agentes', y más bien serán los efectivos policiales los que se convertirían en 'colaboradores' de los vigilantes privados.
Para el SUP, otro punto polémico de la ley es que se autorizan las cesiones de datos del Estado y de 'bases de datos oficiales sujetas a un férreo control', para ponerse a disposición de empresas sin saber con qué objetivo. En cambio, el secretario de comunicación de la Confederación Española de Policía (CEP), Antonio Labrado, ve 'acertada' esta modificación de la Ley de Seguridad Privada. Según Labrado, los vigilantes 'sólo pueden detener en el ámbito de su protección', así que negó que con la ley exista un 'traspaso de las competencias policiales'.
'COMO EN LA SANIDAD'
Por su parte, el portavoz nacional de la AUGC, Juan Antonio Delgado, denunció que el Gobierno está haciendo con la seguridad lo mismo que con la sanidad, usar la 'excusa de la crisis' para recortar funcionarios y reemplazarlos por trabajadores privados con sueldos 'precarios'. Según sus datos, en los últimos años Policía Nacional y Guardia Civil están sufriendo jubilaciones a un ritmo de unas 4.000 al año, mientras que sólo se convocan unas 500 plazas nuevas.
La AUGC considera especialmente preocupante que con la futura ley los vigilantes de seguridad puedan detener e identificar, subrayando que detener es 'privar a una persona de un derecho fundamental' y no se debería dar 'esa potestad a empresas privadas'. También advirtió de que introducir a la seguridad privada en el 'laberinto policial español' -con hasta cinco cuerpos de Seguridad incluyendo policías autonómicas- generará 'riesgo de mayor descoordinación'. Según explicó, la asociación se reunió con portavoces de prácticamente todos los grupos parlamentarios y se opuso 'rotundamente' a dar a los vigilantes de seguridad el carácter de 'agente de autoridad', una figura que a su juicio debería ser 'muchísimo más restrictiva'.
