Representantes de más de 300 familias españolas recurrierron ayer ante el Tribunal Supremo la reforma de la Ley de Dependencia y reclamaron que se anule el real decreto que la modificó al entender que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Así lo manifestó el portavoz de la Asociación por los Derechos Civiles de la Discapacidad y sus Familias, Antonio Moreno, tras presentar el recurso en el registro del Alto Tribunal, quien señaló su 'decepción' por el hecho de que 'ni la oposición ni los diputados que nos intentan representar se hayan puesto de acuerdo para interponer el recurso', siendo ellos 'los que tienen la legitimidad para hacerlo'.
Tras lamentar que ni políticos ni otras asociaciones decidieran recurrir, explicó que desde la asociación 'buscamos que se anule el decreto porque una cuestión son los derechos adquiridos que tienen las familias antes del real decreto y otra cuestión es las familias de nueva incorporación' a las que sí se les puede aplicar esa reforma.
Esta asociación explicó ayer que la 'estrategia' de la asociación para paralizar la aplicación del decreto por el que se reformó la Ley de Dependencia consiste en dos vías.
La primera es el recurso interpuesto ayer ante el Tribunal Supremo y la segunda 'el recurso que cada familia haga para que se paralice su expediente'. Según el portavoz, el recurso, del que la asociación no facilitó copia, plantea que la reforma de la Ley de Dependencia vulnera derechos y deberes consagrados en el título primero de la Constitución, concretamente en los artículos 14, 31, 33 y 39.
Moreno indicó que se trata de 'evitar la aplicación del decreto de medidas excepcionales en el título 3 y a partir del artículo 22 y en todas las disposiciones adicionales y finales en tanto afecta a la Ley de Dependencia y a la disminución de ingresos en el tema de la Seguridad Social de personasdependientes'.
El portavoz señaló que a raíz de la aprobación del decreto pidieron amparo a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, 'para que interpusiera ese recurso, pero dio la callada por respuesta'. El pasado 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Dependencia, que supone una bajada de un 15% de la paga a los cuidadoress, a los que se exigirá unos conocimiento para concederles la asignación.
Con la reforma desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el nivel, seguirán manteniéndolo.
Tras lamentar que ni políticos ni otras asociaciones decidieran recurrir, explicó que desde la asociación 'buscamos que se anule el decreto porque una cuestión son los derechos adquiridos que tienen las familias antes del real decreto y otra cuestión es las familias de nueva incorporación' a las que sí se les puede aplicar esa reforma.
Esta asociación explicó ayer que la 'estrategia' de la asociación para paralizar la aplicación del decreto por el que se reformó la Ley de Dependencia consiste en dos vías.
La primera es el recurso interpuesto ayer ante el Tribunal Supremo y la segunda 'el recurso que cada familia haga para que se paralice su expediente'. Según el portavoz, el recurso, del que la asociación no facilitó copia, plantea que la reforma de la Ley de Dependencia vulnera derechos y deberes consagrados en el título primero de la Constitución, concretamente en los artículos 14, 31, 33 y 39.
Moreno indicó que se trata de 'evitar la aplicación del decreto de medidas excepcionales en el título 3 y a partir del artículo 22 y en todas las disposiciones adicionales y finales en tanto afecta a la Ley de Dependencia y a la disminución de ingresos en el tema de la Seguridad Social de personasdependientes'.
El portavoz señaló que a raíz de la aprobación del decreto pidieron amparo a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, 'para que interpusiera ese recurso, pero dio la callada por respuesta'. El pasado 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Dependencia, que supone una bajada de un 15% de la paga a los cuidadoress, a los que se exigirá unos conocimiento para concederles la asignación.
Con la reforma desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el nivel, seguirán manteniéndolo.
