La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, impuso fianzas de responsabilidad civil que suman en total 410 millones de euros para nueve imputados en la causa, destacando los 38 millones de euros que impone al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, frente a los 145 solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, o los 111,7 millones impuestos a tres exdirectivos de Vitalia, María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín.
La juez Mercedes Alaya, en un auto, acuerda imponer distintas fianzas a nueve de los 22 últimos imputados, pese a que se está produciendo una 'vorágine de información' por parte de la Guardia Civil y los bancos que 'solo puede justificar un incremento de las mismas' según avance la investigación.
La magistrada justifica estas fianzas, que deben responder de las futuras responsabilidades civiles y multas, por el 'negocio enormemente rentable para Vitalia' en que se habían convertido las pólizas de renta colectiva financiadas por la Junta y las'comisiones elevadísimas' que cobraba.
Mediante una 'arbitraria' adjudicación a Vitalia de dichas pólizas, sin concurso público y durante diez años, no solo Lanzas obtenía 'suculentos beneficios', sino que las sobrecomisiones millonarias se utilizaban para gratificar 'de manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la Administración, como en este caso al director general de Trabajo' Francisco Javier Guerrero, añade Alaya.
En cuanto a la cúpula de Vitalia que integraban Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín, el auto fija su fianza civil en 111 millones de euros, cantidad alcanzada de sumar el 35 por ciento de los 217 millones de euros a que ascendieron las primas pagadas por la Junta de Andalucía y el dinero que pagaron a Juan Lanzas.
Respecto a Lanzas, la cantidad de 38 millones de euros se alcanza mediante lo cobrado por los 'intrusos' en el ERE de Hitemasa, entre ellos él mismo y su esposa, y la inclusión de dos cuñados suyos en el ERE de Dhul, donde tampoco trabajaron.
'INCLUIR INTRUSOS'
Además, Alaya incluye entre la futura responsabilidad de Lanzas haber incluido como 'intrusos' a la esposa de un sindicalista de Hijos de Andrés Molina y a otros dos en la empresa Aglomerados Morell, además de Carmen Fontela en el restaurante Rio Grande de Sevilla y las comisiones que cobró de Vitalia.
A Patrocino Sierra, esposa de Lanzas, la juez le impone una fianza de 14 millones por los beneficios percibidos por ella misma, sus cuñados y porque 'conociendo el ilícito origen de los ingresos de su marido', se concertó con él para incorporarlos al tráfico legal y comprar cinco inmuebles.
El auto también acuerda embargar a todos los imputados varias propiedades, entre ellas once fincas al matrimonio Lanzas-Sierra y doce inmuebles a Albarracín y su esposa, María José Marcos, a quien le impone una fianza de cinco millones. En cuanto al extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo deberá depositar una fianza civil de 15 millones.
La magistrada justifica estas fianzas, que deben responder de las futuras responsabilidades civiles y multas, por el 'negocio enormemente rentable para Vitalia' en que se habían convertido las pólizas de renta colectiva financiadas por la Junta y las'comisiones elevadísimas' que cobraba.
Mediante una 'arbitraria' adjudicación a Vitalia de dichas pólizas, sin concurso público y durante diez años, no solo Lanzas obtenía 'suculentos beneficios', sino que las sobrecomisiones millonarias se utilizaban para gratificar 'de manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la Administración, como en este caso al director general de Trabajo' Francisco Javier Guerrero, añade Alaya.
En cuanto a la cúpula de Vitalia que integraban Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín, el auto fija su fianza civil en 111 millones de euros, cantidad alcanzada de sumar el 35 por ciento de los 217 millones de euros a que ascendieron las primas pagadas por la Junta de Andalucía y el dinero que pagaron a Juan Lanzas.
Respecto a Lanzas, la cantidad de 38 millones de euros se alcanza mediante lo cobrado por los 'intrusos' en el ERE de Hitemasa, entre ellos él mismo y su esposa, y la inclusión de dos cuñados suyos en el ERE de Dhul, donde tampoco trabajaron.
'INCLUIR INTRUSOS'
Además, Alaya incluye entre la futura responsabilidad de Lanzas haber incluido como 'intrusos' a la esposa de un sindicalista de Hijos de Andrés Molina y a otros dos en la empresa Aglomerados Morell, además de Carmen Fontela en el restaurante Rio Grande de Sevilla y las comisiones que cobró de Vitalia.
A Patrocino Sierra, esposa de Lanzas, la juez le impone una fianza de 14 millones por los beneficios percibidos por ella misma, sus cuñados y porque 'conociendo el ilícito origen de los ingresos de su marido', se concertó con él para incorporarlos al tráfico legal y comprar cinco inmuebles.
El auto también acuerda embargar a todos los imputados varias propiedades, entre ellas once fincas al matrimonio Lanzas-Sierra y doce inmuebles a Albarracín y su esposa, María José Marcos, a quien le impone una fianza de cinco millones. En cuanto al extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo deberá depositar una fianza civil de 15 millones.
