El juzgado estadounidense encargado del caso del español Pablo Ibar tiene fijada mañana una audiencia para decidir si acepta o desestima la petición del abogado defensor de repetir el juicio en el que su cliente fue condenado a muerte por un triple asesinato cometido en 1994.
Jeffrey R. Levenson, juez encargado del caso en un tribunal de Fort Lauderdale (al norte de Miami) 'no ha aplazado' la audiencia prevista para mañana, miércoles, 'pero podría hacerlo una vez que estemos en el Tribunal', dijo hoy a Efe Benjamin Waxman, abogado de Ibar, que está en el corredor de la muerte desde el 2000.
Levenson ha aplazado ya en dos ocasiones su pronunciamiento en un tribunal de Fort Lauderdale (al norte de Miami) sobre la moción presentada por Waxman, con el argumento de que necesitaba más tiempo para analizar en profundidad las pruebas presentadas por la defensa.
De ser favorable el fallo a la petición del letrado, esto supondría la anulación de la condena y sentencia de muerte a Ibar, que se encuentra desde el año 2000 en el penal de Raiford, en Starke (norte de Florida).
Ibar, quien también tiene la nacionalidad estadounidense, ha mantenido categóricamente su inocencia desde el primer día que fue identificado como sospechoso del triple asesinato, sin que ninguna prueba física le conecte con el asesinato de Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y dos mujeres, Sharon Anderson y Marie Rodgers.
El triple asesinato fue cometido en una residencia de la localidad de Miramar y captado por una cámara de seguridad cuyas imágenes de vídeo, 'borrosas y de pobre calidad', no ofrecían fiabilidad para identificar a la persona que aparece, según testificó un experto facial en la audiencia de 2009.
De hecho, en opinión del experto en análisis forense de imágenes, el británico Raymond Evans, la 'deficiencia' del vídeo y los fotogramas es tal que en 'Gran Bretaña no se habría permitido su uso para una identificación positiva'.
La prueba del vídeo del crimen fue utilizada por el Estado como 'pieza central' para solicitar la pena máxima en el juicio en el que Ibar fue representado por un abogado de oficio, Kayo Morgan.
Otra línea argumental de la defensa es el reconocimiento expreso que hizo en una audiencia de 2009 Kayo Morgan de que la defensa que realizó fue muy deficiente y que cometió graves errores en su ejercicio.
En ese sentido, Waxman asegura en el documento que entregó al tribunal que 'hay una probabilidad razonable de que si se hubiese presentado le testimonio de un experto, el jurado podría bien haber tenido dudas razonables sobre la culpabilidad de Ibar'.
De ello culpa a Morgan, quien, aun siendo 'plenamente consciente' de la trascendencia de contar con un experto facial o antropólogo forense, incumplió con las obligaciones de su ejercicio.
El mismo Morgan admitió en las vistas judiciales de 2009 que su asistencia legal fue muy deficiente porque atravesaba un complicado período de su vida por los problemas de su esposa, que era drogadicta, así como por su mala salud, con continuos problemas de 'depresión, neumonía, insomnio, asma, bronquitis y fatiga, entre otros'.
Waxman considera, por tanto, que los derechos constitucionales de Ibar no fueron respetados, no contó con una defensa letrada eficaz y no tuvo un juicio justo.
'Claramente, el fallo de Morgan en procurar y presentar un testigo en identificación facial fue el resultado de su incompetencia, descuido o negligencia, nunca por una decisión táctica', aseguró con contundencia Waxman.
Si el fallo es favorable a los argumentos de la defensa de Ibar, el Estado puede apelar ante una instancia superior como el Tribunal Supremo de Florida o de Estados Unidos.
Levenson ha aplazado ya en dos ocasiones su pronunciamiento en un tribunal de Fort Lauderdale (al norte de Miami) sobre la moción presentada por Waxman, con el argumento de que necesitaba más tiempo para analizar en profundidad las pruebas presentadas por la defensa.
De ser favorable el fallo a la petición del letrado, esto supondría la anulación de la condena y sentencia de muerte a Ibar, que se encuentra desde el año 2000 en el penal de Raiford, en Starke (norte de Florida).
Ibar, quien también tiene la nacionalidad estadounidense, ha mantenido categóricamente su inocencia desde el primer día que fue identificado como sospechoso del triple asesinato, sin que ninguna prueba física le conecte con el asesinato de Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y dos mujeres, Sharon Anderson y Marie Rodgers.
El triple asesinato fue cometido en una residencia de la localidad de Miramar y captado por una cámara de seguridad cuyas imágenes de vídeo, 'borrosas y de pobre calidad', no ofrecían fiabilidad para identificar a la persona que aparece, según testificó un experto facial en la audiencia de 2009.
De hecho, en opinión del experto en análisis forense de imágenes, el británico Raymond Evans, la 'deficiencia' del vídeo y los fotogramas es tal que en 'Gran Bretaña no se habría permitido su uso para una identificación positiva'.
La prueba del vídeo del crimen fue utilizada por el Estado como 'pieza central' para solicitar la pena máxima en el juicio en el que Ibar fue representado por un abogado de oficio, Kayo Morgan.
Otra línea argumental de la defensa es el reconocimiento expreso que hizo en una audiencia de 2009 Kayo Morgan de que la defensa que realizó fue muy deficiente y que cometió graves errores en su ejercicio.
En ese sentido, Waxman asegura en el documento que entregó al tribunal que 'hay una probabilidad razonable de que si se hubiese presentado le testimonio de un experto, el jurado podría bien haber tenido dudas razonables sobre la culpabilidad de Ibar'.
De ello culpa a Morgan, quien, aun siendo 'plenamente consciente' de la trascendencia de contar con un experto facial o antropólogo forense, incumplió con las obligaciones de su ejercicio.
El mismo Morgan admitió en las vistas judiciales de 2009 que su asistencia legal fue muy deficiente porque atravesaba un complicado período de su vida por los problemas de su esposa, que era drogadicta, así como por su mala salud, con continuos problemas de 'depresión, neumonía, insomnio, asma, bronquitis y fatiga, entre otros'.
Waxman considera, por tanto, que los derechos constitucionales de Ibar no fueron respetados, no contó con una defensa letrada eficaz y no tuvo un juicio justo.
'Claramente, el fallo de Morgan en procurar y presentar un testigo en identificación facial fue el resultado de su incompetencia, descuido o negligencia, nunca por una decisión táctica', aseguró con contundencia Waxman.
Si el fallo es favorable a los argumentos de la defensa de Ibar, el Estado puede apelar ante una instancia superior como el Tribunal Supremo de Florida o de Estados Unidos.
