El fiscal elevó hoy de 19 a 21 años de prisión la pena solicitada para la madre y el padrastro de Alba por intento de asesinato, un delito contra la integridad moral y violencia doméstica, mientras que la abogada de la Generalitat -personada como acusación particular- elevó su petición de 26 a 28 años y medio de cárcel por dos delitos de lesiones -uno de ellos agravado- y malos tratos.
El fiscal también solicitó una indemnización de 1,5 millones de euros para la menor, que, con una discapacidad del 90 por ciento, necesitará siempre ayuda para realizar todas sus actividades cotidianas, como vestirse, asearse o comer. Además, sufre un importante perjuicio estético, ya que a resultas del golpe en la cabeza perdió 'sustancia ósea craneal', es decir, 'le falta literalmente medio cráneo', señaló el fiscal.
Ambos piden la misma pena para los dos procesados porque, si bien pudo ser Francisco Javier P.E. el autor material, Ana María C. permaneció 'impasible' pese a 'tener la obligación de actuar' y de poner fin a los malos tratos que sufría su hija, pues la relación materno-filial 'va más allá del vínculo biológico'. Es por ello que el fiscal también pide que le retiren la patria potestad definitivamente.
'Cierra los ojos a pesar de la absoluta evidencia', afirmó el fiscal, para quien Ana María 'no tenía la sospecha sino el conocimiento' de lo que ocurría, porque 'presenció las vejaciones de las que era objeto su hija'. Así lo explicó a los psicólogos la hermanastra de la menor, Maite, quien también dijo que cuando Alba vomitaba, el acusado hacía salir a Maite y a Ana María de la habitación para hacerle comer sus propios vómitos.
El día de la última paliza, el 4 de marzo de 2006, la mujer dejó a solas a su hija con el procesado con la 'excusa tan absurda como ponerle la chaqueta' y después 'mintió a todo el mundo sobre lo ocurrido', hasta que fue detenida y cambió la versión de la caída de la cama por la de que ella esperaba en la calle cuando bajó Francisco Javier P.E. con Alba en brazos. 'Sabía que había hecho algo mal dejándola a solas con Francisco Javier', afirmó el fiscal.
Además, aunque Ana María C. tenía derecho a no declarar al ser acusada, 'el silencio ante la presencia de indicios incriminatorios es un indicio más en su contra' según la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada por el fiscal, quien calificó a la acusada de 'madre entre comillas'.
El fiscal considera que el relato que ofreció Maite a los psicólogos es 'especialmente espontáneo y que su naturalidad a veces resulta escalofriante', y aún lo hubiera sido más de boca de Alba, recordó la letrada de la Generalitat. La defensa de Francisco Javier P.E., en cambio, esgrimió la grabación realizada por el hermano del procesado como la versión auténtica, en la que la niña corroboró la versión de su padre. No obstante, según los expertos, la niña defendió en primera instancia esta versión porque tenía miedo a su padre, según los especialistas.
Tanto este letrado como el que representa a Ana María C. pidieron la libre absolución de sus representados, si bien calificaron 'la tragedia que ha sufrido Alba' de 'pavorosa' y 'terrible', y las lesiones que padece de 'sobrecogedoras'. 'Eso es así y no tiene vuelta de hoja', afirmó el letrado de Francisco Javier P.E., Juan Córdoba, quien sostuvo que no hay 'ni un solo dato probatorio' contra su cliente.
Una caída de la niña
A su entender, el procesado no agredió a Alba y atribuyó el traumatismo craneoencefálico a una caída que pudo sufrir la menor esa tarde, cuando estuvieron en un parque de atracciones, aunque los forenses aseguraron que el golpe en la cabeza le hizo perder la consciencia de forma inmediata y no horas después. Además, reprochó a la parte acusatoria que 'apunte sigilosamente' el inicio de la convivencia con el inicio de los malos tratos. '¿Quiere ello necesariamente decir que Francisco Javier P.E. causó una brutal paliza a Alba?'
La defensa de Ana María C., José Luis López, sostuvo que su cliente 'ni podía prever, y mucho menos aceptó' la conducta del acusado hacia la niña, y agregó que las 'acusaciones no se sostienen demasiado' porque ni la Policía --a la que Maite le contó lo ocurrido un mes antes de la última paliza-- ni la Generalitat hicieron nada porque entendieron que los 'malos tratos no eran de suficiente gravedad'.
Además, 'se zarandea a una niña porque ha acabado con su paciencia pero no para matarla y no se es consciente de que se la puede matar', agregó el letrado, quien destacó que el juez instructor no explicó a Maite el derecho a no declarar contra su padre, lo que puede generar una situación de indefensión para los procesados.
En su opinión, Ana María C. puede no ser la mejor madre del mundo, pero ella no sabía que Francisco Javier P.E. iba a matar a su hija y, además, llevó a la niña al ambulatorio cuando la vio inconsciente para que recibiera 'asistencia médica gracias a la cual se evitó la muerte' de la menor.
Por eso pidió que, si el tribunal acepta la calificación de intento de asesinato, se le aplique el artículo 16.2 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal por un delito intentado al que evite voluntariamente su consumación, aunque el procesado puede ser condenado si los hechos ejecutados constituyen otro delito o falta.
Tras los alegatos de los abogados, fue el turno de la última palabra de los procesados, un derecho que sólo ejerció Ana María C. para solicitar que le informen periódicamente sobre el estado de salud de su hija. El juicio quedó visto para sentencia.
Ambos piden la misma pena para los dos procesados porque, si bien pudo ser Francisco Javier P.E. el autor material, Ana María C. permaneció 'impasible' pese a 'tener la obligación de actuar' y de poner fin a los malos tratos que sufría su hija, pues la relación materno-filial 'va más allá del vínculo biológico'. Es por ello que el fiscal también pide que le retiren la patria potestad definitivamente.
'Cierra los ojos a pesar de la absoluta evidencia', afirmó el fiscal, para quien Ana María 'no tenía la sospecha sino el conocimiento' de lo que ocurría, porque 'presenció las vejaciones de las que era objeto su hija'. Así lo explicó a los psicólogos la hermanastra de la menor, Maite, quien también dijo que cuando Alba vomitaba, el acusado hacía salir a Maite y a Ana María de la habitación para hacerle comer sus propios vómitos.
El día de la última paliza, el 4 de marzo de 2006, la mujer dejó a solas a su hija con el procesado con la 'excusa tan absurda como ponerle la chaqueta' y después 'mintió a todo el mundo sobre lo ocurrido', hasta que fue detenida y cambió la versión de la caída de la cama por la de que ella esperaba en la calle cuando bajó Francisco Javier P.E. con Alba en brazos. 'Sabía que había hecho algo mal dejándola a solas con Francisco Javier', afirmó el fiscal.
Además, aunque Ana María C. tenía derecho a no declarar al ser acusada, 'el silencio ante la presencia de indicios incriminatorios es un indicio más en su contra' según la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada por el fiscal, quien calificó a la acusada de 'madre entre comillas'.
El fiscal considera que el relato que ofreció Maite a los psicólogos es 'especialmente espontáneo y que su naturalidad a veces resulta escalofriante', y aún lo hubiera sido más de boca de Alba, recordó la letrada de la Generalitat. La defensa de Francisco Javier P.E., en cambio, esgrimió la grabación realizada por el hermano del procesado como la versión auténtica, en la que la niña corroboró la versión de su padre. No obstante, según los expertos, la niña defendió en primera instancia esta versión porque tenía miedo a su padre, según los especialistas.
Tanto este letrado como el que representa a Ana María C. pidieron la libre absolución de sus representados, si bien calificaron 'la tragedia que ha sufrido Alba' de 'pavorosa' y 'terrible', y las lesiones que padece de 'sobrecogedoras'. 'Eso es así y no tiene vuelta de hoja', afirmó el letrado de Francisco Javier P.E., Juan Córdoba, quien sostuvo que no hay 'ni un solo dato probatorio' contra su cliente.
Una caída de la niña
A su entender, el procesado no agredió a Alba y atribuyó el traumatismo craneoencefálico a una caída que pudo sufrir la menor esa tarde, cuando estuvieron en un parque de atracciones, aunque los forenses aseguraron que el golpe en la cabeza le hizo perder la consciencia de forma inmediata y no horas después. Además, reprochó a la parte acusatoria que 'apunte sigilosamente' el inicio de la convivencia con el inicio de los malos tratos. '¿Quiere ello necesariamente decir que Francisco Javier P.E. causó una brutal paliza a Alba?'
La defensa de Ana María C., José Luis López, sostuvo que su cliente 'ni podía prever, y mucho menos aceptó' la conducta del acusado hacia la niña, y agregó que las 'acusaciones no se sostienen demasiado' porque ni la Policía --a la que Maite le contó lo ocurrido un mes antes de la última paliza-- ni la Generalitat hicieron nada porque entendieron que los 'malos tratos no eran de suficiente gravedad'.
Además, 'se zarandea a una niña porque ha acabado con su paciencia pero no para matarla y no se es consciente de que se la puede matar', agregó el letrado, quien destacó que el juez instructor no explicó a Maite el derecho a no declarar contra su padre, lo que puede generar una situación de indefensión para los procesados.
En su opinión, Ana María C. puede no ser la mejor madre del mundo, pero ella no sabía que Francisco Javier P.E. iba a matar a su hija y, además, llevó a la niña al ambulatorio cuando la vio inconsciente para que recibiera 'asistencia médica gracias a la cual se evitó la muerte' de la menor.
Por eso pidió que, si el tribunal acepta la calificación de intento de asesinato, se le aplique el artículo 16.2 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal por un delito intentado al que evite voluntariamente su consumación, aunque el procesado puede ser condenado si los hechos ejecutados constituyen otro delito o falta.
Tras los alegatos de los abogados, fue el turno de la última palabra de los procesados, un derecho que sólo ejerció Ana María C. para solicitar que le informen periódicamente sobre el estado de salud de su hija. El juicio quedó visto para sentencia.
