El abogado de Miguel Montes Neiro, considerado el preso común más antiguo de España al sumar desde 1976 una veintena de condenas, solicitará al Gobierno el indulto de su cliente por razones humanitarias relacionadas con su estado de salud. El letrado de Montes, Félix Ángel Martín, explicó ayer que su cliente, que cumplirá este mes 61 años, sufrió en los últimos años varias intervenciones quirúrgicas que se suman a su precario estado -padece hepatitis C y tuberculosis-.
La petición de indulto, que el letrado ultima, se produce después de que el Tribunal Supremo estimara recientemente el recurso del preso y anulara el auto de la Audiencia de Granada que denegó que fueran acumuladas sus condenas para que dicte otro más claro y así poder decidir sobre su excarcelación.
El letrado de Montes recurrió el citado auto de la Audiencia Provincial de Granada dictado el año pasado para que su cliente fuera excarcelado.Según el abogado, su cliente no saldrá de la cárcel hasta 2021, cuando debería haber sido puesto en libertad en 1994.
El Supremo concluyó que para poder resolver este recurso se hace necesario que en el auto recurrido consten con la debida claridad la solicitud de refundición que se insta. Pidió además que se consignen los datos o elementos precisos para decidir sobre la refundición. En concreto, que consten todas las sentencias firmes cuyas penas se pretende refundir, lo que 'permitiría, a la vista de las fechas de los hechos, las fechas de las sentencias, los delitos y penas impuestas, si se trata de conductas delictivas que pudieran haberse enjuiciado en un solo proceso.
El letrado de Montes recurrió el citado auto de la Audiencia Provincial de Granada dictado el año pasado para que su cliente fuera excarcelado.Según el abogado, su cliente no saldrá de la cárcel hasta 2021, cuando debería haber sido puesto en libertad en 1994.
El Supremo concluyó que para poder resolver este recurso se hace necesario que en el auto recurrido consten con la debida claridad la solicitud de refundición que se insta. Pidió además que se consignen los datos o elementos precisos para decidir sobre la refundición. En concreto, que consten todas las sentencias firmes cuyas penas se pretende refundir, lo que 'permitiría, a la vista de las fechas de los hechos, las fechas de las sentencias, los delitos y penas impuestas, si se trata de conductas delictivas que pudieran haberse enjuiciado en un solo proceso.
