Los portavoces del PSOE, Esquerra (ERC), IU-ICV y Bloque Nacionalista Galego (BNG) coincidieron en el Congreso en tachar de mentiras fruto del delirio o de la paranoia las acusaciones que viene lanzando el PP acerca de una supuesta persecución por parte del Gobierno.
Estos mismos partidos rechazaron en la Diputación Permanente de la Cámara Baja las comparecencias de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del estado, Cándido Conde Pumpido, todas pedidas por el PP.
Por su parte, CiU y PNV optaron por abstenerse, si bien los nacionalistas vascos se ofrecieron a apoyar una comisión de investigación si el PP aporta una prueba de esa persecución.
En su intervención en las Cortes Generales, el diputado nacionalista Francisco Jorquera aseguró que la petición del PP para estas comparecencias responden a una estrategia de crear una cortina de humo y tapar sus escándalos.
Asimismo, indicó que los 'populares' son expertos en la aplicación de esta técnica y apuntó que están obsesionados y tienen una auténtica fijación con las teorías conspiratorias, como ya se vio en el 11-M, apostilló.
Además, Jorquera calificó de lamentable que las dos principales fuerzas políticas estatales cayesen en una estrategia del ventilador para ver quien levanta más escándalos del otro. Esto contribuye al desprestigio político, alertó.
Finalmente, Jorquera también calificó la actitud del PP de irresponsable e intolerable por lanzar acusaciones muy graves y sin pruebas y mostró su interés por conocer las conclusiones del informe que los 'populares' están preparando sobre las escuchas.
PP: FISCALIA, AL ANTOJO DEL GOBIERNO
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó hoy en sede parlamentaria las acusaciones que el PP ha venido lanzando en los medios de comunicación en las últimas semanas. Según dijo, el Gobierno maneja a su antojo a la Fiscalía, que a su juicio investiga los casos de presunta corrupción en función del color político del investigado.
Así, indicó que, si bien no se ha actuado en las denuncias que afectaban al vicepresidente Manuel Chaves, al ex director del CNI o a los gestores de la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), en cambio sí se ha investigado y detenido a cargos del PP que, según sus datos, son diligencias que luego se quedaron en nada. La única pena impuesta es la pena de Telediario, abrir informativos esposados como delincuentes peligrosos, se quejó.
Sáenz de Santamaría achacó al Gobierno una estrategia de acoso a la oposición, de abuso de poder y de utilización ilegítima de las instituciones, y lo atribuye a la incapacidad del Ejecutivo para afrontar la crisis económica y su temor a un castigo electoral. Esto no es una pugna más entre PP y PSOE --enfatizó--. Son cosas que escandalizan a cualquier demócrata, ocurran donde ocurran.
MAÑANA PUEDE SER OTRO EL ACOSADO
La dirigente del PP avisó a las demás formaciones de la oposición de que hoy es su partido el afectado pero mañana puede ser cualquiera que les estorbe y se defendió de las acusaciones de crispación que han caído estas semanas sobre los 'populares'. No crispa quien alza la voz para denunciar un uso arbitrario, en todo caso quien utiliza a las instituciones para acosar a la oposición, dijo.
El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, replicó que el PP está siguiendo un discurso demoledor contra el Estado de Derecho llegando incluso a hablar de estado policial y de Inquisición. Son un conjunto de inventos, insidias y mentiras, proclamó.
A su juicio, el PP esgrime esta sarta de barbaridades con el fin de buscar un territorio de impunidad para los miembros del PP que sí están acusados con indicios serios y para tratan de que se hable de la falsedad, la persecución, para que no se hable de un hecho objetivo, las investigaciones judiciales. Son ustedes unos irresponsables y los irresponsables no merecen gobernar el país, sentenció.
También el secretario general de ERC, Joan Ridao, criticó la estrategia del PP, que enmarca en una paranoia tan delirante como la trama del 11-M. El PP ha desplegado una estrategia de defensa por unos casos de corrupción pero estas evasivas son estériles porque detrás de la muleta seguirá estando el toro de la corrupción, avisó.
Gaspar Llamazares, de IU-ICV, aconsejó al PP no creerse sus propias mentiras ni convertir su fabulación en un delirio de persecución. Es una mentira poco creíble e indemostrable --aseveró--, pero es una mentira de distracción masiva.
Los representantes de CiU y del PNV optaron por la abstención, si bien también lamentaron el clima política actual. El catalán Jordi Jané aconsejó a los populares acudir a los tribunales pues cree un error que el Congreso se convierta en caja de resonancia de estas disputas.
Emilio Olabarria destacó que hasta hoy el PP no ha aportado una prueba de sus acusaciones pero aseguró que, si probasen sus palabras, el PNV apoyaría hasta una comisión de investigación. Han contraído la obligación moral de decir con qué fundamentan sus gravísimas acusaciones, apostilló.
REPROCHES A DE LA VEGA
También el Gobierno se llevó reproches en el debate por parte de las minorías. Así, Izquierda Unida, CiU, el PNV y el BNG cuestionaron el hecho de que fuera la vicepresidenta del Gobierno, desde Costa Rica, la que anunciase el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps. No es conveniente que el Gobierno sobreactúe ni fomentar el delirio del PP,, avisó Llamazares a los socialistas.
Además, CiU, ERC y el BNG reconocieron la existencia de filtraciones de las diligencias policiales y judiciales, que incluso dijeron reprobar. A esto deberíamos encontrar las necesarias soluciones, aconsejó Jané.
Por su parte, Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, aprovechó para sacar a colación las denuncias de su formación acerca de una supuesta infiltración de los servicios de inteligencia en el seno de Aralar buscando su desestabilización. La coalición nacionalista vasca ha llegado a señalar a una de sus concejales en Zizur Mayor como infiltrada. Por eso, la diputada de Na-Bai, apoyada por el PNV, indicó que ese asunto sí merecería la comparecencia del ministro del Interior.
Por su parte, CiU y PNV optaron por abstenerse, si bien los nacionalistas vascos se ofrecieron a apoyar una comisión de investigación si el PP aporta una prueba de esa persecución.
En su intervención en las Cortes Generales, el diputado nacionalista Francisco Jorquera aseguró que la petición del PP para estas comparecencias responden a una estrategia de crear una cortina de humo y tapar sus escándalos.
Asimismo, indicó que los 'populares' son expertos en la aplicación de esta técnica y apuntó que están obsesionados y tienen una auténtica fijación con las teorías conspiratorias, como ya se vio en el 11-M, apostilló.
Además, Jorquera calificó de lamentable que las dos principales fuerzas políticas estatales cayesen en una estrategia del ventilador para ver quien levanta más escándalos del otro. Esto contribuye al desprestigio político, alertó.
Finalmente, Jorquera también calificó la actitud del PP de irresponsable e intolerable por lanzar acusaciones muy graves y sin pruebas y mostró su interés por conocer las conclusiones del informe que los 'populares' están preparando sobre las escuchas.
PP: FISCALIA, AL ANTOJO DEL GOBIERNO
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó hoy en sede parlamentaria las acusaciones que el PP ha venido lanzando en los medios de comunicación en las últimas semanas. Según dijo, el Gobierno maneja a su antojo a la Fiscalía, que a su juicio investiga los casos de presunta corrupción en función del color político del investigado.
Así, indicó que, si bien no se ha actuado en las denuncias que afectaban al vicepresidente Manuel Chaves, al ex director del CNI o a los gestores de la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), en cambio sí se ha investigado y detenido a cargos del PP que, según sus datos, son diligencias que luego se quedaron en nada. La única pena impuesta es la pena de Telediario, abrir informativos esposados como delincuentes peligrosos, se quejó.
Sáenz de Santamaría achacó al Gobierno una estrategia de acoso a la oposición, de abuso de poder y de utilización ilegítima de las instituciones, y lo atribuye a la incapacidad del Ejecutivo para afrontar la crisis económica y su temor a un castigo electoral. Esto no es una pugna más entre PP y PSOE --enfatizó--. Son cosas que escandalizan a cualquier demócrata, ocurran donde ocurran.
MAÑANA PUEDE SER OTRO EL ACOSADO
La dirigente del PP avisó a las demás formaciones de la oposición de que hoy es su partido el afectado pero mañana puede ser cualquiera que les estorbe y se defendió de las acusaciones de crispación que han caído estas semanas sobre los 'populares'. No crispa quien alza la voz para denunciar un uso arbitrario, en todo caso quien utiliza a las instituciones para acosar a la oposición, dijo.
El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, replicó que el PP está siguiendo un discurso demoledor contra el Estado de Derecho llegando incluso a hablar de estado policial y de Inquisición. Son un conjunto de inventos, insidias y mentiras, proclamó.
A su juicio, el PP esgrime esta sarta de barbaridades con el fin de buscar un territorio de impunidad para los miembros del PP que sí están acusados con indicios serios y para tratan de que se hable de la falsedad, la persecución, para que no se hable de un hecho objetivo, las investigaciones judiciales. Son ustedes unos irresponsables y los irresponsables no merecen gobernar el país, sentenció.
También el secretario general de ERC, Joan Ridao, criticó la estrategia del PP, que enmarca en una paranoia tan delirante como la trama del 11-M. El PP ha desplegado una estrategia de defensa por unos casos de corrupción pero estas evasivas son estériles porque detrás de la muleta seguirá estando el toro de la corrupción, avisó.
Gaspar Llamazares, de IU-ICV, aconsejó al PP no creerse sus propias mentiras ni convertir su fabulación en un delirio de persecución. Es una mentira poco creíble e indemostrable --aseveró--, pero es una mentira de distracción masiva.
Los representantes de CiU y del PNV optaron por la abstención, si bien también lamentaron el clima política actual. El catalán Jordi Jané aconsejó a los populares acudir a los tribunales pues cree un error que el Congreso se convierta en caja de resonancia de estas disputas.
Emilio Olabarria destacó que hasta hoy el PP no ha aportado una prueba de sus acusaciones pero aseguró que, si probasen sus palabras, el PNV apoyaría hasta una comisión de investigación. Han contraído la obligación moral de decir con qué fundamentan sus gravísimas acusaciones, apostilló.
REPROCHES A DE LA VEGA
También el Gobierno se llevó reproches en el debate por parte de las minorías. Así, Izquierda Unida, CiU, el PNV y el BNG cuestionaron el hecho de que fuera la vicepresidenta del Gobierno, desde Costa Rica, la que anunciase el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps. No es conveniente que el Gobierno sobreactúe ni fomentar el delirio del PP,, avisó Llamazares a los socialistas.
Además, CiU, ERC y el BNG reconocieron la existencia de filtraciones de las diligencias policiales y judiciales, que incluso dijeron reprobar. A esto deberíamos encontrar las necesarias soluciones, aconsejó Jané.
Por su parte, Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, aprovechó para sacar a colación las denuncias de su formación acerca de una supuesta infiltración de los servicios de inteligencia en el seno de Aralar buscando su desestabilización. La coalición nacionalista vasca ha llegado a señalar a una de sus concejales en Zizur Mayor como infiltrada. Por eso, la diputada de Na-Bai, apoyada por el PNV, indicó que ese asunto sí merecería la comparecencia del ministro del Interior.
