La Guardia Civil no ha previsto efectuar detenciones en el seno de la operación 'Cirene', por la que este jueves se ha registrado la sede central del sindicato UGT Andalucía por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación, han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Las mismas fuentes han agregado que, además del registro en el sindicato se efectuó, dentro de esa misma operación, el registro en las sedes de dos empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT-A, ubicadas ambas en la capital hispalense, en concreto en la avenida Menéndez Pelayo, número siete, y en la avenida de San Francisco Javier número nueve, según han indicado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
Estas fuentes han precisado que se han registrado la sede social de las empresas Soralpe y Proyectos Inmobiliarios Novasur, ubicada en Menéndez y Pelayo, y la sede social de Geosur Arquitectura y Urbanismo, en San Francisco Javier.
Las fuentes han precisado que esta operación se denomina 'Cirene' y no se prevée efectuar detenciones. La operación la ha llevado a cabo la Unidad de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y además 32 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, además de 20 agentes del Grupo de Delitos Económicos de la UCO.
Agentes de la UCO de la Guardia Civil se han desplazado a primera hora de este jueves a la sede central del sindicato UGT Andalucía para realizar un registro por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación, han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
El registro se ha iniciado sobre las 10,30 horas en la sede del sindicato ubicada en la calle Antonio Salado de la capital hispalense, que se ha cortado. Según las mismas fuentes, los agentes han solicitado y recogido documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación.
Fuentes sindicales han informado a Europa Press de que los agentes de la UCO se encontraban reunidos en la sede con miembros de la Ejecutiva de UGT-A, entre los que no figura el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla, que se encuentra de viaje.
La juez Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.
UGT-A AFRONTA 'CON TRANQUILIDAD' EL REGISTRO
El secretario de Organización de UGT-A, Manuel Ferrer, ha asegurado que la central sindical ha afrontado 'con tranquilidad' el registro efectuado por la Guardia Civil en la sede central del sindicato, tras lo que ha dejado claro que 'no se ha encontrado ningún compañero, ni actual ni anterior, que haya cometido ningún fraude ni se ha enriquecido'.
En declaraciones a los periodistas, Ferrer ha reaccionado al registro iniciado este jueves, en lo que ha definido una actuación judicial 'dentro de la normalidad judicial', de forma que se ha hecho un registro y una copia de todos los discos duros de los ordenadores y del servidor.
De esta forma, Ferrer apunta que la actuación se desarrolló 'normalmente, con buen talante y buena colaboración de todos los trabajadores de UGT-A', tras lo que ha recordado que ya en el mes de septiembre 'se había hecho el mismo trabajo que ahora está haciendo la Guardia Civil, pues hemos hecho una copia de seguridad de todos los discos duros de todos los ordenadores'.
Para Ferrer, esta actuación del Instituto Armado por orden de la juez Alaya supone una 'ventaja importante', toda vez que 'por fin teníamos auto judicial, ya que antes no teníamos noticia de que nos investigara ningún juzgado o la Guardia Civil, y ahora sabemos que sí nos están investigando'.
En ese sentido, Ferrer ha dejado claro que la Comisión Ejecutiva está 'muy tranquila' por su gestión, donde 'hemos devuelto el dinero en aquellas cuestiones que hemos comprobado que estaban mal hechas'. 'Hemos arrojado luz y taquígrafos sobre nuevas cuentas, ordenadores y nuestro servidor', ha aseverado Ferrer.
'Espero que esto dé luz y claridad y podamos dar tranquilidad a afiliados y a la sociedad, para que estén tranquilos de que si se ha hecho algo mal, seremos los primeros en actuar y no nos temblará la mano en cambiar lo que tengamos que cambiar', ha aseverado Ferrer, quien advierte de que 'y si alguien se ha quedado con dinero de la organización y de los contribuyentes, seremos los primeros en acudir al juzgado'.
Ferrer en ese punto ha dejado claro que el sindicato 'no ha encontrado que ningún compañero, ni actual ni anterior, haya cometido ningún fraude ni se ha enriquecido con nada de esto', aunque reconoce que 'posiblemente haya muchos errores y distintas formas de ver la justificación y habrá cosas mal hechas, algo que estamos modificando; no nos temblará la mano'.
De esta forma, asegura que 'existe la tranquilidad de que es una organización que no defrauda y solo puede haber personas que se hayan equivocado'.
'Los documentos están a disposición del juzgado y de la Guardia Civil desde septiembre, para así poder aclararlo todo, y si hay cosas mal hechas, que se juzguen pero que no se nos juzgue sin que tengamos posibilidad de defensa, como ocurre ahora mismo', ha aseverado Ferrer, quien aboga por 'dejar a la Justicia funcionar y actuar con toda libertad y tranquilidad; nosotros estamos para ayudarle'.
El dirigente sindical asegura desconocer la naturaleza de las otras empresas registradas este jueves y deja claro que 'hay que aclarar lo que se tenga que aclarar y devolver lo que se haya hecho malamente'.
ARCHIVOS BORRADOS
Ferrer ha lamentado que las declaraciones sobre el borrado de 1.756 archivos 'se hayan sacado de contexto', toda vez que, según ha explicado, 'en ningún momento dije que había borrado de ningún servidor, sino que los archivos se borraron de un ordenador en concreto, se borró con seguridad e incluso el nombre del archivo'. 'Dijimos que cuando tuviéramos la certeza y tuviéramos pruebas actuaríamos, y así lo hicimos', ha aseverado.
Por tanto, precisa que esos archivos 'no estaban en el servidor' y agrega que son 'irrecuperables', tras lo que deja claro que 'el que ha borrado esos archivos sabrá lo que ha borrado y su trascendencia contable, pues nosotros no sabemos la trascendencia de esos archivos y nunca le hemos dado trascendencia contable; quien esté dando trascendencia contable que lo pruebe y diga qué es lo que ha borrado, que le pregunten a él'.
