Un tribunal británico analiza hoy por segundo día la demanda de extradición presentada por España para lograr la entrega del etarra Antonio Troitiño, detenido en junio de 2012 en Londres.
En la sesión judicial de hoy, que se celebrará en la Corte de Magistrados de Westminster (centro de Londres), la Fiscalía, que representa a España, expondrá sus argumentos.
La defensa presentó ayer sus suyos y consideró que la extradición de Troitiño a España 'violaría sus derechos humanos'.
España, que considera que la extradición se ajustaría a la legalidad española, reclama al etarra para volver a encarcelarlo tras haber cumplido una pena de 24 años.
En concreto, España reclama a Troitiño para aplicarle de forma retroactiva la llamada 'doctrina Parot', introducida en 2006 y que tiene el efecto de alargar las penas de los presos.
Esta doctrina, que actualmente analiza la Gran Sala del Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo, dictamina que las redenciones de condenas por beneficios penitenciarios se aplican no sobre el máximo legal de 30 años que un recluso puede pasar en prisión en España, sino sobre cada una de las penas.
El Tribunal europeo invalidó el año pasado la aplicación de esta doctrina sobre la etarra convicta Inés del Río, por considerar que el alargamiento de su pena de forma retroactiva violaba sus derechos, y ordenó que fuera excarcelada e indemnizada.
Sin embargo, España recurrió en octubre este dictamen, por lo que tanto Del Río como otros etarras en su situación, incluido Troitiño, deben esperar ahora a que haya una sentencia firme para saber si se les puede o no aplicar la doctrina Parot.
El etarra, de 55 años y que cometió sonados atentados en los 80, salió en libertad en España el 13 de abril de 2011 tras cumplir una pena de 24 años, pero días después la Audiencia Nacional revocó esa decisión y lo volvió a requerir para imponerle retroactivamente la doctrina Parot, que hubiera fijado su excarcelación en 2017.
Para entonces, Antonio Troitiño ya estaba ilocalizable, por lo que la Justicia española emitió una orden europea de arresto que llevó a su detención el pasado 29 de junio en Londres.
El etarra, detenido en junio en un piso del oeste de Londres, fue autor de varios atentados entre 1982 y 1984 y del perpetrado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza República Dominicana de Madrid, donde fallecieron doce guardias civiles y hubo más de medio centenar de heridos.
La defensa presentó ayer sus suyos y consideró que la extradición de Troitiño a España 'violaría sus derechos humanos'.
España, que considera que la extradición se ajustaría a la legalidad española, reclama al etarra para volver a encarcelarlo tras haber cumplido una pena de 24 años.
En concreto, España reclama a Troitiño para aplicarle de forma retroactiva la llamada 'doctrina Parot', introducida en 2006 y que tiene el efecto de alargar las penas de los presos.
Esta doctrina, que actualmente analiza la Gran Sala del Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo, dictamina que las redenciones de condenas por beneficios penitenciarios se aplican no sobre el máximo legal de 30 años que un recluso puede pasar en prisión en España, sino sobre cada una de las penas.
El Tribunal europeo invalidó el año pasado la aplicación de esta doctrina sobre la etarra convicta Inés del Río, por considerar que el alargamiento de su pena de forma retroactiva violaba sus derechos, y ordenó que fuera excarcelada e indemnizada.
Sin embargo, España recurrió en octubre este dictamen, por lo que tanto Del Río como otros etarras en su situación, incluido Troitiño, deben esperar ahora a que haya una sentencia firme para saber si se les puede o no aplicar la doctrina Parot.
El etarra, de 55 años y que cometió sonados atentados en los 80, salió en libertad en España el 13 de abril de 2011 tras cumplir una pena de 24 años, pero días después la Audiencia Nacional revocó esa decisión y lo volvió a requerir para imponerle retroactivamente la doctrina Parot, que hubiera fijado su excarcelación en 2017.
Para entonces, Antonio Troitiño ya estaba ilocalizable, por lo que la Justicia española emitió una orden europea de arresto que llevó a su detención el pasado 29 de junio en Londres.
El etarra, detenido en junio en un piso del oeste de Londres, fue autor de varios atentados entre 1982 y 1984 y del perpetrado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza República Dominicana de Madrid, donde fallecieron doce guardias civiles y hubo más de medio centenar de heridos.
