La defensa de Iñaki Urdangarin pidió ayer a la Audiencia de Palma que se pronuncie sobre la prescripción de posibles delitos fiscales cometidos entre los años 2003 y 2005 por empresas que sirvieron supuestamente al duque de Palma y su exsocio para desviar dinero público a través del Instituto Nóos.
En un recurso de apelación, el letrado Mario Pascual pidió también a la Audiencia Nacional que reclame al juez del caso Nóos, José Castro, una rectificación de una frase contenida en un auto en la que afirmaba que no existe una causa general contra el duque de Palma puesto que 'no se ha hecho extensiva la instrucción a las muy diversas y generosamente lucrativas relaciones comerciales que ha mantenido con empresas privadas'.
Respecto a los posibles delitos fiscales, el juez Castro ya rechazó la pretensión de Pascual de que Hacienda no se pronunciara en un informe pedido por la Fiscalía sobre los datos fiscales de 2003 a 2005 de varias empresas, entre ellas Aizoon, propiedad a medias de Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina.
El juez argumentó entonces que el que algún ejercicio esté prescrito no impide que se pueda aportar a la causa y 'valorarlo a efectos distintos'. El abogado del duque de Palma niega categóricamente en su escrito que esto sea posible y explica que la ley penal prohíbe a todos los efectos la instrucción acerca de las conductas prescritas.
'¿A qué efectos distintos -se pregunta el abogado- se puede valorar el contenido de unos ejercicios fiscales prescritos en sede de instrucción penal? Clara y definitivamente: a ningún efecto'.
'Ello significa, por obvio que parezca, que si los ejercicios fiscales de cualquier empresa correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005 están prescritos en sede penal, ni se puede investigarlos y, mucho menos, 'aportarlos a la causa y valorarlos'', afirmó el letrado.
Por todo ello, la defensa de Urdangarin pide que en caso de que el informe de la Agencia Tributaria incluyera cualquier dato referente a los años prescritos estas cifras no se tengan en cuenta en la investigación.
Respecto a los posibles delitos fiscales, el juez Castro ya rechazó la pretensión de Pascual de que Hacienda no se pronunciara en un informe pedido por la Fiscalía sobre los datos fiscales de 2003 a 2005 de varias empresas, entre ellas Aizoon, propiedad a medias de Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina.
El juez argumentó entonces que el que algún ejercicio esté prescrito no impide que se pueda aportar a la causa y 'valorarlo a efectos distintos'. El abogado del duque de Palma niega categóricamente en su escrito que esto sea posible y explica que la ley penal prohíbe a todos los efectos la instrucción acerca de las conductas prescritas.
'¿A qué efectos distintos -se pregunta el abogado- se puede valorar el contenido de unos ejercicios fiscales prescritos en sede de instrucción penal? Clara y definitivamente: a ningún efecto'.
'Ello significa, por obvio que parezca, que si los ejercicios fiscales de cualquier empresa correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005 están prescritos en sede penal, ni se puede investigarlos y, mucho menos, 'aportarlos a la causa y valorarlos'', afirmó el letrado.
Por todo ello, la defensa de Urdangarin pide que en caso de que el informe de la Agencia Tributaria incluyera cualquier dato referente a los años prescritos estas cifras no se tengan en cuenta en la investigación.
