Iñaki Urdangarin multiplicó por 18 sus ingresos entre los años 2002 y 2009, según sus declaraciones de la renta, que se incorporaron al sumario en el que es investigado por el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió entre 2003 y 2006.
El año antes de ocupar la presidencia de Nóos, 2002, el duque de Palma ingresó unos 31.500 euros, según figura en su declaración de IRPF de ese ejercicio, en el que Hacienda le devolvió algo más de 2.000 euros. Siete años después, en 2009, la declaración de la renta recoge unos ingresos superiores a 572.000 euros, lo que supone que multiplicó por 18,1 sus emolumentos por distintos conceptos, desde los rendimientos de trabajo, a los capital mobiliario e inmobiliario. Ese ejercicio, la declaración de IRPF de Urdangarin dio como resultado que tuvo que pagar a la Agencia Tributaria algo más de 48.000 euros.
Entre 2003 y 2005, en los primeros años al frente del Instituto Nóos, Urdangarin ingresó entre unos 65.000 y 68.000 euros, y tuvo que abonar a Hacienda entre 1.700 euros del año que menos pagó y 4.300 del que más. Sus ingresos se dispararon a partir de 2006, cuando declaró unos rendimientos netos solo por trabajo de 129.000 euros. En 2007, cobró por su trabajo más de 277.000 euros, en 2008 hasta 362.000 y en 2009 fueron 568.800 euros, sin contar los rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario o patrimonial.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, solicitó el pasado 18 de abril a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la renta de la infanta Cristina y su marido, en un auto en el que aceptó esta solicitud formulada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en la causa.
NO RESIDENTE
De las diez declaraciones de IRPF de Urdangarin que se incorporaron a la causa, las dos últimas, correspondientes a 2010 y 2011, son completamente distintas a las anteriores por tratarse del IRPF que declaran los no residentes en España, ya que los duques residían por entonces en Washington.
Castro interrogó al duque por delitos fiscales el pasado febrero, cuando prestó declaración en los Juzgados, donde fue citado a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que constató hasta tres delitos fiscales: uno de Nóos por fraude en el impuesto de sociedades en 2007 por unos 230.000 euros, y dos de Urdangarin por sus declaraciones en 2007 y 2008, por más de 240.000 euros. Se investiga si declaró como ingreso comercial a través de Aizoon sus ganancias como consejero delegado de varias compañías (mediante impuesto de sociedades), en vez de hacerlo como rendimiento de trabajo.
Por otra parte, la infanta Cristina recurrió ayer la personación de los concejales del Grupo Municipal Socialista de Valencia como acusación particular colectiva, al alegar que no están legitimados para ello por no representar 'ni a un Ayuntamiento ni a un partido político', tal y como asevera en el recurso de apelación que interpuso su defensa.
A juicio de los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva, cada uno de los ediles personados debería ejercer la acción popular bajo una misma representación letrada, de conformidad con la Ley vigente y ante la 'palmaria 'vis atractiva' de un proceso con la repercusión mediática' como sucede en el caso Nóos, 'en el que van apareciendo a cuentagotas sucesivas personas o entidades interesadas en ejercer la acusación popular'.
Y es que, según advierten, admitir 'a estas alturas del procedimiento que cada ciudadano que desee personarse pueda actuar con su propia representación procesal, viola el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y representa un peligro serio de padecer retrasos indebidos en la tramitación de la causa'.
Entre 2003 y 2005, en los primeros años al frente del Instituto Nóos, Urdangarin ingresó entre unos 65.000 y 68.000 euros, y tuvo que abonar a Hacienda entre 1.700 euros del año que menos pagó y 4.300 del que más. Sus ingresos se dispararon a partir de 2006, cuando declaró unos rendimientos netos solo por trabajo de 129.000 euros. En 2007, cobró por su trabajo más de 277.000 euros, en 2008 hasta 362.000 y en 2009 fueron 568.800 euros, sin contar los rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario o patrimonial.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, solicitó el pasado 18 de abril a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la renta de la infanta Cristina y su marido, en un auto en el que aceptó esta solicitud formulada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en la causa.
NO RESIDENTE
De las diez declaraciones de IRPF de Urdangarin que se incorporaron a la causa, las dos últimas, correspondientes a 2010 y 2011, son completamente distintas a las anteriores por tratarse del IRPF que declaran los no residentes en España, ya que los duques residían por entonces en Washington.
Castro interrogó al duque por delitos fiscales el pasado febrero, cuando prestó declaración en los Juzgados, donde fue citado a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que constató hasta tres delitos fiscales: uno de Nóos por fraude en el impuesto de sociedades en 2007 por unos 230.000 euros, y dos de Urdangarin por sus declaraciones en 2007 y 2008, por más de 240.000 euros. Se investiga si declaró como ingreso comercial a través de Aizoon sus ganancias como consejero delegado de varias compañías (mediante impuesto de sociedades), en vez de hacerlo como rendimiento de trabajo.
Por otra parte, la infanta Cristina recurrió ayer la personación de los concejales del Grupo Municipal Socialista de Valencia como acusación particular colectiva, al alegar que no están legitimados para ello por no representar 'ni a un Ayuntamiento ni a un partido político', tal y como asevera en el recurso de apelación que interpuso su defensa.
A juicio de los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva, cada uno de los ediles personados debería ejercer la acción popular bajo una misma representación letrada, de conformidad con la Ley vigente y ante la 'palmaria 'vis atractiva' de un proceso con la repercusión mediática' como sucede en el caso Nóos, 'en el que van apareciendo a cuentagotas sucesivas personas o entidades interesadas en ejercer la acusación popular'.
Y es que, según advierten, admitir 'a estas alturas del procedimiento que cada ciudadano que desee personarse pueda actuar con su propia representación procesal, viola el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y representa un peligro serio de padecer retrasos indebidos en la tramitación de la causa'.
