El anteproyecto de ley ómnibus que servirá para adaptar un total de 24 normativas gallegas a la Directiva 2006/123/CE de la Unión Europea recibió hoy el visto bueno del Consello de Xunta para comenzar su trámite parlamentario, que se prevé que finalice en el primer trimestre del año. En este sentido, el titular de Presidencia, Alfonso Rueda, reivindicó que esta normativa se elaboró 'en tiempo récord' y sitúa a Galicia en la 'vanguardia' de las comunidades en el impulso en la adecuación legislativa para desburocratizar el mercado interior europeo.
En su comparecencia ante los medios, tras presidir la reunión semanal de los conselleiros debido a que el presidente se encuentra de viaje en Sudamérica, Alfonso Rueda explicó que el anteproyecto aprobado hoy es 'necesario e importante' debido a que adecúa la legislación gallega a una directiva que tiene como objetivos 'reducir la burocracia' que limita e incrementa los costes de los emprendedores en el libre mercado europeo. Asimismo, argumentó su relevancia en base a que va dirigida a un sector que concentra 'dos tercios' de la riqueza y el empleo en toda la UE.
El conselleiro de Presidencia subrayó que Galicia constituye una de las comunidades autónomas que impulsa un programa de reformas 'más ambicioso', puesto que el paquete de normativas que se modifica alcanza las 24, seguida de Castilla y León, con 18; Madrid, con 16; y Canarias, con 14. Del mismo modo, puso de manifiesto que se llevó a cabo en 'tiempo récord', sobre todo porque 'no se había hecho nada antes', lamentó.
Al respecto de la normativa, también especificó que 'minimiza la intervención de la administración para facilitar las iniciativas de los emprendedores', de manera que se 'ayuda' a las pequeñas y medianas empresas (pymes). 'Es la Xunta la que se adapta a las necesidades de la gente y no al revés', expuso.
A modo de ejemplo, ilustró que, mientras que ahora se necesitan en torno a unas 50 autorizaciones para una pyme, éstas se eliminarán a cambio de una comprobación de la Xunta a posteriori. Con todo, matizó que esta situación no supone que se eliminen los controles y garantiza que se seguirán llevando a cabo.
SECTOR TURÍSTICO
Uno de los aspectos que destacó el conselleiro de Presidencia es la repercusión que tendrá en el sector turístico, que aporta más del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo de los gallegos. En este ámbito, se suprimen 'prácticamente todas las autorizaciones' previas de la administración.
A este respecto, la Xunta aprovechó esta adaptación para la reformular la política de tasas y 'reducir la carga fiscal a los emprendedores, de forma que se cree 'un clima favorable' a la inversión, como 'impulso' para superar la crisis y crear empleo.
Entre las normativas que se acogen a esta ley paraguas, se encuentran la que regula el libro y la lectura, patrimonio cultural, protección de animales domésticos, conservación de la naturaleza, vivienda, artesanía, seguridad industrial, Administración local, la normativa que regula las actividades feriales, la de juegos de Galicia o la de promoción o defensa de la calidad alimentaria.
La directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo se inscribe en la 'estrategia de Lisboa' y propone cuatro objetivos principales para conseguir un mercado interior de servicios, que pasan por 'facilitar' la libertad de establecimiento y libertad de prestación de servicios en la UE, reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios, fomentar la calidad de los servicios y establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros.
De esta manera, el ámbito de aplicación se extiende a cualquier servicio prestado a cambio de un remuneración económica, salvo sectores excluidos. Entre éstos, se encuentran servicios no económicos, financieros, comunicaciones electrónicas, transporte (incluidos portuarios), empresas trabajo temporal, sanitarios, audiovisuales, juegos por dinero, actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, determinados servicios sociales --atención niños, vivienda social, apoyo a personas necesitadas--, servicios de seguridad privadas y los prestados por notarios y agentes judiciales designados por la Administración.
Los Estados miembros disponen hasta el 28 de diciembre de este año para adaptar la legislación a la directiva y, en el caso español, el Gobierno ya inició la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley sobre el libre acceso de servicios y su ejercicio, norma conocida como ley paraguas, al respecto de lo que Rueda recordó que la adaptación gallega 'depende' también de la estatal.
180.000 PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA JURÍDICA
Además, Rueda anunció que el Consello de la Xunta autorizó hoy la firma de un convenio con el Consello da Avogacía Galega en virtud del cual su departamento aportará 180.000 euros para mantener el Servicio de Orientación Xurídica (SOX).
Se trata, según explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de conselleiros, de lograr que este servicio 'funcione bien y a tiempo', puesto que se trata de un derecho 'fundamental' y de un deber de la Administración. 'Todos los ciudadanos tiene derecho a la tutela jurídica', incidió, para incidir en la necesidad de garantizar que 'todo aquel que necesite un letrado, lo tenga'.
La aportación del Gobierno autonómico, tal y como apuntó, servirá para garantizar que los abogados del denominado turno de oficio 'cobren en plazo', con el fin de 'dignificar' su trabajo. Frente a esto, recordó que a su llegada a la Consellería de Presidencia debió proceder al pago de los servicios prestados en el último cuatrimestre del año anterior.
A mayores, el titular de Presidencia indicó que el Consello de la Xunta dio luz verde a una partida de más de 682.600 euros destinada a abonar los gastos de infraestructuras de los colegios de abogados y procuradores de Galicia
Otros 70.000 euros se invertirán, a través de una colaboración plurianual, al Instituto Galego de Estatística (IGE) para la elaboración y difusión del mapa estadístico de Galicia y el norte de Portugal con el fin de dotar a la Eurorregión de 'indicadores comunes' y crear y publicar estadísticas conjuntas de carácter social y económico.
Este proyecto recibe el nombre de 'Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Portugal-Observatorio Transfronterizo' y está financiado con fondos Feder y propios, al 75 por ciento y 25 por ciento, respectivamente.
El conselleiro de Presidencia subrayó que Galicia constituye una de las comunidades autónomas que impulsa un programa de reformas 'más ambicioso', puesto que el paquete de normativas que se modifica alcanza las 24, seguida de Castilla y León, con 18; Madrid, con 16; y Canarias, con 14. Del mismo modo, puso de manifiesto que se llevó a cabo en 'tiempo récord', sobre todo porque 'no se había hecho nada antes', lamentó.
Al respecto de la normativa, también especificó que 'minimiza la intervención de la administración para facilitar las iniciativas de los emprendedores', de manera que se 'ayuda' a las pequeñas y medianas empresas (pymes). 'Es la Xunta la que se adapta a las necesidades de la gente y no al revés', expuso.
A modo de ejemplo, ilustró que, mientras que ahora se necesitan en torno a unas 50 autorizaciones para una pyme, éstas se eliminarán a cambio de una comprobación de la Xunta a posteriori. Con todo, matizó que esta situación no supone que se eliminen los controles y garantiza que se seguirán llevando a cabo.
SECTOR TURÍSTICO
Uno de los aspectos que destacó el conselleiro de Presidencia es la repercusión que tendrá en el sector turístico, que aporta más del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo de los gallegos. En este ámbito, se suprimen 'prácticamente todas las autorizaciones' previas de la administración.
A este respecto, la Xunta aprovechó esta adaptación para la reformular la política de tasas y 'reducir la carga fiscal a los emprendedores, de forma que se cree 'un clima favorable' a la inversión, como 'impulso' para superar la crisis y crear empleo.
Entre las normativas que se acogen a esta ley paraguas, se encuentran la que regula el libro y la lectura, patrimonio cultural, protección de animales domésticos, conservación de la naturaleza, vivienda, artesanía, seguridad industrial, Administración local, la normativa que regula las actividades feriales, la de juegos de Galicia o la de promoción o defensa de la calidad alimentaria.
La directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo se inscribe en la 'estrategia de Lisboa' y propone cuatro objetivos principales para conseguir un mercado interior de servicios, que pasan por 'facilitar' la libertad de establecimiento y libertad de prestación de servicios en la UE, reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios, fomentar la calidad de los servicios y establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros.
De esta manera, el ámbito de aplicación se extiende a cualquier servicio prestado a cambio de un remuneración económica, salvo sectores excluidos. Entre éstos, se encuentran servicios no económicos, financieros, comunicaciones electrónicas, transporte (incluidos portuarios), empresas trabajo temporal, sanitarios, audiovisuales, juegos por dinero, actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, determinados servicios sociales --atención niños, vivienda social, apoyo a personas necesitadas--, servicios de seguridad privadas y los prestados por notarios y agentes judiciales designados por la Administración.
Los Estados miembros disponen hasta el 28 de diciembre de este año para adaptar la legislación a la directiva y, en el caso español, el Gobierno ya inició la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley sobre el libre acceso de servicios y su ejercicio, norma conocida como ley paraguas, al respecto de lo que Rueda recordó que la adaptación gallega 'depende' también de la estatal.
180.000 PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA JURÍDICA
Además, Rueda anunció que el Consello de la Xunta autorizó hoy la firma de un convenio con el Consello da Avogacía Galega en virtud del cual su departamento aportará 180.000 euros para mantener el Servicio de Orientación Xurídica (SOX).
Se trata, según explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de conselleiros, de lograr que este servicio 'funcione bien y a tiempo', puesto que se trata de un derecho 'fundamental' y de un deber de la Administración. 'Todos los ciudadanos tiene derecho a la tutela jurídica', incidió, para incidir en la necesidad de garantizar que 'todo aquel que necesite un letrado, lo tenga'.
La aportación del Gobierno autonómico, tal y como apuntó, servirá para garantizar que los abogados del denominado turno de oficio 'cobren en plazo', con el fin de 'dignificar' su trabajo. Frente a esto, recordó que a su llegada a la Consellería de Presidencia debió proceder al pago de los servicios prestados en el último cuatrimestre del año anterior.
A mayores, el titular de Presidencia indicó que el Consello de la Xunta dio luz verde a una partida de más de 682.600 euros destinada a abonar los gastos de infraestructuras de los colegios de abogados y procuradores de Galicia
Otros 70.000 euros se invertirán, a través de una colaboración plurianual, al Instituto Galego de Estatística (IGE) para la elaboración y difusión del mapa estadístico de Galicia y el norte de Portugal con el fin de dotar a la Eurorregión de 'indicadores comunes' y crear y publicar estadísticas conjuntas de carácter social y económico.
Este proyecto recibe el nombre de 'Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Portugal-Observatorio Transfronterizo' y está financiado con fondos Feder y propios, al 75 por ciento y 25 por ciento, respectivamente.
