Las cooperativas gallegas de vivienda, trabajo asociado, enseñanza o agrarias consideran oportuna la reforma de la ley autonómica que las regula, tanto por la actual situación económica como porque podría mejorar su funcionamiento en temas como el voto y la baja de los socios o su enfoque societario.
Así lo indicaron, en sendas entrevistas, los responsables de la unión gallega de cooperativas de vivienda (Ugacovi), Luis Ruano; de trabajo asociado (Ugacota), María del Mar Pernas; de Sinerxia, Ana Lorenzo, que integra enseñanza o mar; y de la asociación gallega de cooperativas agrarias (Agaca), Higinio Mougán, ante los trabajos previos y de puesta en común de las propuestas que las cooperativas están barajando para modificar la ley gallega.
En el ámbito de la vivienda, la primera y 'más importante' cuestión a tener en cuenta es el tratamiento de los socios que solicitan la baja, un aspecto que debe ser 'singular' para estas cooperativas, explicó Ruano, porque se trata de empresas con 'una vida limitada a la promoción'.
Además, la sustitución de los socios no es inmediata, alegó, por lo que consideró que la concesión de la baja debería estar condicionada a la entrada de otro socio en su lugar para evitar que, con la obra empezada, ésta se quede a medias con la baja de socios.
Las cooperativas de trabajo asociado aspiran a un refuerzo en la reforma de la ley del enfoque societario de las cooperativas sobre el laboral, pues la condición de sus trabajadores es doble -socios y empleados de empresas-.
Asimismo, explicó Pernas, son partidarias de ampliar la limitación a la contratación de personal asalariado que no es socio -que actualmente no puede superar el 30 por ciento de horas anuales de los socios de las cooperativas- y de no eliminar la condición de socio a prueba, a pesar de la antigüedad como asalariado.
En cuanto a las cooperativas de enseñanza, dado que comparten entidad con las de trabajo asociado, mantienen los mismos planteamientos, indicó Lorenzo.
Por lo que respecta a las cooperativas agrarias, una de las cuestiones más relevantes es la relativa al voto ponderado, pues el principio cooperativo establece un socio un voto, indicó Mougán.
Sin embargo y dado que existe gran cantidad de socios inactivos o semi-inactivos, los defensores del voto ponderado abogan por diferenciar entre quien arriesga su actividad económica en la cooperativa y quien no lo hace.
En cuanto al resto de propuestas, el avance en el debate sobre los cambios a incluir en la nueva norma gallega se producirá previsiblemente en la segunda semana del mes de abril, en el marco del Consejo gallego de Cooperativas, para que el sector sea conocido como fórmula alternativa para un emprendedor' que esté buscando la posibilidad de iniciar un negocio, explicó a Efe la Xunta.
Precisamente han sido los cambios en la normativa contable, que pueden alterar un poco la valoración patrimonial y el capital de las cooperativas, los que han 'precipitado' que haya que 'dar una solución' a la situación actual de las cooperativas con la reforma de la ley, alegó Lorenzo, quien se refirió también a la unión gallega de cooperativas del mar, constituida hace un mes.
El poco tiempo de vida de esta unión ha impedido que las cooperativas del mar iniciaran a fondo el análisis de la normativa que las regula, cuestión que abordarán más adelante.
Entre otros aspectos que proponen las cooperativas en la ley figuran, por parte de las de vivienda, la obligatoriedad de las auditorías a las promociones de más de 20 o 30 viviendas, pues para una pequeña el coste anual es 'excesivo', insistió Ruano.
Las cooperativas agrarias también piden que las operaciones con terceros, actualmente limitadas al 50 por ciento por actividad, sean consideradas de forma global, para que así se pueda ampliar su aplicación práctica y facilitar la competitividad en algunas áreas que ya alcanzaron ese 50 por ciento.
Por su parte, las de trabajo asociado y por ende, las de enseñanza, abogan por marcar la diferencia con otras sociedades mercantiles o de capital, eliminar el capital social mínimo de 3.000 euros para constituir una cooperativa y desviar los fondos en caso de cierre a las organizaciones representativas en lugar de hacerlo al Consejo Gallego de Cooperativas.
Según Pernas, el compromiso de uso de esos fondos es la divulgación o la formación en el cooperativismo, cuestión que también realizan las cooperativas y no sólo el Consejo.
En este sentido, el Consello de la Xunta del jueves autorizó la firma de un convenio para destinar 80.000 euros a la formación de gestores y tutores especializados en proyectos de cooperativas.
Las entidades de trabajo asociado quieren también que los socios puedan hacer una aportación de capital social superior al tercio permitido, pues tener más dinero 'no ataca el principio cooperativo de la igualdad 'un socio un voto'', y que se debata que el capital establecido como fondo propio de la cooperativa sea reembolsable.
En el ámbito de la vivienda, la primera y 'más importante' cuestión a tener en cuenta es el tratamiento de los socios que solicitan la baja, un aspecto que debe ser 'singular' para estas cooperativas, explicó Ruano, porque se trata de empresas con 'una vida limitada a la promoción'.
Además, la sustitución de los socios no es inmediata, alegó, por lo que consideró que la concesión de la baja debería estar condicionada a la entrada de otro socio en su lugar para evitar que, con la obra empezada, ésta se quede a medias con la baja de socios.
Las cooperativas de trabajo asociado aspiran a un refuerzo en la reforma de la ley del enfoque societario de las cooperativas sobre el laboral, pues la condición de sus trabajadores es doble -socios y empleados de empresas-.
Asimismo, explicó Pernas, son partidarias de ampliar la limitación a la contratación de personal asalariado que no es socio -que actualmente no puede superar el 30 por ciento de horas anuales de los socios de las cooperativas- y de no eliminar la condición de socio a prueba, a pesar de la antigüedad como asalariado.
En cuanto a las cooperativas de enseñanza, dado que comparten entidad con las de trabajo asociado, mantienen los mismos planteamientos, indicó Lorenzo.
Por lo que respecta a las cooperativas agrarias, una de las cuestiones más relevantes es la relativa al voto ponderado, pues el principio cooperativo establece un socio un voto, indicó Mougán.
Sin embargo y dado que existe gran cantidad de socios inactivos o semi-inactivos, los defensores del voto ponderado abogan por diferenciar entre quien arriesga su actividad económica en la cooperativa y quien no lo hace.
En cuanto al resto de propuestas, el avance en el debate sobre los cambios a incluir en la nueva norma gallega se producirá previsiblemente en la segunda semana del mes de abril, en el marco del Consejo gallego de Cooperativas, para que el sector sea conocido como fórmula alternativa para un emprendedor' que esté buscando la posibilidad de iniciar un negocio, explicó a Efe la Xunta.
Precisamente han sido los cambios en la normativa contable, que pueden alterar un poco la valoración patrimonial y el capital de las cooperativas, los que han 'precipitado' que haya que 'dar una solución' a la situación actual de las cooperativas con la reforma de la ley, alegó Lorenzo, quien se refirió también a la unión gallega de cooperativas del mar, constituida hace un mes.
El poco tiempo de vida de esta unión ha impedido que las cooperativas del mar iniciaran a fondo el análisis de la normativa que las regula, cuestión que abordarán más adelante.
Entre otros aspectos que proponen las cooperativas en la ley figuran, por parte de las de vivienda, la obligatoriedad de las auditorías a las promociones de más de 20 o 30 viviendas, pues para una pequeña el coste anual es 'excesivo', insistió Ruano.
Las cooperativas agrarias también piden que las operaciones con terceros, actualmente limitadas al 50 por ciento por actividad, sean consideradas de forma global, para que así se pueda ampliar su aplicación práctica y facilitar la competitividad en algunas áreas que ya alcanzaron ese 50 por ciento.
Por su parte, las de trabajo asociado y por ende, las de enseñanza, abogan por marcar la diferencia con otras sociedades mercantiles o de capital, eliminar el capital social mínimo de 3.000 euros para constituir una cooperativa y desviar los fondos en caso de cierre a las organizaciones representativas en lugar de hacerlo al Consejo Gallego de Cooperativas.
Según Pernas, el compromiso de uso de esos fondos es la divulgación o la formación en el cooperativismo, cuestión que también realizan las cooperativas y no sólo el Consejo.
En este sentido, el Consello de la Xunta del jueves autorizó la firma de un convenio para destinar 80.000 euros a la formación de gestores y tutores especializados en proyectos de cooperativas.
Las entidades de trabajo asociado quieren también que los socios puedan hacer una aportación de capital social superior al tercio permitido, pues tener más dinero 'no ataca el principio cooperativo de la igualdad 'un socio un voto'', y que se debata que el capital establecido como fondo propio de la cooperativa sea reembolsable.
