Afirma que la condena de 58 años por matar a dos homosexuales en Vigo es 'desproporcionada'

La defensa del asesino de la calle Oporto pide menos pena

Jacobo Piñeíro Rial, durante la vista de apelación en la sede del Tribunal Superior de Xustiza. (Foto: CABALAR)
La defensa de Jacobo Piñeiro Rial, condenado a 58 años de prisión por el asesinato de dos jóvenes homosexuales en la calle Oporto de Vigo en 2006, reclamó que 'revise' la pena por considerarla 'desproporcionada' a los hechos. Al respecto, el letrado de la defensa, Luis Vázquez, esgrimió sentencias más benévolas en casos que, a su juicio, presentaban más agravantes que los hechos por los que fue condenado Piñeiro, de 32 años.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acogió ayer el recurso de apelación presentado Piñeiro, que fue condenado el pasado 14 de octubre a un total de 58 años de cárcel, 20 por cada uno de los dos asesinatos y otros 18 por un delito de incendio, el de los cuerpos y la vivienda donde cometió el crimen. El letrado de la defensa, que cerró su exposición pidiendo perdón a la familia de las víctimas en nombre del condenado, dijo también que la sentencia condenatoria no está suficientemente justificada. Además, recordó la primera sentencia que absolvía a Piñeiro al tener en cuenta que actuó por 'miedo insuperable' y 'en legítima defensa'.

Los argumentos de la defensa fueron rechazados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, que incidieron en la 'falta de fundamento' del recurso y reclamaron la confirmación de la pena impuesta, tesis que avaló el abogado del Estado.

Un jurado popular consideró a Piñeiro culpable de dos delitos de asesinato y de un delito de incendio, ya que tras cometer los dos crímenes -en los que asestó 57 puñaladas a las víctimas-, prendió fuego en diferentes puntos a la vivienda donde se produjeron los hechos. Tras el asesinato de los dos jóvenes, Isaac Pérez Triviño y Julio Anderson Luciano, en julio de 2006, Piñeiro Rial confesó la autoría aunque fue exculpado en 2009 por un jurado popular de los delitos de homicidio, alegando que había actuado en legítima defensa, por lo que únicamente se le condenó por el incendio de los cuerpos y la vivienda, y se le impuso una pena de 20 años de prisión.

El TSXG decretó posteriormente la celebración de un nuevo juicio, también con jurado popular, en el que se le consideró culpable. La Fiscalía solicitaba para el acusado 60 años de prisión, mientras que la acusación particular pedía esa misma pena y 18 meses más.

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