La Agencia Tributaria analizará 'cada caso' en particular para decidir si los emigrantes retornados que no declararon correctamente sus pensiones del extranjero tienen que abonar o no una multa en función de si se ratifica que cometieron una infracción tributaria.
Así lo trasladaron fuentes de la Agencia Tributaria, después de que en los últimos días varios afectados en la comunidad denunciaran lo que consideran 'un atraco' y tras avanzar los grupos de la oposición gallega -PSdeG, BNG y AGE- que impulsarán iniciativas frente a la 'desinformación' y para que no se ejecuten las multas.
Frente al argumento empleado por algunos pensionistas de que 'no sabían que tenían' que pagar, la Agencia esgrime que hay 'un número elevado de contribuyentes' que sí declararon correctamente las pensiones obtenidas en el extranjero.
Sin embargo, también admiten que otros contribuyentes del IRPF o bien no declararon el importe de la pensión obtenida en el extranjero en la declaración que presentaron, o bien que estando obligados a presentar declaración, no lo hicieron.
Al margen de remarcar que se estudiará 'caso a caso' para determinar si hubo o no intención de defraudar y decidir, en función de este extremo, sobre posibles multas, la Agencia explicó que los contribuyentes tienen 'garantizado por ley' oponerse a los hechos que se le imputan 'aportando las pruebas que correspondan'.
Por último, incidió en que está prevista la posibilidad de que el contribuyente con 'dificultades financieras' pueda solicitar el aplazamiento o fraccionamiento' de la deuda tributaria. En el caso de que el importe adeudado a aplazar sea inferior a 18.000 euros no hay que aportar garantía.
Frente al argumento empleado por algunos pensionistas de que 'no sabían que tenían' que pagar, la Agencia esgrime que hay 'un número elevado de contribuyentes' que sí declararon correctamente las pensiones obtenidas en el extranjero.
Sin embargo, también admiten que otros contribuyentes del IRPF o bien no declararon el importe de la pensión obtenida en el extranjero en la declaración que presentaron, o bien que estando obligados a presentar declaración, no lo hicieron.
Al margen de remarcar que se estudiará 'caso a caso' para determinar si hubo o no intención de defraudar y decidir, en función de este extremo, sobre posibles multas, la Agencia explicó que los contribuyentes tienen 'garantizado por ley' oponerse a los hechos que se le imputan 'aportando las pruebas que correspondan'.
Por último, incidió en que está prevista la posibilidad de que el contribuyente con 'dificultades financieras' pueda solicitar el aplazamiento o fraccionamiento' de la deuda tributaria. En el caso de que el importe adeudado a aplazar sea inferior a 18.000 euros no hay que aportar garantía.
