El abogado de la familia Franco insiste en la usurpación de la propiedad del inmueble
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha desestimado las alegaciones complementarias de los abogados de la familia Franco sobre la propiedad del Pazo de Meirás, acerca de que los herederos han poseído como dueños "hasta hoy", de "buena fe" y "con justo título" el inmueble en el que no se han hecho inversiones a costa del erario público.
Esta mañana se ha celebrado la audiencia previa al juicio sobre la residencia de verano del dictador, ubicada en Sada (A Coruña), que en los últimos años ha protagonizado un sinfín de reclamaciones desde Galicia para que vuelva a ser integrada en los bienes del Estado.
La Abogacía del Estado y la defensa de los Franco accedieron a los juzgados con la duda certera de que no habría acuerdo, como finalmente ocurrió, por lo que el juicio sobre este caso se celebrara el próximo mes de julio.
Además de no admitir las alegaciones complementarias de los Franco, la jueza también ha desestimado la primera alegación de la Abogacía del Estado relativa a demostrar que otras administraciones, aparte del Ayuntamiento de A Coruña, aportaron dinero al mantenimiento del pazo por no ser "complementaria" y porque tenía que haberse presentando en la demanda.
La audiencia se ha prolongado durante algo más de tres horas en las que la Abogacía del Estado y los letrados de la familia Franco, además de Xunta y Ayuntamientos de A Coruña y Sada como partes personadas, han presentado sus alegaciones.
Los títulos de propiedad del pazo, la existencia de usucapión y su duración aplicable a este caso de 10 o 30 años, las fincas colindantes al pazo, los recibos abonados en su mantenimiento y los gastos relativos a la explotación agropecuaria, así como las inversiones en el inmueble, han sido los puntos en los que se han centrado dichas alegaciones.
Las intervenciones de la Abogacía del Estado, en primer lugar, y de la defensa de los Franco al final, fundamentalmente no han variado respecto a la demanda y su contestación, y se han intercambiado comentarios como "pirueta jurídica" o "impertinente" sobre sus respectivos alegatos.
Los Franco niegan que la compra de Meirás fuera "simulada y fraudulenta", como sostiene la Abogacía del Estado que dice que el título de 1941 se hizo para "subsanar una situación anterior" de 1938 con un "pago ficticio", lo que ha considerado una "pirueta jurídica" sin consistencia.
"Los herederos han poseído como dueños el pazo" y "lo han hecho "hasta hoy", ha continuado el letrado de los nietos, que ha abundado que la escritura de 1941 es "absolutamente válida" y "en ningún caso simulada" porque "quien vendió en 1941 sí podía hacerlo" mientras que en 1938 todavía no al no haberse tramitado el título sucesorio.
En este sentido, el abogado de los Franco ha dicho, sobre un vídeo del nieto mayor de Franco en el que afirma que el inmueble fue una donación del pueblo gallego, que Francis Franco "no reconoce la posesión de mala fe".
Rechaza nuevamente que el inmueble fuera un bien de dominio público -como alega la Abogacía del Estado que dice que es "imprescriptible"-, e insiste en la usucapión, por la que se reconoce la posesión del bien de forma pública e ininterrumpida durante un tiempo, con justo título y de buena fe.
"Son poseedores de mala fe del pazo", ha replicado el abogado del Estado, que asimismo ha asegurado que la documentación de las obras de rehabilitación tras el incendio en parte del inmueble es "caótica y fragmentaria, y está sin firmar", y que el importe sobre la valoración de daños de unos 800.000 euros "no está justificado" en la documentación que aportan los nietos.
Alega la defensa de los nietos de Franco que este pagaba los impuestos correspondientes -frente a la afirmación del demandante de que se pagaban con dinero público mediante aportaciones de ayuntamientos como Ferrol- y que se imputaba los gastos, ingresos y rendimientos en su cuota tributaria.
Por su parte, el abogado del Estado ha defendido además que después del año 1941 se adquirieron fincas colindantes que tampoco deben estar en manos de los Franco porque se compraron "con cargo a las aportaciones públicas de la junta Pro Pazo y de las administraciones públicas", ante lo que el abogado de los Franco ha apostillado que "no es objeto del procedimiento la validez de tales títulos" y que su prueba debería haberse incorporado a la demanda.
La Xunta y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña se han adherido a las alegaciones de la Abogacía del Estado y todos ellos han recurrido en reposición la desestimación de la primera alegación del abogado del Estado, al igual que la defensa de los Franco recurrió la inadmisión de las suyas, y finalmente protestaron unánimemente porque no se aceptaron sus recursos.
La juez ha admitido los cuatro testigos propuestos por la demandante, incluida la declaración del historiador Emilio Grandio propuesta por la Xunta, así como tres los presentados por los Franco, de manera que comparecerán desde el lunes 6 de julio y previsiblemente el jueves, o a más tardar el viernes, habrá escrito de conclusiones.
El juicio se celebrará en la primera quincena de julio de forma continuada y durará una semana.
Esta mañana se ha celebrado la audiencia previa al juicio sobre la residencia de verano del dictador, ubicada en Sada (A Coruña), que en los últimos años ha protagonizado un sinfín de reclamaciones desde Galicia para que vuelva a ser integrada en los bienes del Estado.
La Abogacía del Estado y la defensa de los Franco accedieron a los juzgados con la duda certera de que no habría acuerdo, como finalmente ocurrió, por lo que el juicio sobre este caso se celebrara el próximo mes de julio.
Además de no admitir las alegaciones complementarias de los Franco, la jueza también ha desestimado la primera alegación de la Abogacía del Estado relativa a demostrar que otras administraciones, aparte del Ayuntamiento de A Coruña, aportaron dinero al mantenimiento del pazo por no ser "complementaria" y porque tenía que haberse presentando en la demanda.
La audiencia se ha prolongado durante algo más de tres horas en las que la Abogacía del Estado y los letrados de la familia Franco, además de Xunta y Ayuntamientos de A Coruña y Sada como partes personadas, han presentado sus alegaciones.
Los títulos de propiedad del pazo, la existencia de usucapión y su duración aplicable a este caso de 10 o 30 años, las fincas colindantes al pazo, los recibos abonados en su mantenimiento y los gastos relativos a la explotación agropecuaria, así como las inversiones en el inmueble, han sido los puntos en los que se han centrado dichas alegaciones.
Las intervenciones de la Abogacía del Estado, en primer lugar, y de la defensa de los Franco al final, fundamentalmente no han variado respecto a la demanda y su contestación, y se han intercambiado comentarios como "pirueta jurídica" o "impertinente" sobre sus respectivos alegatos.
Los Franco niegan que la compra de Meirás fuera "simulada y fraudulenta", como sostiene la Abogacía del Estado que dice que el título de 1941 se hizo para "subsanar una situación anterior" de 1938 con un "pago ficticio", lo que ha considerado una "pirueta jurídica" sin consistencia.
"Los herederos han poseído como dueños el pazo" y "lo han hecho "hasta hoy", ha continuado el letrado de los nietos, que ha abundado que la escritura de 1941 es "absolutamente válida" y "en ningún caso simulada" porque "quien vendió en 1941 sí podía hacerlo" mientras que en 1938 todavía no al no haberse tramitado el título sucesorio.
En este sentido, el abogado de los Franco ha dicho, sobre un vídeo del nieto mayor de Franco en el que afirma que el inmueble fue una donación del pueblo gallego, que Francis Franco "no reconoce la posesión de mala fe".
Rechaza nuevamente que el inmueble fuera un bien de dominio público -como alega la Abogacía del Estado que dice que es "imprescriptible"-, e insiste en la usucapión, por la que se reconoce la posesión del bien de forma pública e ininterrumpida durante un tiempo, con justo título y de buena fe.
"Son poseedores de mala fe del pazo", ha replicado el abogado del Estado, que asimismo ha asegurado que la documentación de las obras de rehabilitación tras el incendio en parte del inmueble es "caótica y fragmentaria, y está sin firmar", y que el importe sobre la valoración de daños de unos 800.000 euros "no está justificado" en la documentación que aportan los nietos.
Alega la defensa de los nietos de Franco que este pagaba los impuestos correspondientes -frente a la afirmación del demandante de que se pagaban con dinero público mediante aportaciones de ayuntamientos como Ferrol- y que se imputaba los gastos, ingresos y rendimientos en su cuota tributaria.
Por su parte, el abogado del Estado ha defendido además que después del año 1941 se adquirieron fincas colindantes que tampoco deben estar en manos de los Franco porque se compraron "con cargo a las aportaciones públicas de la junta Pro Pazo y de las administraciones públicas", ante lo que el abogado de los Franco ha apostillado que "no es objeto del procedimiento la validez de tales títulos" y que su prueba debería haberse incorporado a la demanda.
La Xunta y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña se han adherido a las alegaciones de la Abogacía del Estado y todos ellos han recurrido en reposición la desestimación de la primera alegación del abogado del Estado, al igual que la defensa de los Franco recurrió la inadmisión de las suyas, y finalmente protestaron unánimemente porque no se aceptaron sus recursos.
La juez ha admitido los cuatro testigos propuestos por la demandante, incluida la declaración del historiador Emilio Grandio propuesta por la Xunta, así como tres los presentados por los Franco, de manera que comparecerán desde el lunes 6 de julio y previsiblemente el jueves, o a más tardar el viernes, habrá escrito de conclusiones.
El juicio se celebrará en la primera quincena de julio de forma continuada y durará una semana.
